Intentada la notificación de la resolución que más adelante se transcribe, en el domicilio de la interesada, que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la presente.
"Orden del Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica por la que se resuelve el expediente sancionador incoado por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 17 de septiembre de 2001, contra Dña. Marion Dorothea Crist por la comisión de una infracción grave prevista y tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.
Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación para la resolución del procedimiento sancionador al que se ha hecho expresa referencia en el encabezado de la presente.
Vista la propuesta formulada por la nombrada Dirección General.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 9 de marzo de 2000 y bajo el número de registro 3.639, tuvo entrada, en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, denuncia formulada por el SEPRONA de la Guardia Civil (Ref: JFBB/jcr y nº 834), mediante la que el citado Centro directivo tuvo conocimiento de lo siguiente:
Que, el día 9 de diciembre de 1999, se observó que Dña. Marion Dorothea Crist, con domicilio en la calle Juan Gopar, 42, término municipal de Tuineje, tenía en su terreno unos 20 perros de raza mestiza. Dichos animales se encontraban en malas condiciones higiénico-sanitarias, así como varios atados con cuerdas que no le daban movilidad alguna, presentando alguno de los perros síntomas evidentes de mala nutrición.
Segundo.- Por la nombrada Dirección General se remitió escrito al Ayuntamiento de Tuineje, con fecha 31 de marzo de 2000 y nº 3.989 de registro de salida, requiriéndole la incoación del correspondiente expediente sancionador en el plazo de un mes a partir de la recepción de aquél; plazo, el referido, que transcurrió holgadamente sin que por la nombrada entidad local se hubiera procedido a ello, según resulta de las actuaciones obrantes en el presente expediente.
Tercero.- Previo informe emitido por la Dirección de Ganadería, el cual tuvo entrada en la Dirección de Administración Territorial y Gobernación el 9 de marzo de 2000, bajo el nº 3.639, con fecha 17 de septiembre de 2001, fue dictada por esta última Resolución de inicio del presente expediente, dando traslado de la misma a Dña. Marion Dorothea Crist, quien no formuló alegaciones ni presentó documentos en defensa de sus derechos en el plazo que al efecto le fue conferido en la citada Resolución.
Cuarto.- A la vista de lo anterior, con fecha 16 de noviembre de 2001, por el Instructor del expediente fue dictada la oportuna propuesta de resolución del procedimiento de su razón.
Quinto.- Notificada que le fue la expresada propuesta de resolución a la inculpada, ésta no formuló alegaciones ni presentó documento alguno en defensa de sus derechos en el plazo que al efecto le fue conferido en la misma.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- Se declara probado que, el día 9 de diciembre de 1999, en un terreno propiedad de Dña. Marion Dorothea Crist, sito en el paraje conocido por Juan Gopar, término municipal de Tuineje (Fuerteventura), se encontraban veinte perros de raza mestiza, con síntomas evidentes de mala nutrición y varios de ellos atados con cuerdas que impedían su movilidad.
La realidad de dichos hechos ha resultado acreditada mediante acta, formalizada en documento público con observancia de los requisitos legales pertinentes por funcionarios del Seprona de la Guardia Civil, que obra en el expediente.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 137.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 17.5 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y reiterada Jurisprudencia sobre la materia, dicha acta constituye por sí sola, prueba de cargo suficiente para sancionar a la nombrada inculpada, al no haber sido desvirtuada la realidad de los hechos imputados.
II.- Los referidos hechos declarados probados son constitutivos de una infracción grave, tipificada en el artº. 24.2, letra a), de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, según el cual se considera como tal el mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica de los cuidados y atenciones precisas, según especie y raza.
III.- De conformidad con lo dispuesto en el artº. 26 de la invocada Ley de Protección de los Animales y artº. 131.3 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, corresponde sancionar a la nombrada inculpada por la comisión de dicha infracción con multa de 25.001 pesetas (150,26 euros), al no apreciarse la concurrencia de circunstancia alguna que exija su imposición en grado superior.
IV.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución se refiere, la misma viene atribuida al Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12, letra d), del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, en relación con lo previsto en el artº. 72.b) del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Protección de los animales y se desarrollan otros aspectos relacionados con los mismos.
Visto lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,
R E S U E L V O:
1º) Sancionar a Dña. Marion Dorothea Crist, cuyas restantes circunstancias personales ya constan acreditadas en el expediente, con multa de veinticinco mil una (25.001) pesetas (150,26 euros), por la comisión de una infracción grave prevista y tipificada en el artº. 24.2, letra a), de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.
Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazo que determine la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
2º) Notificar la presente a la interesada.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor de la misma, o bien, a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de febrero de 2002.- El Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica."
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de abril de 2002.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
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