BOC - 2002/088. Viernes 28 de Junio de 2002 - 2070

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

2070 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de abril de 2002, sobre notificación de Órdenes de la Consejería a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Órdenes que figuran como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

Primera.- Orden de fecha 14 de noviembre de 2001, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Raju Atwani, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 2 de noviembre de 1999, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Raju Atwani, expediente 35-441/99, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 2 de noviembre de 1999, por la que se impone al recurrente una sanción de 80.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 2 de noviembre de 1999, del Director General de Consumo, se acuerda sancionar a D. Raju Atwani, con la imposición de una multa de 80.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.

Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 27 de abril de 1999, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 10051, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes: por los inspectores actuantes se comprueba que tenían expuestos para su venta al público 2 "tensiómetros", según manifestó el compareciente, en los etiquetados de ambos figuraban entre otros los siguientes datos en idioma extranjero, el primer modelo: "Automatic Oscilometric digital blood pressure ... MS 700", el segundo tensiómetro "Blood pressure monitor auto-inflate digital electronic ..." ambos artículos por tanto carecían de los preceptivos datos inscritos en castellano, lengua española oficial del Estado.

Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Por D. Raju Atwani se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 2 de noviembre de 1999, formulando alegaciones, las cuales constan en el expediente.

Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.

Debe tomarse en consideración que el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su finalidad y con las normas que los regulan.

Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Raju Atwani contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 2 de noviembre de 1999, por la que se impone al recurrente una sanción de 80.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 15 de noviembre de 2001.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

Segunda.- Orden de fecha 19 de noviembre de 2001, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel García Auyanet, contra la resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 29 de febrero de 2000, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel García Auyanet, expediente 35-837/99, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 29 de febrero de 2000, por la que se impone al recurrente una sanción de 40.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 29 de febrero de 2000, del Director General de Consumo, se acuerda sancionar a D. Manuel García Auyanet, con la imposición de una multa de 40.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.

Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 26 de agosto de 1999, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 10727, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes: el día 26 de agosto de 1999, inspectores de la Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Manolo Propiedad del interesado, sito en Almansa, 70, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 10727, comprobaron que carecía de hojas de reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.

Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Por D. Manuel García Auyanet se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 29 de febrero de 2000, formulando alegaciones, las cuales constan en el expediente.

Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.

En este sentido, ha de indicarse que la obligatoriedad de disponer de hojas de reclamaciones se tipifica: en Decreto Territorial 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las hojas de reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias; en el artículo 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Manuel García Auyanet contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 29 de febrero de 2000, por la que se impone al recurrente una sanción de 40.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2001.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

Tercera.- Orden del Consejero de Sanidad y Consumo de fecha 7 de noviembre de 2001, por la que se inadmite a trámite por extemporáneo el recurso de alzada interpuesto por D. Jorg Wernher Senatschke contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 21 de mayo de 1999.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Jorg Wernher Senatschke, contra la resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 21 de mayo de 1999, por la que se impone al recurrente una sanción de cien mil (100.000) pesetas, por infracción a la normativa vigente en materia de consumo y teniendo en cuenta los siguientes.

Resultando que contra la Resolución de 21 de mayo de 1999, notificada el 16 de mayo de 1999, por la representación de "Toys, RÕus, Ibérica" se interpone, con fecha 9 de septiembre de 1999, recurso de alzada.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, contado de fecha a fecha; por lo que el presente recurso ha sido presentado fuera de plazo, procediendo, por tanto, declarar su inadmisión.

Por todo ello,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la inadmisión, por extemporáneo, del recurso de alzada interpuesto por D. Jorg Wernher Senatschke, contra la resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 21 de mayo de 1999, por la que se impone al recurrente una sanción de cien mil (100.000) pesetas, por infracción a la normativa vigente en materia de consumo; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2001.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

Cuarta.- Orden de fecha 29 de octubre de 2001, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Ernesto Carrasco Gómez, en representación de "Vyca, S.C.P." contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 19 de noviembre de 1998, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Ernesto Carrasco Gómez, en representación de "Vyca, S.C.P.", expediente nº 35-570/98, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 19 de noviembre de 1998, por la que se impone al recurrente una sanción de 75.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 19 de noviembre de 1998, del Director General de Consumo, se acuerda sancionar a "Vyca, S.C.P.", con la imposición de una multa de 75.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.

Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 27 de mayo de 1998, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 8653, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes: en el establecimiento inspeccionado se comprueba que tiene expuestos para su venta al público en el interior de un mueble 9 bandejas de diferentes clases de dulces, careciendo del preceptivo marcado de venta al público.

Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Por D. Ernesto Carrasco Gómez, en representación de "Vyca, S.C.P." se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 19 de noviembre de 1998, formulando alegaciones, las cuales constan en el expediente.

Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme al artículo 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.

Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas: artº. 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero).

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Ernesto Carrasco Gómez, en representación de "Vyca, S.C.P." contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 19 de noviembre de 1998, por la que se impone al recurrente una sanción de 75.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2001.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

Quinta.- Orden de fecha 29 de octubre de 2001, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Tarun Ajwani, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 19 de noviembre de 1998, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Tarun Ajwani, expediente 35-599/98, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 19 de noviembre de 1998, por la que se impone al recurrente una sanción de 75.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 19 de noviembre de 1998, del Director General de Consumo, se acuerda sancionar a D. Tarun Ajwani, con la imposición de una multa de 75.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.

Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 2 de junio de 1998, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 8658, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes: el establecimiento titular del recurrente tenía expuestos para su venta al público relojes, cassettes, grabadoras, etc., careciendo todos los artículos de sus preceptivos precios de venta al público, de forma que fueran visibles desde el exterior.

Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Por D. Tarun Ajwani se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 19 de noviembre de 1998, formulando alegaciones, las cuales constan en el expediente.

Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.

Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas: artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Tarun Ajwani contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 19 de noviembre de 1998, por la que se impone al recurrente una sanción de 75.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2001.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

Sexta.- Orden de fecha 6 de noviembre de 2001, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Dña. Marina Padilla Fuentes, contra la resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 19 de noviembre de 1998, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por Dña. Marina Padilla Fuentes, expediente 35-639/98, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 19 de noviembre de 1998, por la que se impone al recurrente una sanción de 80.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 19 de noviembre de 1998 del Director General de Consumo se acuerda sancionar a Dña. Marina Padilla Fuentes, con la imposición de una multa de 80.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.

Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 10 de junio de 1998, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 8718, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes: el establecimiento inspeccionado tiene expuestos para su venta al público unos 10 secadores de pelo con una leyenda en inglés careciendo los etiquetados de los preceptivos datos en castellano.

Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Por Dña. Marina Padilla Fuentes se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 19 de noviembre de 1998, formulando alegaciones, las cuales constan en el expediente.

Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio.

Cuarto.- Los hechos sancionados resultan subsumibles en los tipos legales contenidos en las siguientes normas: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2, 5 y 6 del Real Decreto 7/1988, de 8 de enero (B.O.E. nº 12), que regula las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión desarrollado y complementado por la Orden del Ministerio de Industria y Energía de 6 de junio de 1989 (B.O.E nº 147), en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Marina Padilla Fuentes contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 19 de noviembre de 1998, por la que se impone al recurrente una sanción de 80.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de noviembre de 2001.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

Séptima.- Orden de fecha 13 de noviembre de 2001, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Ahmed El Madmadi, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 2 de noviembre de 1999, por imposición de sanción por infracción administrativa a la normativa en materia de consumo.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Ahmed El Madmadi, expediente 35-387/99, contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 2 de noviembre de 1999, por la que se impone al recurrente una sanción de 80.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de fecha 2 de noviembre de 1999, del Director General de Consumo, se acuerda sancionar a D. Ahmed El Madmadi, con la imposición de una multa de 80.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo.

Segundo.- La Resolución impugnada deviene de la actuación inspectora de fecha 24 de marzo de 1999, que originó el levantamiento del acta de inspección nº 9873, determinante de la incoación de procedimiento sancionador por la Dirección General de Consumo, por infringir, los hechos denunciados, la normativa sustantiva en materia de consumo. Estos hechos son los siguientes: el día 24 de marzo de 1999, inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Boutique propiedad del interesado sita en el C.C. Yumbo, local 221, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y mediante acta levantada al efecto nº 9873, comprobaron que tenían expuesto para su venta al público 2 bolsos de señora de piel, uno marrón "MCM München" y otro de color negro "Chosmoni" que carecían de su preceptivo etiquetado.

Tercero.- La Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas, junto con la propuesta de desestimación del recurso presentado.

A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Es competente para resolver el Consejero del Departamento, al tratarse de la impugnación de una resolución que no pone fin a la vía administrativa; conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la modificación introducida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Por D. Ahmed El Madmadi se interpone, en tiempo y forma, recurso de alzada contra la mencionada Resolución de fecha 2 de noviembre de 1999, formulando alegaciones, las cuales constan en el expediente.

Tercero.- Las alegaciones vertidas por el recurrente no desvirtúan la realidad de los hechos ni, consecuentemente, la calificación de las sanciones, sin que se aporte prueba alguna bastante en contrario que pueda desvirtuar la presunción de veracidad que supone el acta de inspección, conforme a los artículos 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y 17 del Real Decreto 1.945/1993, de 22 de julio. La determinación de la cuantía de la sanción impuesta por la Dirección General de Consumo se efectúa amparada en el artículo 36.1 de la citada Ley 26/1984, que permite fijar una cuantía de hasta 500.000 pesetas en las infracciones calificadas como leves dentro de cuyo margen debe actuar la discrecionalidad administrativa, debiendo atenderse en la graduación de la sanción al principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la mencionada Ley 30/1992.

No cabe en fase de concurso acordar la apertura del período de prueba solicitado, el cual se le otorgó, si lo estimaba conveniente, con el acuerdo de iniciación del presente expediente en los términos previstos en el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993.

Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley Territorial 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias; y demás disposiciones de pertinente y general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Ahmed El Madmadi contra la Resolución de la Dirección General de Consumo, de fecha 2 de noviembre de 1999, por la que se impone al recurrente una sanción de 80.000 pesetas por infracción a la normativa vigente en materia de consumo, por encontrarla aquélla conforme a derecho; confirmándola, por tanto, en todos sus extremos.

Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, indicándose que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o bien al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la circunscripción que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de noviembre de 2001.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



© Gobierno de Canarias