Habiendo sido intentada sin que se pudiera practicar la notificación de Resolución-recurso de alzada, recaída en el expediente sancionador S-11/99, mediante carta certificada con acuse de recibo al domicilio consignado, y siendo necesario notificarle dicho trámite al ser parte interesada, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre, R. 1.992, 2.512), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Notificar a la entidad Construcciones Alcalá, S.A. la Resolución de fecha 14 de marzo de 2002, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente:
"RESUELVO: estimar el recurso de alzada formulado por Visocan, S.A. contra la Resolución de la Dirección General de Vivienda de fecha 7 de julio de 2000, anulándola por su no conformidad a Derecho, y declarar caducado el procedimiento sancionador a que se contrae el presente recurso, debiendo procederse por el órgano inferior al archivo de las actuaciones.
Este acto pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo cabe deducir recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de junio de 2002.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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