BOC - 2001/033. Miércoles 14 de Marzo de 2001 - 420

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

420 - Dirección General de la Función Pública.- Resolución de 14 de febrero de 2001, por la que se dispone la creación y clasificación del puesto de trabajo de Tesorería del Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife, como puesto reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

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Examinado el expediente para la creación y clasificación del puesto de trabajo de Tesorería del Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife.

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Régimen Interno y Relaciones con la Administración Local.

Y teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) El Pleno del Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 2000, acordó:

"Primero.- Declarar la necesidad y conveniencia de crear un puesto de Tesorería en la plantilla del Consorcio de Tributos, cuyas funciones estarán reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería, Grupo A, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos del Ente, modificados por acuerdo del Pleno, adoptado en la sesión de 20 de octubre de 1998.

Segundo.- Iniciar el expediente correspondiente que será elevado a la Comunidad Autónoma de Canarias, como Administración competente para la ejecución en materia de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional."

2º) Por oficio de 17 de enero de 2000 (registro de salida nº 1.359), que tuvo entrada en esta Dirección General el día 22 siguiente, la Presidencia del Consorcio solicita que se autorice la creación de una plaza de Tesorería, reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife, constituido por el Cabildo Insular de Tenerife y veintiséis Ayuntamientos de esta isla, es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines, independientemente de las Corporaciones que lo integran, y tiene la consideración de un Ente Local, según el artículo 3 de sus Estatutos, aprobados por Decreto 121/1986, de 14 de julio, del Gobierno de Canarias; estando sometido en todos los aspectos de su actividad, no regulados en dichos Estatutos, a la normativa del Estado y de la Comunidad Autónoma aplicable a las Entidades Locales (artº. 57 de los Estatutos).

Acerca de la naturaleza jurídica de los Consorcios, el Tribunal Supremo, en sentencia de 30 de abril de 1999, ha estimado que la circunstancia de que los Consorcios no vengan incluidos como entidades locales en el artículo 3º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, no impide la caracterización como ente local de los que se constituyan, y que ejerzan funciones que se correspondan con competencias propias de los entes locales, ya que la enumeración que verifica el apartado segundo de este precepto no tiene carácter exclusivo. Es cierto -añade la Sentencia- que el artículo 107.2 del Texto Articulado Parcial de la Ley 41/1975, de Bases del Estatuto de régimen local, aprobado por Real Decreto 3.046/1977, de 6 de octubre, atribuía a los Consorcios la condición de entidades locales, y que esta norma no se reitera en el artículo 110.2 del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, pero ello se debe a que, dada la amplitud de fines que pueden asumir los Consorcios, y que puedan constituirse como entidades privadas sin ánimo de lucro (posibilidad que no admitía el artículo 107 del Real Decreto 3.046/1977), el Texto Refundido de 1986 no ha querido caracterizar a todos los Consorcios que puedan constituirse al amparo del artículo 110 como entidades locales, pero sin negarles tampoco tal consideración, permitiendo que en cada caso, según las circunstancias concurrentes, pueda determinarse si el Consorcio constituido es o no una entidad local.

La doctrina transcrita resulta plenamente aplicable al Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife, entidad que tiene por objeto esencial la gestión, inspección y recaudación de los tributos propios de las Corporaciones que la integran, según resulta del artículo 2º de sus Estatutos; por lo que, en consecuencia, ejerce funciones que se corresponden con competencias propias de las Entidades locales de acuerdo con el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

Segunda.- El artículo 159, número 1, del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril (B.O.E. números 96 y 97), en la redacción dada por Real Decreto-Legislativo 2/1994, de 25 de junio (B.O.E. nº 154), dispone que la competencia de ejecución en materia de creación, supresión y clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de su ámbito territorial, corresponde a la Comunidad Autónoma respectiva, cuyo órgano competente resolverá los expedientes de clasificación y ordenará la publicación de la resolución en su Diario Oficial, de acuerdo con el artículo 9º del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), por el que se regula la provisión de puestos de trabajo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Tercera.- Corresponde a la Dirección General de la Función Pública el ejercicio de las competencias que, respecto a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, están atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º, número 2, letra f), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, aprobado por Decreto 278/1999, de 7 de octubre (B.O.C. nº 143, de 27), con las adaptaciones a los Decretos 10/2001, de 29 de enero (B.O.C. nº 14) y 12/2001, de 30 de enero (B.O.C. nº 15).

Cuarta.- El artículo 6º del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, citado, dispone que los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en Comarcas, Áreas Metropolitanas, Mancomunidades de Municipios, Comunidades de Villa y Tierra u otras entidades similares se clasificarán por el órgano competente de la Comunidad Autónoma respectiva en los términos establecidos en el artículo 2 del presente Real Decreto, a instancia de aquéllas.

Vistos los documentos que integran el expediente, y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Primero.- Crear, en la plantilla del Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife, el puesto de trabajo de Tesorería, y clasificarlo como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de conformidad con los artículos 2º, letra f), y 6º del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio.

Dicho puesto ha de quedar reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-Tesorería, de la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Segundo.- Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, citado.

Tercero.- Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, o bien, a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Dirección General en el plazo de un mes a partir del día siguiente a que tenga lugar su publicación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2001.- La Directora General de la Función Pública, Cristina de León Marrero.



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