El artículo 14.3 de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2002, establece:
"Las modificaciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, sometidas al régimen presupuestario, se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley para los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y a la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dichas modificaciones se tramitarán por el departamento del que dependan los organismos proponentes".
El apartado 1 del artículo 14 de la citada Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2002, atribuye a los titulares de la Consejería la competencia para la autorización de ampliación de créditos que ampara gastos de personal.
El artículo 14 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, establece que la Presidencia de la Asamblea (órgano superior de la dirección de la Agencia) corresponderá al Consejero del Gobierno de Canarias al que se adscriba la Agencia en las disposiciones orgánicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
El artículo 2.2 del Decreto 89/2000, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, establece que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, está adscrita a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente.
El artículo 3 del Decreto 165/2000, de 24 de julio, por el que se aprueban las normas provisionales para la puesta en funcionamiento de la Asamblea de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, señala que actuará como Presidente de la misma el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente.
Dado que los expedientes de ampliación de créditos conllevan un conjunto de trámites que puedan acarrear retrasos innecesarios en la gestión de las nóminas de personal, se estima oportuno, por razones de índole técnico, delegar en el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la competencia para autorizar la ampliación de créditos de la citada naturaleza.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de la Administración Pública de Canarias,
D I S P O N G O:
Delegar en el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la competencia para autorizar la ampliación de créditos que amparen gastos de personal que se relaciona a continuación:
1º) Las cuotas de la Seguridad Social, así como la aportación de la Comunidad al régimen de previsión social de los funcionarios públicos adscritos o traspasados a ella, salvo que venga impuesto por Resolución Judicial Firme [artículo 36.2.a) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias].
2º) Los créditos destinados al pago del personal laboral en cuanto precisen ser incrementados como consecuencia de aumentos salariales dispuestos durante el ejercicio o en ejercicios anteriores por modificaciones del salario mínimo interprofesional o impuestos con carácter general, salvo que venga impuesto por Resolución Judicial Firme [artículo 36.2.b) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias].
3º) Los trienios derivados del cómputo de tiempo de servicios prestados a la Administración [artículo 36.2.d) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias].
4º) Los destinados a dar cobertura a la indemnización por residencia que se devengue en los supuestos en que se haya reconocido este derecho, conforme a la legislación vigente y dentro del régimen de la disposición transitoria primera de esta Ley, que se consignen en el Subconcepto 121.02 "Indemnización por residencia" de las Secciones y Programas del estado de gastos [anexo I, apartado 1.a) de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2002].
5º) Los destinados al pago de la asistencia médico farmacéutica que corresponda en virtud del Real Decreto-Ley 2/1981, de 16 de enero, de traspaso de competencias y funciones de las Juntas Económica Interprovincial de Canarias e Interprovincial de Arbitrios Insulares, y la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía, que se consignen en el subconcepto 162.13 "Gasto de asistencia medicofarmacéutica" de las Secciones y Programas del estado de gastos [anexo I, apartado 1.b), de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2002].
6º) Los destinados al pago de indemnizaciones a ex-miembros del Gobierno y ex-altos cargos, incluidos los de los organismos autónomos, que se consignen en el Subconcepto 101.00 "Indemnizaciones a ex-miembros del Gobierno y ex-altos cargos" de las diferentes Secciones del estado de gastos [anexo I, apartado 1.c), de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2002].
7º) Los destinados a dar cobertura a los anticipos reintegrables del personal funcionario y laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, sus organismos autónomos y entidades de Derecho Público, que se consignen en las respectivas Secciones presupuestarias, con cargo a los Subconceptos económicos 830.08 y 831.08 "Personal Anticipos Reintegrables", de los estados de gastos y en los mismos Subconceptos del estado de ingresos (anexo I, apartado 2, de la Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2002).
Santa Cuz de Tenerife, a 9 de enero de 2002.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Fernando José González Santana.
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