A medio del presente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la vigente Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, se procede a la notificación del requerimiento dirigido a vd. que a continuación se transcribe, toda vez que, habiendo intentado con carácter previo la notificación en su domicilio, ésta no ha sido posible:
Asunto: denuncia por la realización de canalización de la vía GC-503 (Antigua Cl.12.02, punto kilométrico 7 + 100, margen izquierdo), término municipal de San Bartolomé de Tirajana.
Por el equipo de explotación de carreteras de esta Corporación y con fecha 7 de marzo de 2001, se ha denunciado la apertura de una zanja en un tramo de aproximadamente 100 metros dentro de la zona de dominio público de la carretera, con el fin de instalar una canalización de abastecimiento, todo ello sin que conste la existencia de la oportuna autorización del titular de la vía, en el lugar indicado en el asunto epigrafiado.
Lo anterior puede constituir la infracción tipificada en el artículo 39, apartado a), de la Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias (LCC), pudiendo considerarse ésta como grave, ya que entraña daño sobre la carretera o sus elementos funcionales, pudiendo ser sancionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la LCC, con multa de doscientas cincuenta mil una (250.001) pesetas (1.502,54 euros) a dos millones (2.000.000) de pesetas (12.020,24 euros), sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del expediente.
Por ello, se le requiere de conformidad con lo establecido en el artículo 35, apartado Uno de la LCC, al objeto de que proceda a la paralización inmediata de las obras debiendo quedar las mismas correctamente señalizadas, conforme a la Norma de Carretera 8.3-I.C. sobre Señalización de Obras.
Asimismo, al tratarse de unas obras que pudieran ser legalizables, se le informa que dentro del plazo de quince (15) días, podrá presentar la solicitud de legalización acompañada de la documentación oportuna. Caso de no interesar la legalización, deberá proceder a la restitución a su estado original de toda la zona afectada bajo la supervisión de técnicos de este Área, participándole que cualquier daño que pudiera ocasionarse hasta la ejecución de lo requerido será de su exclusiva responsabilidad.
Transcurridos dichos plazos sin que se lleve a efecto lo requerido se procederá a su ejecución por parte de esta Corporación y a su costa.
Al mismo tiempo, se le informa de que dispone del plazo de diez (10) días para, dentro del trámite de audiencia, presentar las alegaciones, documentos y justificaciones que estime conveniente para sus intereses, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de julio de 2002.- La Presidenta, p.d., el Consejero del Área (Decreto nº 22, de 22.2.01), Miguel Jorge Blanco.
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