BOC - 2001/152. Viernes 23 de Noviembre de 2001 - 1691

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente

1691 - Dirección General de Ordenación del Territorio.- Resolución de 31 de octubre de 2001, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 23 de mayo de 2000, que aprueba definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de La Atalaya-Becerril, en el término municipal de Santa María de Guía (Gran Canaria), promovido por la Corporación municipal.

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 23 de mayo de 2000, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Reforma Interior de la Atalaya-Becerril, promovido por la Corporación Local, en el término municipal de Santa María de Guía, cuyo texto figura como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de octubre de 2001.- El Director General de Ordenación del Territorio, Rafael Castellano Brito.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 23 de mayo de 2000, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento, el Plan Especial de Reforma Interior de La Atalaya-Becerril, en el término municipal de Santa María de Guía, promovido de oficio por la Corporación Municipal, debiéndose incorporar al texto las siguientes correcciones no sustanciales:

1. Dada la complejidad de la implantación se establece en el documento la necesidad de idear otros mecanismos para dar solución a algunas parcelas, por lo que propugna que para la obtención de cualquier licencia, el proyecto no sólo ha de cumplir con la ordenanza sino que queda bajo el criterio de los técnicos municipales. Esta flexibilidad debería acotarse o bien identificar en qué supuestos se puede dar.

2. La posibilidad que se recoge en las ordenanzas A y B de permitir la construcción del 15% de la superficie de la azotea siempre que no supere los 3 metros de altura y que esté retranqueada como mínimo 3 metros a ambas fachadas, puede dar lugar, en parcelas con fachada a dos calles y superficie superior a la modal, a la aparición de un volumen importante difícil de controlar, por lo que se debe acotar la superficie máxima admisible.

3. La ordenanza B (unifamiliar aislada o pareada) establece una parcela mínima de 300 m2 para el caso de unifamiliares aisladas y 225 m2 para las pareadas, si bien permite la edificación en aquellas parcelas que incumpliendo este parámetro cumplan con el resto. Debería regularse este aspecto bajo la óptica del concepto de parcelas residuales ya que en caso contrario carece de contenido prefijar la parcela mínima.

4. La Ordenanza D cuyo uso característico es el de espacio libre de uso público (Área de Protección de la Montaña de Ajodar), que afecta a la parte superior del PERI y que pretende impedir la edificación en esa zona dada su colindancia con el AIP, permite el uso residencial con la especificación de "sólo el existente". Debe concretarse la fecha a partir de la cual se considera nueva la edificación. Sería recomendable, además, redactar un inventario de las mismas, dado que se trata de un caso claro de régimen de fuera de ordenación. Con esta regulación aquellos terrenos de propiedad municipal, no ocupados por edificaciones e incluidos en esta ordenanza se entiende pasan a ser calificados como espacio libre. Los que se encuentran ocupados por edificaciones no podrán pasar a titularidad de los mismos al estar precisamente sobre espacios libres.

Segundo.- El presente Acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y será debidamente notificado al Ayuntamiento de Santa María de Guía y al Cabildo Insular de Gran Canaria.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contado desde el siguiente día al de notificación del presente acto administrativo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el artículo 234 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.- El Secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Juan José Santana Rodríguez.



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