BOC - 2002/042. Martes 2 de Abril de 2002 - 959

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

959 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de enero de 2002, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, la Resolución recaída en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/332/2001.

RESPONSABLE: Carmen Jiménez Santana.

D.N.I. o N.I.F.: 43245027J.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Comercio de Víveres, propiedad de Dña. Carmen Jiménez Santana, sito en la calle Palafox, 34, Lomo Britos, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 1.112, comprobaron que en el momento de la inspección, carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 31 de julio de 2001, la interesada presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

En el momento de la inspección se reconoce por mi parte la falta de las Hojas de Reclamación y del cartel anunciador por el desconocimiento de su obligatoriedad y así figura en el acta levantada. Además concurre una situación familiar grave como consecuencia de la enfermedad de mi padre por un largo período de tiempo y que aún continúa, que me ha impedido ocuparme de todos los asuntos relacionados con la tienda.

Que con fecha 16 de febrero, es decir, dos días después de la inspección realizada, se retira de la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Muy Ilustre Ayuntamiento de Telde, Hojas de Reclamación del nº 717396 al nº 717406 y el cartel anunciador de éstas.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, constatados y admitidos los hechos objeto de este expediente los mismos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales descritos y la interesada responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto privando al consumidor de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y de la necesaria información que debe facilitar sobre su existencia.

No obstante, previo análisis de las circunstancias y en aras al principio de proporcionalidad, acordamos reducir la cuantía de la sanción inicialmente propuesta quedando la misma establecida en la cantidad de 20.000 pesetas.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Carmen Jiménez Santana la sanción de multa de 20.000 pesetas, 120,20 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/333/2001.

RESPONSABLE: Carpidemo, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35509454.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carpintería de Madera, propiedad de Carpidemo, S.L., sito en la Carretera de los Picos, 13, El Ejido, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 1.113, comprobaron que en el momento de la inspección, carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Carpidemo, S.L. la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/336/2001.

RESPONSABLE: Francisco Hernández Castellano.

D.N.I. o N.I.F.: 44323346T.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Dulcería Lomo Los Frailes, propiedad de D. Francisco Hernández Castellano, sito en la calle Betania, 5, Lomo Los Frailes, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.044, comprobaron que en el momento de la inspección, no tenían a disposición de los clientes las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exponían en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas.

También comprobaron que tenían para su venta al público 4 yogures marca "Celgán", cuyas fechas de caducidad era 13 de febrero de 2001 y 5 yogures de la misma marca con fecha de caducidad el 14 de febrero de 2001.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 2 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con los artículos 14.6 y 18 del Real Decreto 381/1984, de 25 de enero (B.O.E. nº 49), que aprueba la R.T.S. del Comercio minorista de alimentación, en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 2 de agosto de 2001, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Respecto a los hechos imputados he de manifestar en mi descargo que no estoy en absoluto de acuerdo con los mismos, por cuanto en primer lugar, es incierto que careciera de Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de las mismas, los cuales se encuentran en una estantería que consta además de una vitrina en la que se ve perfectamente el citado cartel.

Respecto a los yogures he de manifestar que es totalmente injusto que se me impute que se encontraban a la venta al público, toda vez que mi establecimiento es una dulcería, en la que se despacha al público a través de un mostrador, no es un establecimiento donde los clientes se sirven, encontrándose los citados yogures por dentro del mostrador, concretamente en un extremo del refrigerador donde se apartan, para que el proveedor los retire, constándole al inspector que no se encontraban a la venta al público.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, los hechos objeto de este expediente, se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección en su momento levantada y firmada por el compareciente.

El acta no deja lugar a dudas acerca de la no disponibilidad de las Hojas de Reclamaciones ni de la falta de exhibición del cartel que anuncia su existencia en el momento de la inspección.

Respecto a los yogures pasados de fecha, la propia textualidad del acta indica de igual manera y de forma expresa su disposición para la venta al público en un mantenedor de frío.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expresados y el interesado es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Francisco Hernández Castellano la sanción de multa de 60.000,00 pesetas, 360,61 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/339/2001.

RESPONSABLE: Bárbara González Sosa.

D.N.I. o N.I.F.: 42871612A.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Betania, propiedad de Dña. Bárbara González Sosa, sito en la calle Betania, 41, Lomo Los Frailes, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.043, comprobaron que tenían expuestos para su venta al público diversos artículos de decoración tales como figuras de porcelana, portarretratos, jarrones, ceniceros y otros sin marcado de precios visibles al público, tal y como es preceptivo.

También tenían para su venta al público sin sus precios visibles al público en un mostrador golosinas de distintas formas y colores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Bárbara González Sosa la sanción de multa de 50.000,00 pesetas, 300,51 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/341/2001.

RESPONSABLE: Ferretería Germán Medina, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35099506.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Ferretería, propiedad de Ferretería Germán Medina, S.L., sito en la calle Jara, Polígono Industrial Arinaga, parcela 11, Manzana 22, término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 1.121, comprobaron que en el momento de la inspección carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1 y 2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 27 de julio de 2001, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Que reconocemos que en ese preciso momento no estaban expuestas las Hojas de Reclamación originales, sino fotocopias de las mismas.

Que tan pronto terminó la visita de los Inspectores el jefe de ventas de nuestro establecimiento se puso en contacto con la Administración principal y le contó lo sucedido, haciendo ésta llegar de inmediato las Hojas de Reclamación y exponerlas al público.

Que simplemente se trató de un despiste interno sin mala fe, que esta administración tratará de que no vuelva a ocurrir.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, los hechos objeto de expediente se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección, en su momento levantada y firmada por el compareciente en condición de encargado del establecimiento.

El acta no habla en ningún momento de fotocopias de las hojas o algo parecido sino que simplemente refleja la solicitud de las mismas, en el momento de la inspección y la indisponibilidad de las mismas, habida cuenta que el compareciente manifestó no tenerlas.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expresados y la interesada es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto privando al consumidor del legítimo derecho a reclamar a través de los medios legalmente establecidos para ello.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Ferretería Germán Medina, S.L. la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/342/2001.

RESPONSABLE: Hija de Juan Santana Perera, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35068709.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carnicería Juan Santana, propiedad de Hija de Juan Santana Perera, S.L., sito en la calle Laurel, esquina Vinca, Polígono Arinaga, término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 1.120, comprobaron que carecían de los preceptivos murales fotográficos de las distintas piezas de la canal de la que procede la carne de vacuno y porcino que tenían para su venta al público.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artº. 3, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Resolución de la Dirección General de Comercio Alimentario de 7 de julio de 1975 (B.O.E. nº 165).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 31 de julio de 2001, la interesada presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

La persona responsable de la instalación de estos murales, al día siguiente a la visita de los Sres. Inspectores había hecho llegar las mismas a su lugar en la instalación de Arinaga. Nosotros pedimos que por favor volvieran al día siguiente para que verificaran este extremo, pero no volvieron, no tuvimos por tanto, el beneficio de atender este lapsus.

Cuando se hacen instalaciones tan importantes por el volumen de metros, algún detalle te puede quedar fuera y éste fue este caso, en todas nuestras instalaciones están las láminas, pero aquí ocurrió que la persona que debía de ocuparse de esto fue despedido y en su marcha no trasladó este encargo a nadie.

Lo cierto, es que las láminas estaban enmarcadas y solo listas para colgar en la empresa que encargamos los trabajos, pero no se había ido a retirarlas, sentimos haber cometido este error y pedimos por nuestra trayectoria de respecto a las normas y compromiso con el servicio al consumo nos eximan en esta ocasión de esta sanción.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que lo cierto y objetivo es que, en el momento de la inspección y tal y como refleja el acta levantada y firmada, el establecimiento no exhibía los preceptivos murales fotográficos de las distintas piezas que integran la canal, este extremo es de obligado cumplimiento como garantía de información mínimo que debe recibir el consumidor.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expresados y la interesada es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Hija de Juan Santana Perera, S.L. la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/343/2001.

RESPONSABLE: David López Pérez.

D.N.I. o N.I.F.: 43287298X.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carpintería Metálica, propiedad de D. David López Pérez, sito en la calle Vinca, Polígono Industrial Arinaga, Fase III, Manzana 28, término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 1.119, comprobaron que en el momento de la inspección carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a David López Pérez la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/345/2001.

RESPONSABLE: Frutas y Verduras Gutiérrez, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35353218.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Mayorista de Frutas y Hortalizas, propiedad de Frutas y Verduras Gutiérrez, S.L., sito en el Polígono Industrial Arinaga, Fase 3ª, Morera, 24, término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 1.116, comprobaron que tenían para su distribución y venta 40 cajas de calabacinos, 42 cajas de limones y 20 cajas de tomates, todas ellas carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/1989 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11 de abril de 1989), y con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento CEE nº 778/1983 de 30 de marzo de 1983 (nº L 86/14, de 31 de marzo de 1983), por el que se establecen normas de calidad para los tomates y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17) corrección de errores (B.O.E. de 18 de enero de 1986), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (C.E.E.) nº 1.292/1981 de la Comisión, de 12 de mayo de 1981, por el que se establecen normas de calidad para los puerros, las berenjenas y los calabacines (D.O.C.E. nº L 129, de 15 de mayo de 1981).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Frutas y Verduras Gutiérrez, S.L. la sanción de multa de 50.000,00 pesetas, 300,51 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/360/2001.

RESPONSABLE: Prakash Shamnani.

D.N.I. o N.I.F.: X00919201Y.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Tokio, propiedad de D. Prakash Shamnani, sito en el Centro Comercial Europa, local 38 B, Puerto Rico, término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 1.156, procedieron a atender denuncia nº 6.019 de la Guardia Civil, puesto de Arguineguín que versaba acerca de la falta de precios visibles al público en el escaparate y vitrinas del establecimiento.

Comprobaron que tenían para su venta al público unas 18 cámaras de fotografiar, 4 radiocasetes y unos 81 relojes de pulsera de hombre y mujer que no exhibían de forma visible, tal y como es preceptivo el precio de venta al público.

En una de las vitrinas exteriores del establecimiento tenían para su venta al público pequeños aparatos de televisión, radios, radio-casetes, radios para navegación y unas 35 gafas de sol, en toda la vitrina citada solamente se consignaban tres precios que se correspondían a 3 artículos marcados de forma visible: un radio-casete, una radio y un aparato de T.V.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Prakash Shamnani la sanción de multa de 250.000,00 pesetas, 1.502,53 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

10) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/363/2001.

RESPONSABLE: Shewakramani Deepak Devji.

D.N.I. o N.I.F.: X0743815H.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 21 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Master, propiedad de Shewakramani Deepak Devji, sito en el Centro Comercial Cívico, Fase II, local 1061, Puerto Rico, término municipal de Mogán; y mediante acta levantada al efecto nº 1.154, procedieron a atender la denuncia de la Guardia Civil, puesto de Arguineguín nº 6.011, de 20 de diciembre de 2000, que versaba acerca de la carencia de precios de venta al público visibles en el establecimiento, tanto en sus escaparates como en sus vitrinas.

Se comprobó que en el escaparate tenían para su venta al público diversos artículos que no exhibían de forma y manera visible sus correspondientes precios de venta al público, tal y como es preceptivo.

También en estas condiciones descritas unas 40 cámaras de vídeo, 40 cámaras de fotos de las cuales sólo se consignaba el precio de 3 modelos determinados, 15 CD Players que consignaban un solo precio correspondiente a uno de los modelos, unos 20 "Mini disc player" con un único precio expuesto, máquinas de afeitar, radio casetes, binoculares, etc.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 25 de julio de 2001, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Que se estima no ajustado a Derecho el mencionado acto, así como la subsiguiente sanción.

Nos había entrado una gran cantidad de mercancía y la estábamos colocando en los escaparates exteriores para a continuación marcar los precios de los diversos artículos, ésta es la causa por la cual estaban algunos sin marcar.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, lo cierto y objetivo es que, en el momento de la inspección y tal y como refleja inequívocamente el acta levantada y firmada, tenían para su venta al público diversos artículos detallados en el Acuerdo de iniciación, que no exhibían sus respectivos precios de venta al público.

La normativa al respecto exige la consignación de precios de venta al público de forma visible en los artículos y productos ofertados como garantía mínima del consumidor a ser informado sobre las características esenciales de estos.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales referidos y el interesado es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Shewakramani Deepak Devji la sanción de multa de 250.000,00 pesetas, 1.502,53 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

11) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/364/2001.

RESPONSABLE: Francisco Sosa Hernández.

D.N.I. o N.I.F.: 42627024.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de febrero de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Puesto de frutos secos y frutas, propiedad de D. Francisco Sosa Hernández, sito en el Mercado Municipal, Puesto 5-6A, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 3.736, comprobaron que tenían para su venta al público naranjas, tomates, ciruelas, uvas y nectarinas que carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización que indicasen la denominación, origen, variedad, calibre y categoría de estos productos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el anexo II del Reglamento (C.E.E.) nº 920/1989 de la Comisión, de 10 de abril de 1989, por el que se establecen normas de calidad para las zanahorias, los cítricos y las manzanas y peras de mesa (D.O.C.E. nº L 97, de 11 de abril de 1989), y con el artº. 7 del Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de septiembre de 1972 (B.O.E. nº 218), que aprueba la norma de calidad de naranjas y otros agrios destinados al mercado interior, en concordancia con el Reglamento CEE nº 778/1983 de 30 de marzo de 1983 (nº L 86/14, de 31 de marzo de 1983), por el que se establecen normas de calidad para los tomates y Orden de 10 de diciembre de 1985 (B.O.E. de 17) corrección de errores (B.O.E. de 18 de enero de 1986), que aprueba la norma de calidad para tomates frescos destinados al mercado interior, y con la Orden de la Presidencia del Gobierno de 10 de febrero 1984 (B.O.E. de 17), que regula la Norma de Calidad para las ciruelas destinadas al mercado interior, en concordancia con el Reglamento (CEE) nº 1.730/1987 de la Comisión, de 22 de junio de 1987, por el que se establecen las normas de calidad para la uva de mesa (D.O.C.E. nº L 163, de 23 de junio de 1987) modificado por el Reglamento (CEE) nº 93/1991 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 11, de 16 de enero de 1991), el Reglamento (CEE) nº 291/1992 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 31, de 7 de febrero de 1992) y el Reglamento (CEE) nº 1.675/1992 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 176, de 30 de junio de 1992), en concordancia con el Reglamento (CEE) nº 3.596/1990 de la Comisión, de 12 de diciembre de 1990, por el que se establecen normas de calidad para los melocotones y las nectarinas (D.O.C.E. nº L 350, de 14 de diciembre de 1990) modificado por el Reglamento (CEE) nº 1.107/1991 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 110, de 1 de mayo) y por el Reglamento (CEE) nº 1.169/1993 de la Comisión (D.O.C.E. nº L 118, de 14 de mayo de 1993).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Francisco Sosa Hernández la sanción de multa de 50.000,00 pesetas, 300,51 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

12) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/385/2001.

RESPONSABLE: Lucas Manfredini.

D.N.I. o N.I.F.: X2063919Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Play Games, propiedad de D. Lucas Manfredini, sito en la calle Almirante Boado Endeiza, 8, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 1.201, comprobaron que en el momento de la inspección, carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el día 17 de agosto de 2001, el interesado presentó escrito de alegaciones manifestando, en síntesis, lo siguiente:

Que las Hojas de Reclamación estaban en la tienda pero situadas en un lugar no habitual debido al hecho de que la tienda está en fase de traslado.

Se produce, alegato a la presente, fotocopia de las Hojas de Reclamaciones presentes en la tienda, del nº 0493491 al nº 0493500 y del cartel anunciador que se había caído detrás de una estantería.

Además copia de la carta enviada el 8 de marzo de 2001.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y Propuesta de Resolución, por cuanto que, los hechos objeto de este expediente se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección en su momento levantada y firmada por el compareciente en condición de titular del establecimiento.

Lo cierto es que, en el momento de la inspección, no se tenía a disposición de los consumidores las Hojas de Reclamaciones ni se exhibía su cartel anunciador, ambos extremos son obligaciones legales que deben ser observados en todo momento y circunstancia.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales referidos y el interesado es responsable en su comisión, en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Lucas Manfredini la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de agosto de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

13) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/375/2001.

RESPONSABLE: Difa Boutique del Pan, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35542182.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Difa, propiedad de Difa Boutique del Pan, S.L., sito en la calle Juliano Bonny, 10, término municipal de Ingenio; y mediante acta levantada al efecto nº 1.145, comprobaron que en el momento de la inspección, carecían de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de la existencia de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Difa Boutique del Pan, S.L. la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

14) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/382/2001.

RESPONSABLE: Magarlanz, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35353127.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Sosa, propiedad de Magarlanz, S.L., sito en la calle Alisios, 52, Playa Honda, término municipal de San Bartolomé; y mediante acta levantada al efecto nº 1.208, comprobaron que tenían para su venta al público 10 juguetes cuyos etiquetados figuraban impresos en idioma extranjero y carecían, por tanto, de los preceptivos datos expresados en castellano, lengua española oficial del Estado.

Entre los datos más relevantes de sus etiquetados figuraban los siguientes: "Atlur buterimon ... play instruction made in China ... warning choking hazord small parts not for children under 3 years ... Digimon adverture 2000".

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueba las normas de seguridad de los juguetes y en relación con el artº. 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Magarlanz, S.L. la sanción de multa de 80.000,00 pesetas, 480,81 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de septiembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

15) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/383/2001.

RESPONSABLE: World Bike Lanzarote, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35549682.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Ciclo Manía, propiedad de World Bike Lanzarote, S.L., sito en la calle Almirante Boado Endeiza, 9, término municipal de Arrecife; y mediante acta levantada al efecto nº 1.150, comprobaron que tenían para su venta al público 40 patinetes cuyos etiquetados figuraban impresos en idioma extranjero y carecían, por tanto, de los preceptivos datos expresados en castellano acerca de la identificación de fabricante o importador, instrucciones de uso, mantenimiento y montaje y advertencias y riesgos previsibles.

Entre los datos más significativos de sus etiquetados figuraban los siguientes: "Minguna Extreme Rapid hero factures front wheeles superior provide confortable glide aluminum ...".

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 21 de agosto de 2001, manifestando en síntesis:

Como norma general, los patines que se encuentran en nuestros establecimientos para su venta al público tienen en el interior de las cajas en las que se venden, una hoja en castellano en las que vienen perfectamente explicadas las instrucciones de uso, mantenimiento y montaje, así como las advertencias y riesgos previsibles. El fabricante se encuentra también reflejado en el exterior de la caja.

Por tanto, ruego se tenga en consideración estas alegaciones para la resolución del expediente.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que los hechos objeto de este expediente, se recogen de forma clara y objetiva en el acta de inspección en su momento levantada y firmada por el compareciente en condición de socio.

Lo cierto es que en el momento de la inspección, se exponían para su venta al público 40 patinetas que carecían de una información esencial que el consumidor debe recibir en castellano, según obliga la normativa y de forma y manera que estos datos sean recibidos con eficacia y suficiencia.

Estos hechos son constitutivos de infracción administrativa en los términos legales expuestos y la interesada es responsable en su comisión en tanto y cuanto ha omitido la debida diligencia exigible en la observancia de la legalidad al respecto.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a World Bike Lanzarote, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas, 601,01 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

16) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/407/2001.

RESPONSABLE: Dhanwani Ramesh Gianchand.

D.N.I. o N.I.F.: X238308M.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Cleopatra, propiedad de D. Dhanwani Ramesh Gianchand, sito en la calle Limones, 88, Playa Blanca, término municipal de Yaiza; y mediante acta levantada al efecto nº 1.236 procedieron a diligenciar reclamación con número de registro de entrada en esta Dirección General 5.833, de 12 de diciembre de 2000 presentada por Dña. Nieves Marcos, el compareciente realizó al respecto las alegaciones que consideró oportunas y constan en el acta, posteriormente se realizó visita de inspección y comprobaron que, tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público diferentes artículos de distintas marcas y modelos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.

Tenían en estas condiciones descritas: vídeo cámaras, radios, radiocasetes, cámaras fotográficas, binoculares, relojes, walkmans, compacts, mecheros, rollos, pilas, calculadoras, agendas, máquinas de afeitar, secadores, etc.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Dhanwani Ramesh Gianchand la sanción de multa de 350.000 pesetas, 2.103,54 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

17) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/499/2001.

RESPONSABLE: Domingo Santana Mejías.

D.N.I. o N.I.F.: 43659868A.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de mayo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el taller, propiedad de D. Domingo Santana Mejías, sito en la calle José Barrera Segura, 23, El Calero, término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 1.823, comprobaron que en el momento de la inspección, el taller carecía de la placa distintivo oficial, de las Hojas de Reclamaciones y de las preceptivas leyendas indicativas del precio por hora de trabajo y garantía que asiste a las reparaciones por 3 meses o 2.000 km.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º, 17º y 19º.g) y j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Domingo Santana Mejías la sanción de multa de 100.000,00 pesetas, 601,01 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

18) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/512/2001.

RESPONSABLE: Supermercados Bolaños, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35329077.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de mayo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Bolaños, propiedad de Supermercados Bolaños, S.L., sito en la calle, 6, Polígono Industrial de Arinaga, término municipal de Agüimes; y mediante actas levantadas al efecto números 1.684 y 1.685 comprobaron que en el mantenedor de la pescadería tenían para su venta al público unas 15 especies diferentes de pescado, tales como burros, corvinas, chernes y samas cuyos etiquetados únicamente consignaban los datos relativos a su nombre comercial y precio por kilogramo careciendo de los preceptivos datos relativos a su país de origen, categoría de calibre, categoría de frescura y fecha de determinación de la misma, forma de obtención, modo de presentación y tratamiento, nombre científico de la especie y número de autorización oficial del expedidor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 30 del Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201), por el que se aprueba la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, modificada por el Real Decreto 645/1989, de 19 de mayo (B.O.E. nº 140), en concordancia con el Real Decreto 331/1999, de 26 de febrero, sobre normalización y tipificación de los productos frescos, refrigerados o cocidos de la pesca marítima y Capítulo IV del Real Decreto 1.334/1999, de 31 de julio (B.O.E. nº 202), por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Supermercados Bolaños, S.L. la sanción de multa de 100.000,00 pesetas, 601,01 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de noviembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

19) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/513/2001.

RESPONSABLE: Gerhard Bernhara Babista.

D.N.I. o N.I.F.: X0606189R.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de mayo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el taller, propiedad de D. Gerhard Bernhara Babista, sito en la calle Arce, fase II, parcela 7, manzana 2, Polígono de Arinaga, término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 1.686, procedieron a diligenciar reclamación con número de registro de entrada en esta Dirección General 1.841, de 26 de abril de 2000, que versaba en líneas generales acerca de la devolución de 74.000 pesetas, como importe de la reparación efectuada en otro taller al no arreglarle el vehículo en el taller de referencia.

El compareciente manifestó que no está dispuesto a esta devolución, que no repara el motor del coche objeto de reclamación, que no reconoce los hechos denunciados por el reclamante y que la firma del resguardo de depósito adjuntado a la reclamación no la reconoce como propia.

Se comprobó posteriormente en inspección que el taller no exhibía en su fachada, tal y como es preceptivo la placa distintivo oficial y que el apartado informativo reservado a la consignación del precio cobrado por la estancia del vehículo estaba en blanco o no rellenado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34, apartados 6 y 10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6º, 12º y 19º.j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Gerhard Bernhara Babista la sanción de multa de 100.000,00 pesetas, 601,01 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de noviembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

20) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/515/2001.

RESPONSABLE: Gestiones y Promociones Arinaga Playa, S.L.

D.N.I. o N.I.F.: B35586981.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de mayo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Inmobiliaria Playa, propiedad de Gestiones y Promociones Arinaga Playa, S.L., sito en la calle Alcalá Galiano, 20, Arinaga, término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 1.688, procedieron a cumplimentar denuncia/reclamación con número de registro de entrada en esta Dirección General 1.506, de 19 de marzo de 2001, que versaba acerca de la negativa del establecimiento a facilitar las Hojas de Reclamaciones a una cliente en fecha 18 de enero de 2001.

El compareciente en la inspección reconoce la indisponibilidad de las Hojas de Reclamaciones en el día que acaecieron los hechos denunciados, tal y como consta en el informe de la policía local de Agüimes levantado ese día.

En la inspección se comprobó que el apartado de las Hojas de Reclamaciones reservado a los datos de identificación del establecimiento no estaba previa y debidamente cumplimentado tal y como es preceptivo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Gestiones y Promociones Arinaga Playa, S.L. la sanción de multa de 40.000,00 pesetas, 240,40 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de noviembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

21) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/518/2001.

RESPONSABLE: Frutanisa.

D.N.I. o N.I.F.: A35064013.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de mayo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Frutanisa, propiedad de Frutanisa, sito en Mercalaspalmas, Nave A, Puesto 22-24, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 1.690, comprobaron que en el momento de la inspección, tenían para su distribución y venta 7 cajas de limones de unos 15 kg de peso cada una que carecían de sus preceptivos etiquetados de normalización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Frutanisa la sanción de multa de 50.000,00 pesetas, 300,51 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de noviembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

22) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/395/2001.

RESPONSABLE: Devnani Kamu Lachmandas.

D.N.I. o N.I.F.: X1366827Y.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 7 de marzo de 2001, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Foto Deepika, propiedad de D. Devnani Kamu Lachmandas, sito en el Centro Comercial Cita, local 14-48, término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 3.743, comprobaron que en el escaparate del establecimiento, tenían expuestos para su venta al público distintos artículos que carecían de sus preceptivos marcados de precios de venta al público.

Tenían en las condiciones descritas: aparatos de radio, máquinas de afeitar, vídeo cámaras, máquinas y material de fotografía, binoculares, relojes, secadores y cartuchos de juegos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 2, 13 y 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de los precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311, de 28 de diciembre), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Devnani Kamu Lachmandas la sanción de multa de 250.000,00 pesetas, 1.502,53 euros.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de diciembre de 2001.- El Director General de Consumo.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 2002.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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