Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro citada, en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a María Isabel Rodríguez Barroso del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1.934, de fecha 5 de julio de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:
"La Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) ha verificado, mediante el examen del expediente nº 9.722/1998, que Dña. María Isabel Rodríguez Barroso, beneficiaria de una subvención por importe de cuatrocientas mil (400.000) pesetas, concedida mediante Resolución del Director del ICFEM, dictada por delegación nº 1.863, de fecha 24 de noviembre de 1998, ha incurrido en la causa determinante de procedimiento de reintegro, prevista en el artículo 35.1, apartado c), del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. A tenor de lo dispuesto en el precepto citado "[...] procederá devolución íntegra de las cantidades percibidas [...]", en el supuesto de "El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la Resolución de concesión de la subvención".
La conclusión anterior se apoya en las argumentaciones siguientes:
1.- El Director del ICFEM, mediante Resolución nº 1.863, de 24 de noviembre de 1998, dictada por delegación, concedió a Dña. María Isabel Rodríguez Barroso una subvención, por importe de cuatrocientas mil (400.000) pesetas, por la creación de un puesto de trabajo de carácter indefinido, al amparo de la Resolución del Presidente del ICFEM de 20 de agosto de 1998 (B.O.C. nº 110, de 28.8.98), por la que se convocaba la concesión de subvenciones para el fomento y el mantenimiento del empleo y la economía social.
2.- La condición quinta de la Resolución de concesión de 24 de noviembre de 1998, establecía que la beneficiaria estaba obligada a tener cubierto el puesto de trabajo subvencionado, como mínimo, durante los dieciocho (18) meses siguientes a la fecha de la concesión de la subvención, es decir, hasta el día 24 de mayo de 2000, y a mantener el nivel de empleo de los centros de trabajo de la empresa radicados en Canarias durante el mismo tiempo.
Igualmente en esta condición, se recogía que al objeto de justificar el cumplimiento de la obligación mencionada, la beneficiaria debía presentar ante el ICFEM, cada nueve meses, contados a partir de la fecha de concesión de la subvención y hasta que finalice la obligación de justificar la siguiente documentación:
- Certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste que la beneficiaria se mantenía al corriente en los pagos, así como la relación de trabajadores y el tipo de contrato por los que había cotizado la Sociedad, o bien, TC1 y TC2.
- Copia del correspondiente libro de matrícula compulsada o acompañada del original para su compulsa.
Por otra parte, si el contrato que daba origen a la subvención se extinguiera antes de los dieciocho meses mencionados, la beneficiaria estaba obligada a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador que reuniese los mismos requisitos que el trabajador sustituto y que dio origen a la solicitud (grupo de edad, categoría laboral, tipo de contrato, antigüedad en el desempleo, etc.). A los efectos previstos anteriormente, se entenderán por grupo de edad los dos siguientes:
Grupo 1: trabajadores menores o iguales a 25 años.
Grupo 2: trabajadores mayores de 25 años.
En el caso de las contrataciones referidas a los colectivos con especiales dificultades de inserción laboral mencionados en el apartado e) de la base 10ª, de la convocatoria de 20 de agosto de 1998, bastará con que el trabajador sustituto pertenezca a cualquiera de los colectivos que se especifican en el citado apartado.
3.- De la documentación que consta en el expediente se desprende lo siguiente:
El trabajador que ocupaba el puesto de trabajo subvencionado, D. Daniel Barceló Gutiérrez, cuyo contrato se formalizó el día 22 de septiembre de 1998, causó baja el día 31 de diciembre de 1998.
Este trabajador fue sustituido por D. Mauricio Mesa Martín, contratado indefinidamente el día 16 de enero de 1999.
4.- Por último Dña. María Isabel Rodríguez Barroso, mediante escrito de fecha 30 de marzo pasado, presentado en la ventanilla de Correos y Telégrafos de La Orotava el día 14 de junio siguiente y registrado de entrada en el ICFEM el día 20 posterior, manifestó, entre otras cosas, lo siguiente:
"[...] Que en fecha 28 de octubre de 1999 esta empresa presenta documentación acreditativa de la sustitución del trabajador objeto de subvención (D. Daniel Barceló Gutiérrez), al causar éste baja voluntaria el 31 de diciembre de 1998, siendo sustituido en fecha 16 de enero de 1999 en las mismas condiciones por D. Mauricio Mesa Martín, con D.N.I. nº 78.613.750, el cual también ha causado baja en fecha 20 de diciembre de 1999, por despido declarado procedente [...].
Que esta parte ha intentado sustituir nuevamente el puesto de trabajo pero hasta el momento no ha encontrado el candidato idóneo.
Que, por tanto, es por lo que mediante el presente escrito formula escrito de renuncia, con referencia a la subvención concedida [...]".
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 35 y 36 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejercicio de las competencias que, por delegación, me atribuye el artículo 36 del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre, ya citado, en concordancia con la base 5ª.2 de la Resolución del Presidente del ICFEM, de 20 de agosto de 1998 (B.O.C. nº 110, de 28.8.98), por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento y mantenimiento del empleo y la economía social, y el apartado primero, número 7, de la Resolución del Presidente del ICFEM de 13 de abril de 2000 (B.O.C. nº 62, de 19.5.00), por la que se delegan en el Director del ICFEM determinadas competencias, y de acuerdo con las normas generales del procedimiento, contenidas en la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.C. nº 12, de 14.1.99).
R E S U E L V O:
Primero.- Iniciar procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a Dña. María Isabel Rodríguez Barroso, mediante Resolución del Director del ICFEM, dictada por delegación nº 1.863, de fecha 24 de noviembre de 1998, por las razones aludidas en el presente Acuerdo, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder a la beneficiaria de la subvención un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del siguiente al del recibo de este Acuerdo, para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista en el mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por convenientes. Concluido este trámite y vistas las actuaciones practicadas se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- En defecto de norma específica, el plazo para la resolución del procedimiento de reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo será de tres meses, según la previsión contenida en el artículo 42.3 de la LRJ-PAC, según redacción dada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- La falta de resolución expresa en el plazo citado en el apartado anterior, producirá la caducidad del procedimiento y dará lugar al archivo de las actuaciones practicadas, sin perjuicio del derecho de la Administración a iniciar un nuevo procedimiento de reintegro.
Notifíquese a la interesada el presente Acuerdo, haciéndole saber que contra éste, no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la LRJ-PAC, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad de recurrirla."
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de noviembre de 2001.- El Director, Diego Miguel León Socorro.
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