Habiéndose intentado sin éxito la notificación de la Resolución recaída en el expediente sancionador ES.LP 18/99 incoado a la entidad Bahuau, S.L., y de acuerdo con lo prevenido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el Viceconsejero de Industria y Comercio, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
1.- Notificar a la entidad Bahuau, S.L., la resolución del expediente sancionador ES.LP 18/99 que se acompaña como anexo a la presente Resolución.
2.- Remitir la presente Resolución al Ayuntamiento de Gáldar para su inserción en el tablón de edictos del citado municipio.
3.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de enero de 2001.-El Viceconsejero de Industria y Comercio, Juan Guedes Farías.
A N E X O
RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, POR LA QUE SE RESUELVE EL EXPEDIENTE SANCIONADOR ES.LP 18/99 INCOADO A LA EMPRESA BAHUAU, S.L., POR LA COMISIÓN DE DOS HECHOS INFRACTORES GRAVES AL AMPARO DE LA VIGENTE LEY DE INDUSTRIA.
Visto el expediente sancionador ES.LP 18/99 incoado a la empresa Bahuau, S.L., en su condición de propietaria de dos grúas-torre marca Pingon, modelos S-501 (GR 99/1299) y P-35 (GR 99/1298).
I. ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 10 de junio de 1999, Ingenieros Técnicos Industriales adscritos a la Dirección Territorial de Industria y Energía de Las Palmas giraron visita de inspección a la obra sita en la calle Drago, 25, término municipal de Gáldar, habiendo comprobado que dos grúas-torres marca Pingon (expedientes GR 99/1298 y GR 99/1299) estaban en funcionamiento, sin haber cumplimentado la preceptiva solicitud de puesta en marcha, tal como exige el apartado 8 de la Orden de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM2 referente a grúas-torres desmontables para obra.
Segundo.- Con fecha 29 de noviembre de 1999, el Viceconsejero de Industria y Comercio acordó la incoación de un expediente sancionador a la empresa Bahuau, S.L., por lo hechos reflejados en el acta de inspección de referencia.
Tercero.- Con fecha 21 de enero de 2000, D. Sebastián Francisco Ramos Rodríguez, en representación de la entidad mercantil Bahuau, S.L., presentó escrito de alegaciones respecto al acuerdo de iniciación de expediente sancionador.
Cuarto.- Con fecha 8 de febrero de 2000, el Instructor del expediente sancionador formuló propuesta de resolución en la cual viene a desestimar las alegaciones formuladas por la empresa inculpada y asimismo viene a proponer que se imponga a dicha empresa sendas multas de 500.001 pesetas, por poner en funcionamiento dos grúas-torres, sin haber presentado previamente la documentación de puesta en servicio de la misma.
Quinto.- Con fecha 13 de marzo de 2000, D. Sebastián Francisco Ramos Rodríguez, en representación de la entidad mercantil Bahuau, S.L., presentó escrito de alegaciones respecto a la citada propuesta de resolución, por medio del cual viene a decir lo siguiente:
1. Dar por reproducidas las alegaciones presentadas en nuestro escrito que fue presentado en el Registro de Entrada de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias en fecha 21 de enero de 2000.
2. En la incoación de expediente se nos notifica sanción por no haber cumplido con la preceptiva solicitud de puesta en marcha cuando el artº. 31.2.b) de la Ley 21/1992 hace referencia a la puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente autorización, de ello se extrae la conclusión de que nada tiene que ver la imputación efectuada con la sanción que se impone, puestos ambos preceptos se separan muy mucho el uno del otro, obsérvese que uno se refiere a solicitud de puesta en marcha, mientras que el precepto sancionador es claro y contundente al referirse a: la puesta en funcionamiento de instalaciones por la empresa inculpada considera que está ante una imputación y sanción opuestas a derecho, y por tanto, al ordenamiento jurídico.
3. Lo anterior queda acreditado al haber sido aportado por el instalador el proyecto redactado y firmado por el técnico competente de que las grúas están en perfectas condiciones de funcionamiento y de sus dispositivos de seguridad por lo que la Administración sólo necesitaba la certificación expedida por el susodicho técnico en el que ponía de manifiesto la adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que en su caso hubieran correspondido. Todo ello fue acreditado en el proyecto que por Sertemac, S.L., se presentó el día 10 de mayo de 1999, y contra el que la Administración en el plazo de un mes no puso ninguna pega, por tanto, es evidente de que a fecha de la inspección esta empresa estaba en legal forma y podía trabajar.
4. En cualquier caso, es obvio que por parte de esta empresa no se ha incurrido en dejadez de ningún tipo, sólo que se ha puesto a disposición de una empresa que es la encargada de tramitar el proyecto y la documentación pertinente por tanto, es obvio que si la acción se debe seguir contra alguien, ese alguien debe de ser contra la empresa Sertemac, S.L., y nunca contra nosotros.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- De acuerdo con lo reflejado en el acta de inspección levantado por funcionario público, la empresa Bahuau, S.L., en su condición de titular de las referidas grúas, ha cometido la infracción administrativa grave prevista en el artº. 31.2.b) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, esto es, la puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de la correspondiente autorización, cuando ésta sea preceptiva de acuerdo con la correspondiente disposición legal o reglamentaria. En efecto, el apartado 8 de la ITC MIE AEM-2, aprobada por Orden de 28 de junio de 1988, dispone que la puesta en servicio se llevará a efecto según lo establecido en el Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre. A este respecto, el instalador deberá acreditar que se cumplan las mencionadas condiciones y que se ha hecho entrega de la grúa al usuario después de comprobar en presencia de éste el correcto funcionamiento de sus dispositivos de seguridad, de acuerdo con el apartado 7.6 de la norma UNE 58-101-80, parte I, o bien otra norma de seguridad equivalente, lo que se reflejará en un documento firmado por ambos. Este documento se presentará por el instalador ante el órgano competente de la Administración Pública. Por su parte, el apartado 2 del Real Decreto 2.135/1980, de 26 de septiembre, de liberalización industrial establece que la instalación, ampliación y traslado de las industrias requerirá la presentación ante el órgano administrativo correspondiente del proyecto redactado y firmado por técnico competente, pudiendo la Administración señalar o pedir aclaraciones dentro del plazo de un mes, transcurrido el cual se entenderá que no hay inconveniente para la ejecución del proyecto. El apartado III del citado artículo 2 dispone que la puesta en funcionamiento de las industrias no necesitará otro requisito que la comunicación a la Administración de la certificación expedida por técnico competente, en la que se ponga de manifiesto la adaptación de la obra al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que en su caso correspondan.
Segundo.- En relación con las alegaciones formuladas por la empresa inculpada, respecto a la propuesta de resolución formulada por el Instructor del expediente hay que señalar lo siguiente:
1. Los hechos declarados probados en el procedimiento sancionador encajan perfectamente en la infracción grave tipificada en el artº. 31.2.b) de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. En efecto se comprobó por los servicios de inspección de la Dirección Territorial de Las Palmas que dos grúas torres estaban funcionando, sin presentar su titular la documentación de puesta en servicio de las mismas, por tanto dicha conducta infractora es merecedora de una sanción administrativa grave.
2. El hecho de que se hayan presentado los proyectos técnicos respecto a las citadas grúas en este Departamento, y que los mismos puedan ser ejecutados si en el plazo de un mes la Administración no solicita aclaraciones, no exime a su titular, una vez realizado el montaje de las grúas, de presentar toda la documentación relativa a su puesta en servicio, circunstancia ésta que no ha sucedido en el presente caso.
3. El hecho de que la empresa constructora haya contratado los servicios profesionales de la empresa Sertemac para la instalación de la grúa y legalización de la puesta en marcha no exime de responsabilidad administrativa a su titular, por poner en funcionamiento dos grúas, sin haber presentado previamente la documentación preceptiva de puesta en marcha de las mismas. En este sentido, la empresa constructora es responsable como titular o usuario, de la infracción que se le imputa, y ello a tenor de lo dispuesto en el artº. 33 de la Ley 21/1992, de Industria, que considera responsable de la infracción tanto el propietario como aquellas otras personas que participen en la utilización de las instalaciones, cuando la infracción sea consecuencia directa de su intervención. Asimismo, el artº. 13 del Real Decreto 2.291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos dispone que el propietario, o en su caso, el arrendatario de un aparato de elevación ha de cuidar que éste se mantenga en perfecto estado de funcionamiento, así como impedir su utilización cuando no ofrezca las debidas garantías de seguridad para las personas o las cosas. Todo ello sin menos cabo de las acciones legales que puedan emprender contra la empresa instaladora Sertemac, si entiende que de su actuación profesional se deriva la obligación de reparar los daños y perjuicios ocasionados.
Tercero.- Las infracciones graves serán sancionadas con multas de 500.001 hasta 15.000.000 de pesetas, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 34.1.b) de la Ley de Industria. Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad recogido en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cuarto.- La Viceconsejería de Industria y Comercio es el órgano competente para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con lo establecido en el artº. 11.2 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Por todo lo cual, el Viceconsejero de Industria y Comercio, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
1.- Imponer a la empresa Bahuau, S.L., como responsable de dos hechos infractores graves las siguientes sanciones pecuniarias.
- Multa de 500.001 pesetas, por poner en funcionamiento una grúa-torre correspondiente al expediente GR 99/1298, sin haber presentado previamente la documentación preceptiva de puesta en marcha de la citada grúa en la Consejería de Industria y Comercio.
- Multa de 500.001 pesetas, por poner en funcionamiento una grúa-torre correspondiente al expediente GR 99/1299, sin haber presentado la documentación preceptiva de puesta en servicio de la misma.
2.- Las sanciones se harán efectivas a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente girará la Consejería de Economía y Hacienda.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria y Comercio, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente Resolución y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.-Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de abril de 2000.- El Viceconsejero de Industria y Comercio, Juan Guedes Faría.
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