Habiendo sido intentada, mediante escrito con acuse de recibo la notificación a D. Carlos Castilla Herrera, comunicando la caducidad de fecha 9 de octubre de 2001, dictada como consecuencia de la denuncia formulada contra la Promotora Delesan, por infracción de la reglamentación vigente en materia de viviendas de protección oficial, no teniendo constancia de su recepción, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), de 13 de enero, esta Dirección General
R E S U E L V E:
Notificar a D. Carlos Castilla Herrera escrito por el que se informa la Caducidad de fecha 9 de octubre de 2001, cuya parte dispositiva dice textualmente:
"En relación con su escrito denuncia presentado en este Servicio, con fecha de registro de entrada 20 de julio de 2001, denunciando fallos o vicios de construcción en las zonas comunes del Edificio Airán, portales I, II, III y IV, Barranco Grande, Santa Cruz de Tenerife, denunciando a la Promotora Delesan, le informamos que de acuerdo con el artículo 111 del Decreto 2.114/1968 (B.O.E. nº 216, de 7.9.68), de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la legislación de Viviendas de Protección Oficial, y el artículo 27 del Real Decreto 2.960/1976, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de dicha legislación podrá imponerse a los Promotores la realización de las obras de reparación de los vicios o defectos de la construcción que se manifiesten en el transcurso de cinco años desde la calificación definitiva.
Y, dado que la Calificación Definitiva de dicha vivienda es de 29 de enero de 1996, la reclamación deberá presentarse ante la Jurisdicción Ordinaria, y de acuerdo con el artículo 1.591 del Código Civil, los contratistas y el Arquitecto Director de la obra responden de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años desde que concluyó la construcción. La acción de indemnización durará quince años si la causa de los defectos fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato."
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de noviembre de 2001.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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