Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Miguel Ángel Reyes, S.L. del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 17, de fecha 10 de enero de 2001, cuyo tenor literal es el siguiente:
"La Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) ha verificado, mediante el examen del expediente nº 10.253/96, que la empresa Miguel Ángel Reyes, S.L., beneficiaria de una subvención por importe de un millón quinientas cincuenta y ocho mil ochenta (1.558.080) pesetas, concedida mediante Resolución del Director del ICFEM nº 2.510, de fecha 9 de diciembre de 1997, ha incurrido en la causa determinante de procedimiento de reintegro prevista en el artículo 32.1, apartado b) y c), del Decreto Territorial 6/1995, de 7 de enero (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, cuya aplicación al presente expediente resulta de su Disposición Transitoria Primera, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera del Decreto Territorial 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. A tenor de lo dispuesto en el precepto citado "[...] procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la ayuda o subvención [...]", en el supuesto de "El incumplimiento del destino de los fondos públicos a la realización de la actividad o adopción de la conducta o de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de la subvención". Así como "El incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención".
La conclusión anterior se apoya en las argumentaciones siguientes:
A la empresa Miguel Ángel Reyes, S.L., se le concedió una subvención al amparo del Decreto 69/1996, de 18 de abril (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), de las previstas en el Capítulo I, Sección 2ª "Subvenciones a la creación de nuevos puestos de trabajo con carácter indefinido", por la contratación indefinida de los trabajadores David Rodríguez Paz y Pablo Cruz Rodríguez, el 2 de septiembre de 1996, por importe de un millón quinientas cincuenta y ocho mil ochenta (1.558.080) pesetas.
De la documentación que obra en el expediente, presentada por el beneficiario en el período comprendido entre marzo de 1998 y enero de 1999, se desprenden los siguientes extremos:
A) El trabajador subvencionado David Rodríguez Paz causó baja en la empresa el 17 de septiembre de 1997 y fue sustituido por D. Dionisio González Díaz, contratado indefinidamente el 17 de octubre de 1997.
B) Por otra parte, el trabajador subvencionado Pablo Cruz Rodríguez causó baja en la empresa el 31 de enero de 1997, y fue sustituido por Norberto Expósito Torres, que fue contratado indefinidamente el 27 de febrero de 1997. A su vez, éste causó baja el 31 enero de 1998, y fue sustituido por Eulogio Alonso Suárez, que fue contratado indefinidamente el 26 de febrero de 1998, causando baja posteriormente el 14 de abril de 1998. Como trabajador sustituto se contrató indefinidamente a D. José Domingo Hernández Pérez, el 13 de mayo de 1998 y causó baja posteriormente, el 19 de julio de 1998. En sustitución, se contrató indefinidamente a D. Francisco J. Perera Pérez al mes siguiente, 19 de agosto de 1998, y causó baja el 10 de septiembre de 1998.
Como trabajador sustituto, se contrató indefinidamente a D. Jonathan Jesús Castro Fragoso, quien causó alta en la Seguridad Social el 29 de octubre de 1998, una vez transcurridos un mes y 18 días desde la baja del anterior. Se incumplió por tanto, con lo dispuesto en el punto sexto, apartado c), de la parte dispositiva de la Resolución de concesión, que en concordancia con el artículo 15 del Decreto 69/1996 establece que "Si la relación laboral que dio origen a la subvención se extinguiera antes de tres años contados desde la fecha en que comenzó a surtir efecto, el beneficiario de la subvención estará obligado a cubrir el puesto de trabajo con un nuevo trabajador contratado por tiempo indefinido. Dos. Los beneficiarios de la subvenciones deberán comunicar inmediatamente al Instituto Canario de Formación y Empleo la extinción del contrato, así como proceder a la sustitución en el plazo máximo de un mes contado desde que dicha extinción haya tenido lugar y presentar la documentación que acredite haberla realizado dentro de los quince días siguientes a aquel en que tenga efecto la nueva contratación".
C) Por otra parte, el beneficiario estaba obligado a justificar el cumplimiento de la obligación de tener cubierto los puestos de trabajo subvencionados, hasta el mes de septiembre de 1999, y sin embargo no consta en el expediente la correspondiente documentación. Por ello, se incumplió a su vez con lo establecido en el punto sexto, apartado b), de la parte dispositiva de la resolución de concesión, que en relación con el artículo 14 del Decreto 69/1996 se establece que "Los perceptores de las subvenciones deberán presentar, al objeto de justificar el cumplimiento de la obligación establecida en el artículo anterior, anualmente y durante los tres años siguientes a la fecha de la contratación objeto de subvención, ante el Instituto Canario de Formación y Empleo, certificación expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la que conste la relación de trabajadores por los que ha cotizado la empresa, junto con copia del libro de matrícula compulsada con su original".
D) Asimismo, de la documentación presentada el 25 de enero de 1999, registrada de entrada al nº 1.669, se desprende que los contratos de trabajo suscritos con los trabajadores que ocupaban los puestos de trabajo subvencionados, fueron subrogados por la empresa Francisco José Castro Fragoso, si bien, y para que quede constancia del cambio de titularidad, se debería haber presentado fotocopia del D.N.I./N.I.F. del nuevo empresario, libro de matrícula compulsado y certificado emitido por la Seguridad Social donde conste la relación de trabajadores por los que ha cotizado la nueva empresa, desde el momento de su apertura hasta el mes de septiembre de 1999, y documento firmado por la nueva empresa en el que expresamente declare conocer y asumir las obligaciones inherentes a la subvención concedida por el ICFEM.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley Territorial 7/1984, de 11 de diciembre (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 32 de Decreto Territorial 6/1995, de 27 de enero, ya citado, y de acuerdo con las normas generales del procedimiento contenidas en la Ley Estatal 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero (B.O.C. nº 12, de 14.1.99),
R E S U E L V O
Primero.- Iniciar procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la empresa Miguel Ángel Reyes, S.L., mediante Resolución del Director del ICFEM nº 2.510, de fecha 9 de diciembre de 1997, por las razones aludidas en el presente Acuerdo sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al beneficiario de la subvención un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del siguiente al del recibo de este Acuerdo, para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista en el mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por convenientes. Concluido este trámite y vistas las actuaciones practicadas se dictará la Resolución que correspondan.
Tercero.- En defecto de norma específica, el plazo para la resolución del procedimiento de reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo será de tres meses, según la previsión contenida en el artículo 42.3 de la LRJ-PAC, según redacción dada por la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- La falta de resolución expresa en el plazo citado en el apartado anterior, producirá la caducidad del procedimiento y dará lugar al archivo de las actuaciones practicadas, sin perjuicio del derecho de la Administración a iniciar un nuevo procedimiento de reintegro.
Notifíquese al interesado el presente Acuerdo, haciéndole saber que contra éste no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la LRJ-PAC, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad de recurrirla."
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de marzo de 2001.- El Director, p.d., la Subdirectora de Empleo (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), María Teresa Covisa Rubia.
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