Habiendo sido intentada de manera infructuosa la notificación de la resolución de caducidad de fecha 7 de noviembre de 2000, dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Vivienda, perteneciente al expediente de rehabilitación de una vivienda sita en el término municipal de Frontera, Belgara, s/n, dirigido a Dña. María Cabrera Acosta, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General
R E S U E L V E:
Notificar a Dña. María Cabrera Acosta, en ignorado paradero, la resolución de fecha 7 de noviembre de 2000 dictada por el Ilmo. Sr. Director General de Vivienda, del siguiente tenor literal:
"Visto el expediente de rehabilitación protegida de vivienda promovido por Dña. María Cabrera Acosta, con D.N.I. nº 42047279-J, mediante solicitud formulada el 3 de febrero de 1995, para la realización de obras de adecuación de habitabilidad en la vivienda situada en Belgara, s/n, término municipal de Frontera; y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
1º) El expediente fue iniciado al amparo del Real Decreto 1.932/1991, de 20 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda del Plan 1992-1995, y el Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo, habiendo obtenido la Calificación Provisional de Rehabilitación el 18 de abril de 1995.
2º) Mediante escrito de fecha 31 de mayo de 2000 se requirió al solicitante para que en el plazo de diez días comunicase la terminación de las obras proyectadas, al haberse cumplido el tiempo máximo dado para la ejecución de las mismas, al objeto de proceder a su preceptiva inspección técnica y posterior concesión de la Calificación Definitiva de Rehabilitación, advirtiéndole asimismo que una vez transcurridos tres meses desde la paralización del expediente por causa imputable al interesado se produciría la caducidad del mismo, conforme a lo establecido en los artículos 76.1 y 92.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3º) Transcurrido el plazo indicado desde la notificación correspondiente sin que se haya cumplimentado dicho trámite, se produce la paralización del expediente por tiempo superior a tres meses sin que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1º) Que la petición formulada se rige por las normas previstas en el Real Decreto 1.932/1991, de 20 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda del Plan 1992-1995, el Real Decreto 726/1993, de 14 de mayo, por el que se regula la financiación de actuaciones protegibles en materia de rehabilitación de inmuebles y se modifica determinados artículos del Real Decreto 1.932/1991, de 20 de diciembre.
2º) Que la competencia para resolver la citada solicitud viene atribuida a esta Dirección General en virtud de las funciones y servicios transferidos a la Comunidad Autónoma de Canarias, según establece el Real Decreto 1.626/1984, de 1 de agosto, el Decreto 68/1986, de 18 de abril, y el Decreto 120/1987, de 7 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica y las funciones de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias.
Vistas las normas que se citan y las disposiciones complementarias de aplicación, esta Dirección General, en el uso de las atribuciones conferidas,
R E S U E L V E:
Declarar la caducidad de la Calificación Provisional de Rehabilitación concedida a Dña. María Cabrera Acosta, procediéndose al archivo de las actuaciones practicadas, de conformidad con el artículo 92.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al haber transcurrido tres meses desde la paralización del procedimiento por causa imputable al interesado.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, según establecen los artículos 114 y 115 de la susodicha Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse, en su caso."
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de marzo de 2002.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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