BOC - 2002/047. Viernes 12 de Abril de 2002 - 1068

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

1068 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de febrero de 2002, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

Descargar en formato pdf

No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/298/2001.

Responsable: Villa Calderín, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35400126.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 6 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el puesto de Frutas y Hortalizas propiedad de la interesada sito en Mercalaspalmas, nave B, puesto 32-34, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.024, comprobaron que tenían para su distribución y venta 32 cajas de pimientos verdes de unos 10 kg de peso cada una y 13 cajas de calabacines de unos 10 kg de peso cada una, que carecían en sus etiquetados de los preceptivos datos acerca de origen, variedad, denominación, categoría y calibre de estos productos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento CEE nº 79/88 de 13 de enero de 1988 (D.O.C.E. de 14 de enero de 1988), por el que se fija las normas de calidad para las lechugas, escarolas y pimientos dulces modificado por el Reglamento CEE nº 1967/1990, de 10 de julio (D.O.C.E. de 11 de julio de 1990) y el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas destinadas al mercado interior y Orden de 12 de septiembre de 1983 (B.O.E. nº 23), corrección de errores (B.O.E. de 12.10.83), por el que se aprueba la norma de calidad para pimientos frescos destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (CEE) nº 1292/1981 de la Comisión, de 12 de mayo de 1981, por el que se establecen normas de calidad para los puerros, las berenjenas y los calabacines (D.O.C.E. nº L 129, de 15 de mayo de 1981).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Villa Calderín, S.L. la sanción de multa de 50.000 pesetas, 300,51 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/285/2001.

Responsable: Maxosetel, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35605260.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Servicio Técnico propiedad de la interesada sito en León y Castillo, 43, término municipal de Puerto del Rosario; y mediante acta levantada al efecto nº 3.597 procedieron a cumplimentar reclamación respecto a una video cámara Canon modelo 4C 200 E entregada en depósito con fecha 1 de agosto de 2000 y número resguardo 19.300 y fecha prevista de entrega 21 de agosto de 2000.

Puesto en contacto telefónico con el administrador de la empresa, el mismo realizó las manifestaciones que consideró oportunas y constan en el acta, en síntesis vino a decir que no existían repuestos para este artículo y que habría que importarlos de Japón, para ello emplazó a 8 meses la llegada de los mismos.

En el mismo acto de inspección se le requirió para que en el plazo de 10 días informase a esta Dirección General en unión a un escrito referenciado la fecha y número del acta sobre las razones, motivos o circunstancias para las cuales al cliente se le dio una fecha prevista de entrega del aparato (21 de agosto de 2000) y el mismo no ha sido entregado.

El informe expresamente requerido por los servicios de inspección no ha sido presentado en el plazo al efecto señalado ni con posterioridad al mismo, tampoco se ha recibido en estas Dependencias documento o comunicación de ningún tipo que justifique, motivase o, cuando menos, hiciese referencia expresa al motivo por el cual este informe requerido no ha sido presentado a esta Dirección General.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.8 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 5º, apartado 5.1 en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Maxosetel, S.L. la sanción de multa de 100.000,00 pesetas, 601,01 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de octubre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº35/286/2001.

Responsable: Croisanterías Lanzarote, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35337674.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad de la interesada sito en Juan Bethencourt, 10, término municipal de Puerto del Rosario; y mediante acta levantada al efecto nº 3.594, comprobaron que, en una vitrina mantenedora del establecimiento tenían expuestos para su venta al público 17 bandejas con diferentes clases de pasteles y dulces y 7 bandejas con bocadillos variados. Estos productos descritos carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Croisanterías Lanzarote, S.L. la sanción de multa de 75.000,00 pesetas, 450,76 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/290/2001.

Responsable: EPA Comercio, S.A.

D.N.I. o N.I.F.: A35529635.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Thedewel Box propiedad de la interesada, sito en Coronel Bens, 1, 2º D, Aeropuerto, término municipal de Puerto del Rosario; y mediante acta levantada al efecto nº 1.021 comprobaron que, exhibía para su venta al público relojes de pulsera de la marca "Boss"en número de 20 unidades que no consignaban de forma visible sus respectivos precios de venta al público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Epa Comercio, S.A. la sanción de multa de 75.000,00 pesetas, 450,76 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de octubre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/423/2001.

Responsable: Basant Khemchand Mankani.

D.N.I. o N.I.F.: X0477976J.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Air Electronics propiedad del interesado, sito en el Centro Comercial Cita, local 63-64, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 1.257, comprobaron que, en el momento de la inspección, no tenían a disposición de los clientes las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exponían en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas.

También se comprobó que en el escaparate del establecimiento, exponían para su venta al público diversos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público. Tenían en estas condiciones: cámaras de vídeo, cámaras fotográficas, aparatos de teléfono y calculadoras.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Basant Khemchand Mankani la sanción de multa de 250.000,00 pesetas, 1.502,53 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/432/2001.

Responsable: Móvil Group, S.C.P.

D.N.I. o N.I.F.: G35590348.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección Telefonía Móvil Group propiedad de la interesada, sito en la Avenida de Canarias, 430, Doctoral, término municipal de Santa Lucía de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 1.263, comprobaron que expuestos en un escaparate del establecimiento, tenían para su venta al público diversos teléfonos móviles de distintas marcas y modelos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Móvil Group, S.C.P.la sanción de multa de 75.000,00 pesetas, 450,76 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/433/2001.

Responsable: Rosa María Abad Fernández.

D.N.I. o N.I.F.: 42830902A.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Muebles el Colchón propiedad de la interesada, sito en Autopista del Sur, km 9, Centro Comercial Hiperdino, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 1.329 comprobaron que, en el momento de la inspección carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Rosa María Abad Fernández la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/464/2001.

Responsable: Eximpore, S.A.

D.N.I. o N.I.F.: A35019546.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de abril de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Joyería Esmeralda propiedad de la interesada, sita en el Centro Comercial La Ballena, planta B, local A-24, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.496, comprobaron que tenían para su venta al público en los escaparates y vitrinas diversos artículos que no exhibían sus preceptivos marcados de precios de venta al público. Tenían en estas condiciones: anillos, gargantillas, pulseras, colgantes, piedras semi-preciosas, relojes, accesorios de plata, portarretratos y despertadores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4, del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Eximpore, S.A. la sanción de multa de 100.000,00 pesetas, 601,01 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/465/2001.

Responsable: Pessumal Mangadas Sirwani.

D.N.I. o N.I.F.: 42207535M.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de abril de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Supertec propiedad del interesado, sito en el Centro Comercial Cívico, fase IV, local 12-12, Puerto Rico, término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 1.500 procedieron a cumplimentar denuncia de la Guardia Civil, puesto de Arguineguín con número de entrada en esta Dirección General 395 de 23 de enero de 2001, que versaba acerca de la falta de visibilidad de precios en el escaparate y vitrinas del establecimiento.

Se comprobó en inspección que tenían expuestos para su venta al público diversos artículos que no exhibían sus preceptivos marcados de precios de venta al público, tenían en estas condiciones: cámaras de vídeo, máquinas de fotos, mini disk, binoculares, walkmans, máquinas de afeitar, secadores de pelo, planchas y aparatos de radio. Tenían también para su venta al público teléfonos inalámbricos marca "Panaphone" cuyos etiquetados e instrucciones figuraban en idioma extranjero careciendo de los preceptivos datos expresados en Castellano. Entre los datos más significativos de su etiquetado figuraban los siguientes: "Panaphone KX T 8810-CE Super Cord less pone intelligent security cooling system code CE."

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 5 de septiembre de 2001, manifestando en síntesis:

Que se ha fundado dicho expediente sancionador en la falta de marcado de algunos de los precios de los artículos que tiene a la venta. Artículos que son de valor considerable por eso está marcado con etiqueta de hilo, y en este caso algunas veces no son visibles.

No es práctica habitual en su empresa el no marcar los precios a sus artículos, todo lo contrario, se van revisando y actualizando a diario, según se van vendiendo y agotando incluso los que se encuentran en exposición, que fue precisamente este hecho el percatado por la actuación inspectora, ya que cuando se sacan nuevos artículos del almacén y escaparate, se les marca los precios correspondientes en un momento de tranquilidad durante la venta o pasada la hora del cierre y si por el contrario se pretende devolverlos al almacén no se les marca el precio ya que no se expondrán al público.

También existen justificantes de todas las compras de los artículos para la venta, dotados también de etiquetado y manual de instrucciones en lengua española y con el código justificante CE.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que del acta de inspección se recogen de forma clara los hechos imputados.

Desde que un artículo es expuesto debe incorporarse su correspondiente precio de venta.

Es el interesado responsable de la realización de una conducta de omisión de su diligencia debida, al poner a disposición del consumidor el artículo de referencia privándole de una información expresada en castellano, a la que tiene derecho.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Pessumal Mangadas Sirwani la sanción de multa de 300.000,00 pesetas, 1.803,04 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de noviembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

10) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/468/2001.

Responsable: Inmaculada Rodríguez Domínguez.

D.N.I. o N.I.F.: 42850569M.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de abril de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Joyería Insólito propiedad de la interesada, sita en el Centro Comercial La Ballena, planta A, local 42, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.495, comprobaron que en el escaparate y vitrinas del establecimiento tenían para su venta al público diferentes artículos que no exhibían sus preceptivos marcados de precios de venta al público, tenían en estas condiciones pendientes, anillos, gargantillas, colgantes, pulseras y relojes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4, del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Inmaculada Rodríguez Domínguez la sanción de multa de 100.000,00 pesetas, 601,01 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

11) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/471/2001.

Responsable: Ramón Rodríguez Díaz.

D.N.I. o N.I.F.: 42681299.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de abril de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Taller propiedad del interesado, sito en Lugarejo, 36, Lomo Apolinario, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.647, comprobaron que el taller carecía de la placa distintivo oficial, de las Hojas de Reclamaciones y de las preceptivas leyendas informativas acerca del precio por hora de trabajo y garantía que asiste a las reparaciones por 3 meses o 2.000 km.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º.g) y j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Ramón Rodríguez Díaz la sanción de multa de 100.000,00 pesetas, 601,01 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

12) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/473/2001.

Responsable: Deepak Sajnani.

D.N.I. o N.I.F.: X0466734H.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de abril de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Airline propiedad del interesado, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, fase III, local 2, término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 1.498 comprobaron los siguientes extremos:

El apartado de las Hojas de Reclamaciones reservado a los datos de identificación del establecimiento no estaba previa y debidamente cumplimentado.

Tenían para su venta al público diferentes modelos de mecheros en forma de teléfono móvil que carecían de cualquier tipo de etiquetado.

Tenían para su venta al público en el escaparte diferentes artículos que no exhibían sus preceptivos marcados de precios de venta al público, tenían en estas condiciones: cámaras de vídeo, máquinas de fotos, mini-discs, máquinas de afeitar, binoculares, relojes, aparatos de radio para vehículo y juegos de game-boy.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5, 6 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), y el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 11 de septiembre de 2001, manifestando en síntesis:

Que en el momento en que se levantó dicha acta se estaba colocando la nueva mercancía, por lo que pudiera ser que algunos de los objetos allí expuestos tuvieran los precios vueltos o mal colocados, pero se debía a dicha circunstancia, no habiendo voluntariedad por nuestra parte de infringir normativa alguna.

No obstante, la Ley 4/1944, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial en Canarias, en su artículo 9 apartado 2, exime de la obligación de exhibir los precios de los artículos que por su elevado valor pueda ser causa objetiva de inseguridad. No es menos cierto que el vacío reglamentario, que no legal, no debe redundar en perjuicio del administrado que es en definitiva el sufridor de los incumplimientos de la Administración.

Al ser una excepción, las Autoridades competentes deben valorar razonadamente la causa objetiva mencionada que estimamos justa y en consonancia con los derechos de los consumidores, toda vez que en establecimientos como el nuestro y sin pretender hacer demagogia, el riesgo del robo y del expolio por lo atrayente del valor de los artículos que exponemos, es una constante con la que tenemos que convivir.

Que no ha existido, por lo tanto, intención de engañar ni de vulnerar normativa alguna, estando nuestro establecimiento en cualquier caso en disposición de cumplir con la ley vigente.

Ha de tenerse en cuenta, además, que al derecho administrativo sancionador le son de aplicación los mismos principios rectores que al derecho penal, y uno de ellos y fundamental es el de culpabilidad. Es decir, no basa con un hecho típico, antijurídico y punible, sino que además ha de poder ser atribuible a título de dolo o culpa a su autor.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que las conductas infractoras son, de una parte no tener cumplimentados los datos en las hojas, carecer de etiquetado los mecheros y carecer de la preceptiva indicación del precio de venta de diferentes artículos expuesto en el escaparate.

Respecto a la obligación de indicar de forma visible los precios de los artículos expuestos en el escaparate decir que desde el momento que se decide exponer uno éste tiene que incorporar el precio.

La infracción es en materia de consumo y la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios recoge el derecho a la información del consumidor sobre el precio no establece excepciones.

El artº. 130 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece un sistema de responsabilidad aún a título de simple inobservancia.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Deepak Sajnani la sanción de multa de 300.000,00 pesetas, 1.803,04 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de noviembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

13) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/476/2001.

Responsable: Sigma, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B38225265.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de abril de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Bentex propiedad de la interesada sito en Ripoche, 13, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante actas levantadas al efecto números 1.629 y 1.630 procedieron a cumplimentar reclamación con número de registro es esta Dirección General 623 de 6 de febrero de 1997.

Puesto en contacto con el compareciente se le mostró y leyó el motivo de la reclamación interpuesta por D. Víctor M. Hernández que en líneas generales versaba acerca de un error en el encargo de un objetivo fotográfico y la no devolución a fecha 29 de marzo de 2001 de 29.000 pesetas.

El compareciente manifestó que debía de consultar el tema con su socio y solicitó un plazo para poder llegar a un entendimiento y estudiar el caso. Por ello, se le requirió para que en el plazo de 10 días presentase ante estas Dependencias, en unión a un escrito que hiciese mención al número y fecha del acta un informe del tema en el que contestase de forma explícita acerca de la voluntad o no de llegar a un acuerdo de devolución de las 29.000 pesetas y aportase otros documentos.

El informe requerido expresa y textualmente en este acta, no ha sido presentado en el plazo al efecto señalado ni con posterioridad al mismo, tampoco se ha recibido en estas Dependencias documento alguno o comunicación de ningún tipo que justificase, motivase o, cuando menos, hiciese referencia expresa al porque de la ausencia de estos documentos requeridos por los servicios de inspección.

Posteriormente se realizó inspección comprobándose que, tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público diversos artículos de distintas marcas y modelos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público, tenían en estas condiciones descritas: radio-cassettes de coche, vídeo cámaras, lentes, altavoces, amplificadores, etc.

También se comprobó que el establecimiento carecía de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 5, 8 y 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.4 y 3.3.6 y el artículo 5º, apartado 5.1 en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Sigma, S.L. la sanción de multa de 400.000,00 pesetas, 2.404,05 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

14) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/538/2001.

Responsable: Cinema Gáldar, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35493865.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de mayo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Cine Bank propiedad de la interesada, sito en Betel, 61, Lomo Los Frailes, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.879, comprobaron que, en el momento de la inspección carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Cinema Gáldar, S.L. la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de noviembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

15) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/543/2001.

Responsable: Consguerra y Exariño, S.C.P.

D.N.I. o N.I.F.: G35562925.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de junio de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Inmobiliaria La Galera propiedad de la interesada, sita en Cruz del Ovejero, 69, Tamaraceite, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.889, comprobaron que, en el momento de la inspección carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 11 de diciembre de 2001, manifestando en síntesis:

Que efectivamente en el momento de la inspección y por desconocimiento, carecíamos en nuestra oficina de venta de las hojas y del cartel anunciador.

Que inmediatamente y una vez enterados de la obligación legal de disponer de las mismas, nos personamos en la Dirección General de Consumo, retirando las Hojas de Reclamaciones.

Teniendo en cuenta el desconocimiento legal de que debíamos de disponer de Hojas de Reclamaciones y de cartel anunciador, suplicamos se ordene cerrar el expediente.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que el desconocimiento de la obligación inherente a la actividad, no le exime de su cumplimiento.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Consguerra y Exariño, S.C.P. la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

16) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/564/2001.

Responsable: Multiprecios D. Sosa, S.L.

D.N.I. o N.I.F.:B35604610.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de junio de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Galerías Multihogar propiedad de la interesada, sito en Infanta Benchara, 11, término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 1.862, comprobaron que tenían para su venta al público 14 unidades de un artículo que el compareciente manifestó eran "gomas de borrar". Cada una se componía de 12 elementos de colores llamativos, envasados en un blister, en el etiquetado se podía leer: "Papelería Muinsa" en la parte delantera y la expresión "CE conserve esta etiqueta para futuras referencias, importado por Muinsa. Carretera de Madrid, km 388. Cabeza Cortada Espinardo (Murcia) A-30532295".

Estos artículos carecían del resto de preceptivos datos que debían consignarse en sus etiquetados respecto a su composición, advertencias y riesgos previsibles, denominación del producto, características esenciales y lote de fabricación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Multiprecios D. Sosa, S.L. la sanción de multa de 60.000,00 pesetas, 360,61 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

17) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/568/2001.

Responsable: Mounir Bouteldia.

D.N.I. o N.I.F.: X1475211Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de junio de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Carnicería Tuareg propiedad del interesado, sita en Anigua, 8, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 1.904, comprobaron que tenían para su venta al público botellas de "Eau de Heurs dÕoranges 250 ml ..." cuyos etiquetados estaban impresos en idioma extranjero y carecían por tanto de los preceptivos datos consignados en castellano, lengua oficial Española Oficial del Estado. Una de estas botellas fue adjuntada al acta de inspección como muestra.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), y artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 18 del Real Decreto 1.334/1999, de 31 de julio (B.O.E. nº 202), por el que se aprueba la Norma General para el etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 10 de diciembre de 2001, manifestando en síntesis:

Tuve que abrir la puerta del local en ese momento para que realizaran la inspección, dato éste el del cierre que se puede comprobar con la fecha de baja en Hacienda que está realizada desde el día 3 de junio, es decir con anterioridad a la fecha de la inspección. Adjunto fotocopia del modelo 845 de baja de la mencionada actividad.

El simple ánimo de mi defensa, al tratarse de una inspección realizada cuando dicho local se encontraba ya cerrado de forma definitiva, y estando solamente desmontando el negocio debido a las pérdidas económicas sufridas y al cual informé de que el negocio estaba cerrado ya que me hallaba retirando toda la mercancía que en el mismo se encontraba.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el acuerdo de iniciación y en la propuesta de resolución, por cuanto que los hechos objeto de este expediente, se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección en su momento levantada y firmada por el compareciente en condición de titular del establecimiento.

Lo cierto es que en el día de la inspección, el establecimiento estaba abierto al público y en estas condiciones exponían para su venta al público unos artículos que carecían de la preceptiva información consignada en castellano; esta es la realidad que refleja el acta haciéndose constar en ella como única observación del propietario la tenencia en su casa de la factura de adquisición del artículo objeto de la infracción.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expresados y el interesado es responsable en su comisión en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Mounir Bouteldia la sanción de multa de 80.000,00 pesetas, 480,81 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de enero de 2002.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de febrero de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



© Gobierno de Canarias