Intentada la notificación de la Resolución que más adelante se transcribe, en el domicilio del interesado, que figura en el expediente, y no habiendo podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la presente.
"Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se inicia procedimiento administrativo sancionador a D. José Luis Marrero Fernández, por presunta infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.
Vista la denuncia presentada por la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria con fecha de entrada en la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con fecha 26 de enero de 2000 y, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Mediante la recepción de la indicada denuncia por este Centro Directivo se tuvo conocimiento de lo siguiente:
Con fecha 8 de noviembre de 1999, a petición del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), los Servicios Oficiales Veterinarios destinados en el municipio de Santa Brígida intervinieron en relación con la existencia de varios canes albergados en condiciones deficientes, levantando las actas de inspección sanitaria números 031204 H, 031205 H, 031206 H y 031207 H, las cuales rezan textualmente:
Se accede a una vivienda aislada, que en el momento de la inspección se encontraba deshabitada, a través de una pista de tierra de aproximadamente trescientos metros desde la Carretera de la Concepción, en el término municipal de Santa Brígida; a lo largo de la mencionada pista y alrededor de la casa se encuentran perros atados unitariamente con cadenas con carencia de sombra, mal olor a pesar de encontrarnos en el exterior, en algunos casos con casetas hechas con bidones metálicos colocados horizontalmente y abiertos por un lado; a lo largo del camino y en los alrededores de la casa hay una infestación de pulgas como pudimos comprobar los agentes del SEPRONA y la veterinaria actuante.
Se visualizaron un total de quince perros: una hembra mestiza llagada en el tercio posterior y carente de agua en el momento de la inspección; macho mestizo joven con signos de delgadez; macho presa castaño claro, de los denominados pitbul, que es el único perro de todos los presentes que no presenta signos de enfermedad ni abandono; hembra pitbul delgada; macho mestizo capa arena; hembra mestiza castaña carente de agua de bebida; hembra presa recién parida con signos claros de desnutrición y con un cachorro al que amamanta; macho presa capa arena llagado en el tercio posterior derecho y caquéxico; hembra mestiza también con llagas y signos avanzados de desnutrición; tres machos presas atigrados con signos de caquexia avanzada; hay además una hembra presa joven que se encuentra suelta. Los animales al estar atados se encuentran compartiendo espacio con sus deyecciones.
Debo mencionar que la propiedad no se encuentra vallada, teniéndose acceso a la misma a pie con facilidad tanto por adultos como por niños. La inspección ha sido realizada conjuntamente con los agentes de la Guardia Civil números 42.874.275 y 52.936.449.
Segundo.- Con fecha 14 de febrero de 2000 y en relación con la expresada denuncia, se emitió informe por la Dirección General de Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el cual fue registrado de entrada en este Centro Directivo el 22 del mismo mes y año bajo el número 2.812.
Tercero.- Por esta Dirección General se remitió escrito al Ayuntamiento de Santa Brígida con fecha 29 de febrero de 2000 y con número de registro de salida 2.436, solicitando la instrucción del correspondiente expediente sancionador, sin que hasta la fecha de la presente se haya acreditado incoación del mismo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- De lo relatado en el antecedente primero de esta Resolución y sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del presente expediente, se desprende que los hechos, puestos en conocimiento de este Centro Directivo mediante denuncia de la Dirección del Área de Salud de Gran Canaria, pudieran ser constitutivos de una infracción administrativa grave, prevista y tipificada en el artº. 24.2 letra a) de la meritada Ley -en relación con el artículo 11.2 del mismo Cuerpo Legal-, al disponerse en el mismo que es infracción grave el mantenimiento de los animales sin la alimentación necesaria o en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario, e inadecuadas para la práctica de los cuidados y atenciones precisas, según especie y raza.
II.- De la comisión de los expresados hechos aparece como presunto responsable D. José Luis Marrero Fernández, al ostentar la tenencia de los animales al que se refieren aquéllos, pudiendo ser, en consecuencia, sancionado por ello con multa de 25.001 a 250.000 pesetas, de acuerdo con lo establecido en el artº. 26.1 de igual norma, además de poder comportar la prohibición de adquirir otros animales por un período máximo de diez años.
III.- Por lo que a la competencia para la adopción de la presente Resolución de incoación se refiere, y toda vez que por el órgano inicialmente competente se ha hecho dejación de ella y que por la Dirección General de Ganadería se ha evacuado el previo y preceptivo informe, la misma viene atribuida en el presente caso y por subrogación del Ayuntamiento de Santa Brígida, a esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 68 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de Animales, y artº. 33.2.G) del Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.
Visto lo dispuesto en los artículos 3, 8 y 16.1 del citado Real Decreto 1.398/1993, de aplicación supletoria en virtud de lo dispuesto en el 66 del citado Reglamento de Protección de Animales; artículos 134, 135 y 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones vigentes y concordantes en la materia,
R E S U E L V O:
1º.- Iniciar procedimiento sancionador contra D. José Luis Marrero Fernández, cuyas restantes circunstancias personales ya constan acreditadas, como presunto autor y responsable de una infracción prevista en el artº. 24.2 letra a) de la citada Ley de Protección de Animales.
2º.- Nombrar Instructor del presente procedimiento al Jefe de Sección de Transferencias y Régimen Local, D. Diego A. Encinoso Reverón, pudiendo el denunciado recusar al mismo por las causas previstas en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por Ley 4/1999, de 13 de enero.
3º.- Indicar a D. José Luis Marrero Fernández que, sin perjuicio del derecho que ostenta a conocer en cualquier momento del procedimiento su estado de tramitación, a acceder y obtener copias de los documentos obrantes en el mismo, así como formular, con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y a aportar los documentos que estime pertinentes, dispone de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que intenta valerse.
4º.- Comunicar al interesado que, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.b) del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de los Animales, el órgano competente para la resolución del presente expediente, lo será el Consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica; así como instruirle de la posibilidad que le asista de reconocer voluntariamente su responsabilidad, en cuyo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que procesa.
5º.- Comunicar la presente Resolución al Instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, así como notificársela al interesado advirtiéndole que, de no formular alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo de quince días anteriormente señalado, la iniciación podrá ser considerada como propuesta de resolución, si contuviera un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.- Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación."
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de octubre de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.
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