BOC - 2001/031. Viernes 9 de Marzo de 2001 - 723

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica

723 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 16 de febrero de 2001, relativo a notificación de Propuesta de Resolución dictada en el procedimiento sancionador incoado por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de 13 de octubre de 2000, contra la empresa Mivire, S.L. (Decor Acuarium), por la presunta comisión de infracción a la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Propuesta de Resolución que más adelante se transcribe, en el domicilio de la interesada que figura en el expediente sancionador incoado por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 13 de octubre de 2000, contra la empresa Mivire, S.L., por la presunta infracción prevista en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales; y no constando acreditada en el citado expediente la realización de aquélla, por imperativo de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se efectúa la misma mediante la publicación del presente anuncio.

"Acordada por Resolución del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 13 de octubre de 2000, la incoación de expediente sancionador a Mivire, S.L. (Decor Acuarium), por presunta comisión de infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, el Instructor del expediente emite la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Visto el expediente de su razón y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 25 de marzo de 1999 y bajo el nº 4645 de registro tuvo entrada en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación escrito de denuncia formulada por el Seprona de la Guardia Civil (ref.: ASM; nº 355) y mediante el que el citado Centro Directivo tuvo conocimiento de lo siguiente:

Personados el día 5 de marzo de 2000, a las trece horas, los agentes del nombrado Servicio que formularon la citada denuncia, en el establecimiento de venta de animales y accesorios Decor Acuarium (Mivire, S.L.), sito en al calle Santiago Beyro, 13, del término municipal de Santa Cruz de Tenerife, se identifica a D. Francisco Millet Villar, con D.N.I. nº 41.985.275-Z, en calidad de uno de los propietarios de dicho establecimiento, observándose lo siguiente:

1.- Que en el libro de registro de entrada y salida que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Dirección General de Producción Agraria) exige para el control de movimiento de los animales, únicamente figuran asentados los animales del Convenio CITES. Las demás especies no incluidas en dicho Convenio no están registradas.

2.- En las facturas entregadas por Decor Acuarium a los compradores por la venta de animales no cumple lo previsto en el artículo 12, apartado d) del Reglamento de la Ley 8/1991, de Protección de los Animales (se adjunta fotocopia).

3.- Dedicarse a la venta de perros procedentes de particulares. Según expone la citada entidad, los exponen en la tienda para su comercialización, siendo ésta la intermediaria entre el particular y el comprador. Los citados animales no constan en el libro registro.

Segundo.- Requerido que fue, sin éxito, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la nombrada Dirección General de Administración Territorial y Gobernación al objeto de que, en el plazo de un mes, instruyera el correspondiente expediente sancionador y, evacuado que fue, asimismo, el preceptivo informe por la Dirección General de Ganadería, según consta todo ello acreditado en el expediente, con fecha 13 de octubre de 2000 fue dictada por la citada Dirección General de Administración Territorial y Gobernación Resolución de inicio de expediente sancionador contra la empresa Mivire, S.L., Decor Acuarium por la presunta comisión de infracción tipificada en la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Tercero.- Contra la expresada Resolución de inicio, Dña. Elena Álvarez Reverón, en su condición de administradora y representante legal de la nombrada empresa, según acreditó debidamente, mediante sendos escritos con entrada en el Registro Central del Gobierno de Canarias los días 9 y 24 de noviembre de 2000, bajo los números 18576 y 19636, respectivamente, formuló las alegaciones que obran en el cuerpo de los mismos -las cuales se dan por enteramente reproducidas a los efectos del presente en evitación de innecesarias repeticiones- y propuso la práctica de diversa prueba documental, la cual fue declarada procedente por el Sr. Instructor del expediente según consta, igualmente, acreditado en el mismo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I.- Se declara probado que la empresa Mivire, S.L. (Decor Acuarium) no tenía inscritos en el Libro Registro de dicho establecimiento, en la fecha a la que se refiere el escrito de denuncia del Seprona en virtud del cual se incoa el presente procedimiento, la totalidad de los animales en el mismo albergados, figurando en el mismo, única y exclusivamente, los incluidos en el Convenio CITES.

Asimismo se declara probado que en la factura expedida por dicho establecimiento comercial a D. Gabriel León Molina, entre otros extremos, no consta, expresamente, el compromiso asumido por la misma, de forma clara y explícita, de resolver la compraventa cuando se aprecien defectos o vicios que den lugar a la evicción o al saneamiento, en el supuesto de que el animal en el período de quince días siguientes al de su entrega al comprador, muestre evidencia clínica de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa o parasitaria, cuyo inicio del período de incubación hubiera sido anterior a aquella fecha, según se acredite mediante certificación suscrita por facultativo veterinario. Antes al contario: en dicho documento se establece un período de ocho días por enfermedades víricas, para perros y gatos, únicamente.

La realidad de dichos hechos ha resultado acreditada mediante acta formalizada en documento público con observancia de los requisitos legales pertinentes por funcionarios del Seprona de la Guardia Civil que obra en el expediente, al no haber sido desvirtuado su contenido, ni por las alegaciones formuladas en su defensa por la interesada, ni por el resultado de la prueba documental practicada a propuesta suya;prueba, la referida, concretamente la más documental, que en modo alguno pone en tela de juicio la realidad de los hechos cuya comisión ahora se le imputa a la inculpada al venir aquélla referida a una inspección anterior en el tiempo cuyo resultado, aunque favorable en aquel entonces, no invalida el resultado del acta en virtud del cual se inició el presente procedimiento sancionador.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137.3 de la LRJ-PAC y 17.5 del RP, y reiterada jurisprudencia sobre la materia, dicha acta constituye por sí sola, prueba de cargo suficiente para sancionar a la nombrada inculpada.

II.- Los referidos hechos declarados probados son constitutivos de sendas infracciones graves, tipificadas en el artículo 24.2, letra d) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, según el cual se considera como tal el incumplimiento por parte de los establecimientos, de las condiciones para el mantenimiento temporal de animales de compañía, cría o venta de los mismos, o de cualquiera de los requisitos y condiciones establecidos en la presente Ley o en sus normas de desarrollo reglamentario; normas, estas últimas, que disponen que los establecimientos dedicados a la venta de animales de compañía -tal es el caso de la inculpada- deberán cumplir, en los términos que reglamentariamente se precisen, entre otros requisitos el de llevar un registro donde se especifique, para cada animal, la fecha de entrada, procedencia, identificación individual de la especie o raza, fecha de salida o destino (artículo 13 de la Ley 8/1991, de 30 de abril, en relación con el artículo 53 del Decreto 117/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de la misma), así como que, en la compraventa de animales de compañía el vendedor entregará al nuevo propietario, documento en el que, entre otros extremos, se haga constar el compromiso asumido por la misma, de forma clara y explícita de resolver la compraventa cuando se aprecien defectos o vicios que den lugar a la evicción o al saneamiento, en el supuesto de que el animal en el período de quince días siguientes al de su entrega al comprador, muestre evidencia clínica de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa o parasitaria, cuyo inicio del período de incubación hubiera sido anterior a aquella fecha, según se acredite mediante certificación suscrita por facultativo veterinario (artículo 12 del citado Decreto 117/1995, de 11 de mayo).

SE PROPONE

Sancionar a la empresa Mivire, S.L. (Decor Acuarium), cuyas restantes circunstancias personales ya constan acreditadas en el expediente, con sendas multas de veinticinco mil una (25.001) pesetas cada una, por la comisión de dos infracciones graves previstas y tipificadas en el artículo 24.2.d) de la Ley 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales.

Es todo cuanto se propone. No obstante el órgano competente resolverá lo que estime pertinente.- Santa Cruz de Tenerife, a 13 de diciembre de 2000.- El Instructor, Diego A. Encinoso Reverón."

Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se le indica a la nombrada interesada la puesta de manifiesto del procedimiento al que se contrae la transcrita propuesta de Resolución, cuyo expediente se encuentra a su disposición en el despacho oficial del Instructor del mismo (sito en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, Avenida José Manuel Guimerá, 8, planta 1ª, despacho 123, Santa Cruz de Tenerife), al objeto de que si así le conviniere pueda obtener copias de los documentos obrantes en él y, en su caso, formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en el plazo de quince días, ante el nombrado Instructor.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de febrero de 2001.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan González Martín.



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