BOC - 2001/075. Lunes 18 de Junio de 2001 - 2234

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

2234 - Secretaría General Técnica.- Anuncio de 29 de noviembre de 2000, relativo a notificación de la Orden de 10 de octubre de 2000, por la que se declara la caducidad del expediente sancionador incoado contra D. Leandro Torres Marrero, por presunta infracción a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

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Intentada la notificación de la presente Orden en el domicilio que figura en el expediente sancionador, incoado a D. Leandro Torres Marrero, por presunta comisión de infracción a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.

Orden del Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, de fecha 5 de octubre de 2000, por la que se declara la caducidad del procedimiento sancionador incoado por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 26 de noviembre de 1999, contra D. Leandro Torres Marrero, por presunta infracción a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Visto el expediente de su razón y, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 23 de julio de 1999 y bajo el nº 11390, tuvo entrada en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación informe evacuado por la Dirección General de Producción Agraria -actualmente Dirección General de Ganadería- en relación con la denuncia, de la cual, igualmente, se dio traslado a dicho Centro Directivo en unión del precitado informe, formulado por D. Nelson Faustino Peraza Carozo ante la Policía Local de Pájara y remitida por el Seprona de la Guardia Civil a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, contra D. Leandro Torres Marrero por maltrato en la vía pública a un perro de su propiedad.

Segundo.- Con fecha 3 de agosto de 1999 y bajo el nº 9854 de registro de salida, por la nombrada Dirección General de Administración Territorial y Gobernación se remitió escrito al Ayuntamiento de Pájara requiriéndole la instrucción del correspondiente expediente sancionador en le plazo de un mes, plazo, el referido, que transcurrió íntegramente sin que por el citado Ayuntamiento se hubiera comunicado al citado Centro Directivo la iniciación del mismo.

Tercero.- A la vista de lo anterior, con fecha 26 de noviembre de 1999, fue dictada por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, Resolución de inicio del presente expediente, dando traslado de la misma a D. Leandro Torres Marrero, quien no formuló alegaciones ni acompañó documentos en defensa de sus derechos en el plazo que al efecto le fue conferido con ocasión de la notificación de la citada Resolución.

Cuarto.- Seguido el procedimiento por todos sus trámites, con fecha 13 de abril de 2000, fue dictada por el Instructor del expediente Propuesta de Resolución, la cual fue remitida al inculpado, con fecha 9 de mayo de 2000 y nº 5758 de registro de salida, sin que fuera posible por parte del Servicio de Correos la notificación de dicha Propuesta de Resolución.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Examinado el expediente que nos ocupa, se observa, tal y como se ha hecho constar en los antecedentes de la presente, que el procedimiento al que el mismo se contrae fue iniciado el día 26 de noviembre de 1999, fecha en la que fue dictada la correspondiente Resolución de inicio del mismo por el Director General de Administración Territorial y Gobernación, así como que ha transcurrido el plazo de seis meses fijado para resolver el presente procedimiento, según establece el artículo 20, apartado 6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la potestad sancionadora, sin que se haya dictado y notificado la resolución del mismo. Por tanto, procede declarar la caducidad del señalado procedimiento sancionador por imperativo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ordenando, asimismo, el archivo de las actuaciones practicadas con los efectos previstos en el artículo 92 de la invocada Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esto es: sin que dicha declaración produzca por sí misma la prescripción de las acciones de la Administración y sin que la misma origine la interrupción del plazo de prescripción.

II.- Corresponde la competencia para dictar la presente Resolución a la Consejería de Presidencia, al tratarse el procedimiento al que la presente se contrae de un expediente sancionador por la presunta comisión de infracción grave y venir atribuida a la misma, según establece el artículo 7.6, letra d), de su Reglamento Orgánico, aprobado por Decreto 278/1999, de 7 de octubre, y el artículo 72.b) del Reglamento por el que se desarrolla la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, aprobado por Decreto 117/1995, de 11 de mayo, la imposición de sanciones por infracciones graves en materia de protección de los animales.

Vistas las restantes disposiciones vigentes y concordantes que resultan de aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento sancionador incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, mediante Resolución de inicio de fecha 26 de noviembre de 1999, contra D. Leandro Torres Marrero.

Segundo.- Ordenar el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esto es: sin perjuicio de que la precedente declaración de caducidad no produzca por sí misma la prescripción de las acciones de la Administración y sin que la misma origine la interrupción del plazo de prescripción al que se encuentra sujeta la presunta infracción que dio origen a la iniciación del procedimiento sancionador al que la presente Orden se refiere.

Tercero.- Notificar la presente Orden al interesado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, o bien a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- Santa Cruz de Tenerife, a 5 de octubre de 2000.- El Consejero de Presidencia, Julio Bonis Álvarez.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de noviembre de 2000.- El Secretario General Técnico, Antonio Lazcano Acedo.



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