BOC - 2001/041. Lunes 2 de Abril de 2001 - 1128

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

1128 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de febrero de 2001, sobre notificación de Órdenes de esta Consejería a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Órdenes que figuran como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo.

2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de febrero de 2001.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

A N E X O

1.- Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por Comercial a Tope, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 24 de abril de 1998, recaída en el expediente nº 35/1745/97, y que determinó la imposición de una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, y

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero.- Que el día 10 de septiembre de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Confecciones y Calzados Nº 1 propiedad de la interesada sito en la Carretera General del Sur del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 7241 procedieron a cumplimentar la denuncia nº RE 3153 y comprobaron que en la entrada del establecimiento existían unas pegatinas anunciando los distintos medios de pago admitidos, en concreto los distintivos correspondientes a Visa, Eurocard, Mastercard y 6000 Tarjeta Canaria, si bien la compareciente manifestó que no se admite el pago con tarjeta en la compra de calzado por orden de la empresa, realizando por tanto una publicidad engañosa.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 8 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 4 y 32 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre (B.O.E. nº 274), General de Publicidad.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 14 de septiembre de 1998, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

MOTIVOS

Primero.- Inexistencia de la infracción.

Los hechos que constan en el Acta, la existencia de las pegatinas anunciadoras de diversas tarjetas de crédito a la entrada del establecimiento, no puede entenderse que Comercial a Tope, S.A. esté incumpliendo norma alguna sobre publicidad de servicios ni que la existencia de la publicidad de dichos medios de pago puede ser entendida como "engañosa" por cuanto ni ello afecta al comportamiento económico de sus destinatarios (quien no pueda pagar con tarjeta con toda seguridad no comprará, por lo que quien en todo caso sufre el perjuicio es la entidad vendedora), ni tampoco se perjudica con ello a ningún competidor (pues, lógicamente, el competidor probablemente saldrá beneficiado ya que el cliente finalmente adquirirá en su establecimiento).

No obstante ello, reiteramos la circunstancia de que Comercial a Tope, S.A., y al objeto de ofrecer un mejor servicio en todos sus comercios, ya tiene instalados los dispositivos que permiten el pago mediante tarjeta de crédito en todos dichos establecimientos, incluido el que fue objeto del acta de inspección.

Segundo.- Caducidad del expediente.

Según el Acuerdo de iniciación del procedimiento, el mismo se inició con fecha 4 de febrero de 1998 y la resolución por la que se ha impuesto a mi representada la sanción no lleva fecha (pues consiste en fotocopia cotejada en fecha 26 de junio de 1998) y ha sido notificada a mi representada con fecha 14 de agosto de 1998, con lo que es evidente que se ha sobrepasado con creces el plazo de un mes establecido en el artículo 24.4 del Real Decreto 1.398/1993, plazo éste, evidentemente, de caducidad, al igual que el de seis meses previsto por el artículo 20.6 de dicho Real Decreto.

Procede, pues, con carácter subsidiario respecto del motivo anterior, que por esa Dirección General así se acuerde ordenándose el archivo del procedimiento, y se emita a esta parte interesada certificación en la que conste que el procedimiento ha caducado y se ha procedido al archivo de las actuaciones.

Tercero.- Prescripción de las actuaciones.

Subsidiariamente teniendo en cuenta lo dispuesto en el nº 2 del artículo 6 del ya mencionado Real Decreto 1.398/1993, las actuaciones practicadas y, en definitiva, el expediente debieron ser archivadas una vez hubo constancia de que la notificación por la que se comunicaba a mi representada la iniciación del expediente había sido practicada transcurridos dos meses desde la fecha en que el mismo se inició.

A estos efectos, se reitera que la fecha de la Resolución por la que se acuerda la iniciación del presente expediente es la del 4 de febrero de 1998, según consta en la propia resolución y en el sello de salida del Registro General de esa Dirección General, mientras que, consta en las actuaciones, que la notificación de dicho Acuerdo de iniciación se practica a mi representada con fecha 8 de abril de 1998, por lo que es mas que evidente que el referido plazo de dos meses se encontraba excedido a la fecha de dicha notificación.

Procede, pues, sin más trámites, ordenar el archivo de las actuaciones con notificación expresa de ello a mi representada.

Cuarto.- Infracción del artículo 35 de la Ley 26/1984, en relación con el artículo 10.2 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, y con los artículos 129 y 131 de la Ley 30/1992.

La sanción impuesta se ha fijado sin tener en cuenta los criterios para la graduación de la cuantía de las sanciones, pues si bien a ello se hace referencia en el apartado sanciones que pueden corresponder del Acuerdo de iniciación, lo cierto es que mi representada no puede conocer cuáles son los criterios concretos tenidos en cuenta para la fijación de la sanción en la cantidad de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en los artículos 8 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 4 y 32 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre (B.O.E. nº 274), General de Publicidad.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en su artículo 8 en relación con el artículo 34, apartado 6, considera los hechos imputados como infracción administrativa en materia de consumo.

El artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece un sistema de responsabilidad "aún a título de simple inobservancia".

Por lo que se refiere a la caducidad del expediente y a la presunción de actuaciones alegadas, señalar que el Real Decreto 1.398/1993 es de aplicación en ausencia total o parcial de procedimiento específico a tenor de su artículo 1.1.

Como quiera que en materia de infracciones administrativas de consumo el Real Decreto 1.945/1983, en su artículo 18, establece una regulación específica en cuanto a los plazos de prescripción y caducidad, la preferente utilización de los mismos imposibilita la utilización del procedimiento simplificado.

Tal y como se indicó en el Fundamento de Derecho III, la determinación de la cuantía de la sanción impuesta por la Dirección General de Consumo se efectúa amparada en el artículo 36.1 de la citada Ley 26/1984, que permite fijar una cuantía de hasta 500.000 pesetas en las infracciones calificadas como leves dentro de cuyo margen debe actuar la discrecionalidad administrativa, debiendo atenderse en la graduación de la sanción al principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la mencionada Ley 30/1992.

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por Comercial a Tope, S.A., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 24 de abril de 1998, recaída en el expediente nº 35/1745/97, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 5 de junio de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Rafael Díaz Martínez.

2.- Visto el recurso extraordinario de revisión interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Juan Carlos Ortega Aullo, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 30 de junio de 1998, recaída en el expediente nº 35/75/98, y que determinó la imposición de una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, y

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero.- Que el día 7 de octubre de 1997, los Guardias Civiles números 21868 y 21879, de la 152º Comandancia (Las Palmas) realizaron visita de inspección en la Pescadería Below, propiedad de D. Juan Carlos Ortega Aullo, sito en la calle Juan Ramón Jiménez, 45, Mercado de Altavista, puesto nº 2, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante denuncia nº 400, realizada por Seprona, comprobaron que tiene a la venta al público 1.900 kilogramos de Pejines de Sardinas (Sardina Pilchardus) con una talla media aproximada a los tres cm, infringiendo las normas establecidas sobre las tallas mínimas en la venta de pescado.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.1.3, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 35, apartado 4, de la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, aprobado por Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201); y el artº. 1 del Decreto 155/1986, de 9 de octubre (B.O.C.A.C. nº 125, de 17.10.86), por el que se establece las tallas mínimas para la captura de peces en aguas interiores del Archipiélago.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso extraordinario de revisión ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo al amparo de lo dispuesto en el artº. 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y que tiene entrada en este Departamento el día 14 de abril de 1999, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

He recibido mi talón de cargo de la Consejera de Economía y Hacienda en relación al expediente sancionador nº 35/75/98.

Se adjunta certificado de empresa Pescadería Bellow, S.L., contrato de trabajo y talón de descargo.

Es ésta la primera noticia que tengo de este expediente.

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.1.3, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 35, apartado 4, de la R.T.S. de los establecimientos y productos de la pesca y acuicultura con destino al consumo humano, aprobado por Real Decreto 1.521/1984, de 1 de agosto (B.O.E. nº 201); y el artº. 1 del Decreto 155/1986, de 9 de octubre (B.O.C.A.C. nº 125, 17.10.86), por el que se establece las tallas mínimas para la captura de peces en aguas interiores del Archipiélago.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso pueden ser tomadas en consideración respecto a la procedencia del recurso extraordinario de revisión, puesto que según se deduce de los datos aportados al expediente el recurrente no era el titular de la pescadería sita en el Mercado de Altavista, denunciada por Seprona.

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Estimar, en todos sus términos, el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Juan Carlos Ortega Aullo, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 30 de junio de 1998, recaída en el expediente nº 35/75/98, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cincuenta mil (50.000) pesetas, por lo que, debe revocar y, consecuentemente, dejar sin efecto la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de febrero de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Francisco Díaz.

3.- Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Jaunkani Manoharlal Kishinchand, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 1 de marzo de 1999, recaída en el expediente nº 35/375/98, y que determinó la imposición de una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, y

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero.- Que el día 16 de marzo de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Rema propiedad del interesado sito en el Centro Comercial Punta Jablillo, local 13B, del término municipal de Teguise; y mediante actas levantadas al efecto números 6763 y 6764 comprobaron que la garantía otorgada a D. Ernesto Antonio Hernández en la compra de un Discman marca Sony efectuada con fecha 15 de diciembre de 1997 en el establecimiento adolecía de los preceptivos datos relativos al objeto sobre el que recae la garantía, y el titular de la garantía.

Así mismo comprobaron que tenían para su venta al público tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento diversos artículos tales como vídeo cámaras, máquinas fotográficas, walkman, radio cassettes, teléfonos, relojes, ... careciendo de sus marcados de los precios de venta al público.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, y en relación con el Real Decreto 287/1991, de 8 de marzo (B.O.E. nº 61), por el que se establece el catálogo de productos, bienes y servicios a determinados efectos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artº. 12 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 7 de abril de 1999, constando entre los antecedentes de referencia la notificación de la Resolución impugnada con fecha 5 de marzo de 1999, habiéndose superado, por tanto, el plazo procedimental de un (1) mes para la interposición del recurso ordinario.

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que condición previa para entrar a conocer de los fundamentos del recurso presentado es el de determinar si se han observado los requisitos de actividad, en especial el único que ofrece especialidad en este tipo recurso: el plazo en el cual debe interponerse el recurso ordinario, que es, según el artº. 114.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de un (1) mes, transcurrido el cual sin que se haya presentado recurso, queda firme y consentida la Resolución impugnada.

Segundo.- Que presentado el recurso fuera del plazo de un (1) mes procede declarar la inadmisión del recurso (Sentencia de 3 de junio de 1992, en su Fundamento III indica: "Que el Principio de Seguridad se encuentra reñido con cualquier tipo de apreciación discrecional ante el ejercicio extemporáneo de recursos o acciones ... Razón por la que la extemporaneidad se produce automáticamente con la sola finalización del día final del plazo ...) sin que quepa dictar acto alguno que anule el que es objeto de recurso, en este caso la Resolución de la Dirección General Consumo que se pretende extemporáneamente impugnar pues consta en los Fundamentos de hechos probados que la Resolución impugnada fue notificada el día 5 de marzo de 1999 y el recurso se interpone por quien está legitimado para ello y ante el órgano competente el día 7 de abril de 1999, transcurrido el plazo procedimental de un (1) mes, según el cómputo efectuado conforme a las reglas generales de procedimiento del artº. 48 de la mencionada Ley 4/1999.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Declarar la inadmisibilidad del recurso ordinario, interpuesto por D. Jaunkani Manoharlal Kishinchand, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 1 de marzo de 1999, recaída en el expediente nº 35/375/98, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Francisco Díaz.

4.- Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Ignacio Díaz Hernández, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 4 de noviembre de 1998, recaída en el expediente nº 35/559/98, y que determinó la imposición de una sanción de multa de ochenta mil (80.000) pesetas, y

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero.- Que el día 26 de mayo de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Taller de Automóviles, propiedad de D. Ignacio Díaz Hernández, sito en la calle Fernando Guanarteme, 157, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta levantada al efecto nº 8677, comprobaron que el taller carecía de Hojas de Reclamaciones, así como de los preceptivos carteles indicativos de los precios aplicables por hora de trabajo y servicios concretos y de la garantía que asiste a las reparaciones.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartados 3.3.1, 3.3.2 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 12º, 17º y 19º, apartados g) y j) del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de ochenta mil (80.000) pesetas.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 4 de enero de 1999, constando entre los antecedentes de referencia el intento de notificación de la Resolución impugnada con fecha 10 de noviembre de 1998, habiéndose superado, por tanto, el plazo procedimental de un (1) mes para la interposición del recurso ordinario.

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que condición previa para entrar a conocer de los fundamentos del recurso presentado es el de determinar si se han observado los requisitos de actividad, en especial el único que ofrece especialidad en este tipo de recurso: el plazo en el cual debe interponerse el recurso ordinario, que es, según el artº. 114.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de un (1) mes, transcurrido el cual sin que se haya presentado recurso, queda firme y consentida la Resolución impugnada.

Segundo.- Que presentado el recurso fuera del plazo de un (1) mes procede declarar la inadmisión del recurso (Sentencia de 3 de junio de 1992, en su Fundamento III indica: "Que el Principio de Seguridad se encuentra reñido con cualquier tipo de apreciación discrecional ante el ejercicio extemporáneo de recursos o acciones ... Razón por la que la extemporaneidad se produce automáticamente con la sola finalización del día final del plazo ...) sin que quepa dictar acto alguno que anule el que es objeto de recurso, en este caso la Resolución de la Dirección General Consumo que se pretende extemporáneamente impugnar pues consta en los Fundamentos de Hechos probados que la Resolución impugnada fue notificada el día 10 de noviembre de 1998 y el recurso se interpone por quien está legitimado para ello y ante el órgano competente el día 4 de enero de 1999, transcurrido el plazo procedimental de un (1) mes, según el cómputo efectuado conforme a las reglas generales de procedimiento del artº. 48 de la mencionada Ley 4/1999.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.

Cuarto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Declarar la inadmisibilidad del recurso ordinario, interpuesto por D. Ignacio Díaz Hernández, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 4 de noviembre de 1998, recaída en el expediente nº 35/559/98, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de ochenta mil (80.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Francisco Díaz.

5.- Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Laureano Díaz Megías, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 1 de marzo de 1999, recaída en el expediente nº 35/948/98 y que determinó la imposición de una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, y

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero.- Que el día 4 de septiembre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Autoservicio Díaz propiedad del interesado sito en la calle León y Castillo, 31, del término municipal de Telde; y mediante acta levantada al efecto nº 9116 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público diversos productos tales como quesos, frutas, hortalizas, leche, aguas, ... carentes todos ellos de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 18 de marzo de 1999, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

Aceptado el escrito de alegación como válido y cierto, según consta en la Resolución con número de salida 1.457, a mi juicio, no "violaba" la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios puesto que, por ejemplo, si de 200 garrafas de agua sólo 75 de ellas tienen etiquetado, quiere esto decir que tienen el precio expuesto al público.

También en el acta se puso artículos que no se contrastaron con mi representado, puesto que las etiquetas estaban dentro de las cajas de fruta, hortalizas y una lista en la pared.

Mi representado pensaba que con el justificante de la reparación de la máquina de etiquetado, se retiraría la sanción y realizó la primera reclamación de buena fe.

D. Laureano tiene ese negocio como medio de vida.

Que la situación económica de mi representado no es álgida, sino más bien de dependencia.

Que una sanción de esa cuantía repercute en la estabilidad del negocio.

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en conexión con el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.

En consecuencia, el/la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el Fundamento de Derecho II.

Tal y como se indicó en el Fundamento de Derecho III, la determinación de la cuantía de la sanción impuesta por la Dirección General de Consumo se efectúa amparada en el artículo 36.1 de la citada Ley 26/1984, que permite fijar una cuantía de hasta 500.000 pesetas en las infracciones calificadas como leves dentro de cuyo margen debe actuar la discrecionalidad administrativa, debiendo atenderse en la graduación de la sanción al principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la mencionada Ley 30/1992.

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar en todos sus términos, el recurso ordinario interpuesto por D. Laureano Díaz Megías, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 1 de marzo de 1999, recaída en el expediente nº 35/948/98, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Francisco Díaz.

6.- Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. José Miguel Torres Santana, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 13 de abril de 1999, recaída en el expediente nº 35/1042/98 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, y

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero.- Que el día 21 de octubre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Pescadería Torres propiedad del interesado sito en el Mercado del Puerto, calle Albareda, 76, P.B. puesto 6, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 9268 comprobaron que no tenían a disposición de los consumidores las Hojas de Reclamaciones ni exhibían el cartel anunciador de su existencia.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 13 de mayo de 1999, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

Se ratifica en todo lo expuesto en Pliego de Alegaciones.

Que, efectivamente, no se pudo exhibir el cartel anunciador, teniendo en cuenta que ese día, por circunstancias de la actividad se hubiesen mojado totalmente (pescado fresco y otro con hielo).

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en conexión con el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declara la obligación del vendedor de verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa vigente para el ejercicio de la actividad comercial.

En consecuencia, el/la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el Fundamento de Derecho II.

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por D. José Miguel Torres Santana, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 13 de abril de 1999, recaída en el expediente nº 35/1042/98, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Francisco Díaz.

7.- Visto el recurso de alzada interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por Dña. Savita Roophand Lellani, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de abril de 1999, recaída en el expediente nº 35/1017/98 y que determinó la imposición de una sanción de multa de ochenta mil (80.000) pesetas, y

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero.- Que el día 9 de octubre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo, realizaron visita de inspección en Bazar Lena, propiedad de Dña. Savita Roophand Lellani, sito en la Avenida de Tirajana, 31, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y mediante acta levantada al efecto nº 9289, comprobaron que tenían expuestos para su venta al público, botes de "patakÕs original mixed pickle medium hot 283Gr ..." y latas de "Ashoka palak paneer ... 450 gr." careciendo los etiquetados de los artículos descritos de los preceptivos datos consignados en castellano, lengua española oficial del Estado.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artº. 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, en relación con el Título IX de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con una sanción de multa de ochenta mil (80.000) pesetas.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 11 de mayo de 1999, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

La compareciente desarrolla la actividad de comercio al por menor de productos alimenticios típicos de la India desde hace varios años sin que, hasta la fecha, haya sido objeto de expediente sancionador de clase alguna.

Cabe señalar que en el presente supuesto no se objetivan riesgos para la salud, beneficios de ningún género en relación a la presunta comisión de la repetida infracción, reincidencia, dolo, culpa, etc., que justifiquen la iniciación del presente procedimiento y, en su caso, la adopción de la sanción señalada, resultando manifiesta la buena fe de la actora.

En cuanto a la cuantía esta parte entiende que es desproporcionada, habida cuenta de que, en virtud del artº. 10.2 del Real Decreto 1.945/1983, no concurren en este caso ninguno de los criterios que establece la norma que justifiquen dicho importe, encontrando la misma no ajustada a derecho.

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 20 del Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permite modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en conexión con el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, declara la responsabilidad del vendedor por los productos que tenga expuestos para su venta al público en cuanto al origen, identidad e idoneidad de los mismos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.

En consecuencia, el/la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el Fundamento de Derecho II.

Tal y como se indicó en el Fundamento de Derecho III, la determinación de la cuantía de la sanción impuesta por la Dirección General de Consumo se efectúa amparada en el artículo 36.1 de la citada Ley 26/1984, que permite fijar una cuantía de hasta 500.000 pesetas en las infracciones calificadas como leves dentro de cuyo margen debe actuar la discrecionalidad administrativa, debiendo atenderse en la graduación de la sanción al principio de proporcionalidad regulado en el artículo 131 de la mencionada Ley 30/1992.

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.

El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por Dña. Savita Roophand Lellani, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de abril de 1999, recaída en el expediente nº 35/1017/98, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de ochenta mil (80.000) pesetas, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de marzo de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Francisco Díaz.



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