Visto el Reglamento (CE) 1.257/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se estableció un régimen comunitario de ayudas al desarrollo rural a cargo del FEOGA, persiguiendo entre sus finalidades el alcanzar una restauración forestal que derive en la implantación de masas forestales adecuadas a los ecosistemas canarios, contribuir a la corrección de los graves problemas de erosión que afectan a numerosos puntos de la geografía de las islas, favorecer el desarrollo de ecosistemas forestales y conservar el valor biológico y económico del patrimonio forestal.
Visto que el Plan Forestal de Canarias aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 25 de mayo de 1999, presenta como objetivo fundamental mejorar el estado de la cubierta vegetal del Archipiélago, con los distintos criterios que en cada caso se establezcan según la función de la masa forestal concreta, y en la medida de lo posible compatibilizar una triple función en ellas: la ecológica, la económica y la social.
Visto el Real Decreto 6/2001, de 12 de enero, sobre fomento de la forestación de tierras agrícolas (B.O.E. nº 12, de 13.1.01).
Vista la Orden de este Departamento de 13 de septiembre de 2001, donde se determinan las bases reguladoras y el procedimiento para la concesión de ayudas al establecimiento correspondientes al año 2001 (B.O.C. nº 124, de 21.9.01), con cargo a las aplicaciones presupuestarias: 12.04.442E.770.21, PI/LA 99.7129.01 "Programa de forestación de tierras agrarias (FEOGA-Garantía)", y 12.04.442A.770.21R, PI/LA 99.7129.01 "Programa de forestación de tierras agrarias (FEOGA-Garantía). En virtud de lo dispuesto en la misma, las ayudas podrán ser otorgadas a personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, titulares de derechos reales de propiedad, posesión o usufructo sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Vista la Orden de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de 13 de septiembre de 2001, por la que se hacen públicas las bases que han de regir las convocatorias para la concesión de ayudas al establecimiento, mantenimiento y compensatorias para la forestación de tierras agrícolas, y se convocan las ayudas al establecimiento correspondientes al año 2001.
Visto que en el apartado 2.3 de la base sexta de dicha Orden Departamental se contempla la posibilidad de que el solicitante no sea el propietario del terreno objeto de ayuda, en cuyo caso la petición se hará por el titular del acuerdo, debiéndose presentar en este caso documento acreditativo de la conformidad del propietario a tal efecto.
Visto el Informe elevado por el Jefe de Servicio de Impacto y Restauración Ambiental, con el visto bueno de la Viceconsejera de Medio Ambiente, en el que se realiza una propuesta de beneficiarios de estas ayudas.
Visto el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, teniendo en cuenta la Memoria-Propuesta de la Viceconsejería de Medio Ambiente, en su virtud,
D I S P O N G O:
Primero.- Otorgar ayudas a los siguientes beneficiarios y con los siguientes destinos, autorizándose el gasto con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias: 12.04.442E.770.21, Proyecto de Inversión 99.7129.01 y 12.04.442E.770.21R, Proyecto de Inversión 99.7129.01.
Ver anexos - páginas 1104-1123
El importe total de las ayudas asciende a la cantidad de 90.191.195 pesetas (542.060 euros), correspondiendo como parte cofinanciada a la Comunidad Autónoma de Canarias el 12,5%, equivalente a 11.273.899,4 pesetas (67.757,50 euros).
Asimismo se desestiman las solicitudes que se relacionan a continuación por los motivos señalados:
1. Dña. María del Carmen del Rosario García. Insuficiencia en la acreditación de la propiedad objeto de la ayuda (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
2. D. Ángel Gil Naranjo. Falta de cumplimentar los apartados 4.1 y 4.2 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001.
3. D. Patrocinio Santos Falcón. Insuficiencia en la acreditación de la propiedad objeto de la ayuda (apartado 2.3 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
4. Melenara 2000, S.L. Falta de cumplimentación de los apartados 2.2.a), 3, 4.1 y 4.2 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001.
5. Dña. Nicolasa Medina Valencia. No acreditación de la liquidación del documento acreditativo de la titularidad de las tierras agrícolas (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
6. Dña. María Olga Cabrera Armas. No acreditación de la liquidación del documento acreditativo de la titularidad de las tierras agrícolas (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
7. Dña. María José Pío Carvajal. No acreditación de la liquidación del documento acreditativo de la titularidad de las tierras agrícolas (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
8. D. Antonio Quintana Mejías. No acreditación de la liquidación del documento acreditativo de la titularidad de las tierras agrícolas (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
9. D. Juan José Padrón. No acreditación de la liquidación del documento acreditativo de la titularidad de las tierras agrícolas (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
10. D. Benjamín González Araña. No acreditación de la liquidación del documento acreditativo de la titularidad de las tierras agrícolas (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
11. D. Luis María Ponce. No acreditación de la liquidación del documento acreditativo de la titularidad de las tierras agrícolas (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
12. D. Enrique González Araña. No acreditación de la liquidación del documento acreditativo de la titularidad de las tierras agrícolas (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
13. D. José María Prunés Ramírez. No acreditación de la liquidación del documento acreditativo de la titularidad de las tierras agrícolas (apartado 4.1 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001).
14. D. Antonio Díaz Flores Calero. Falta de acreditación del apartado 2.3 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001.
15. Cabildo de Tenerife. No acreditación del apartado 4.4 de la base sexta de la Orden Departamental de 13 de septiembre de 2001.
Segundo.- Estas ayudas se conceden de acuerdo con las siguientes condiciones:
1. CUANTÍAS: las señaladas en el apartado primero anterior para cada una de las personas físicas o jurídicas y entidades beneficiarias.
2. DESTINO: los señalados en el apartado primero anterior para cada una de las personas físicas y jurídicas de derecho público o privado titulares de derechos reales de propiedad, posesión o usufructo sobre las tierras agrícolas susceptibles de forestación en la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA: 12.04.442E.770.21, PI/LA 99.7129.01 "Programa de forestación de tierras agrarias (FEOGA-Garantía)", y 12.04.442A.770.21R, PI/LA 99.7129.01 "Programa de forestación de tierras agrarias (FEOGA-Garantía)".
4. PLAZO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD: las actuaciones objeto de ayuda dispondrán de plazo para su realización hasta el 20 de noviembre del año 2001, pudiéndose conceder prórrogas a solicitud del interesado por un período distinto si las circunstancias así lo demandasen. Éstas estarán sujetas a la existencia de crédito presupuestario, y siempre que el técnico de la Viceconsejería acredite la imposibilidad técnica o material de poder finalizar la ejecución de la obra en dicho plazo.
5. FORMA Y REQUISITOS DE ABONO: con carácter general, las ayudas se abonarán a los beneficiarios previa aportación de las certificaciones totales o parciales suscritas por el beneficiario, el ejecutor material de los trabajos, en su caso, y el Técnico Facultativo de la Viceconsejería de Medio Ambiente.
6. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS: los beneficiarios de las ayudas estarán sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la ayuda.
b) Comunicar al órgano concedente el importe de las ayudas y subvenciones concedidas con posterioridad para atender a la misma situación, estado o hecho por cualquier Administración o Ente público, así como las ayudas o auxilios económicos recibidos de entidades privadas o particulares con el mismo destino.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación que, en relación con las ayudas concedidas, se practiquen por el órgano concedente, el Organismo Pagador, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como facilitar toda la información que les sea requerida por los mismos o, en su caso, por la entidad colaboradora.
d) Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las ayudas concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la situación, estado o hecho a que se destinan las ayudas concedidas, incluyendo las ayudas o cualquier otro tipo de atribuciones patrimoniales gratuitas, públicas o privadas, que hayan recibido, y que por diferencia permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de ayuda.
7. ACEPTACIÓN: para que esta resolución sea efectiva es necesaria la aceptación de la misma por parte del beneficiario, la cual deberá ser otorgada dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación. En caso de que no se otorgue dentro de este plazo quedará sin efecto la ayuda concedida.
8. VARIACIONES: toda alteración de las circunstancias y de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para el otorgamiento de las presentes ayudas y, en todo caso, la obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por otras Administraciones o Entes Públicos, darán lugar a la modificación de la presente Orden de concesión, sin que en ningún caso implique modificación de la finalidad de la ayuda.
9. PUBLICACIÓN: publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
En todo lo no previsto en las cláusulas anteriores regirá con carácter general lo dispuesto en el Decreto 337/1997, y como supletorios los artículos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, así como en la Orden de este Departamento de 13 de septiembre de 2001.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pudiendo potestativamente interponer recurso de reposición en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de octubre de 2001.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Fernando José González Santana.
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