No habiéndose podido notificar a D. Michael Ruecker en su calidad de promotor, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Orden Departamental dictada en el expediente tramitado en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 542/99-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Michael Ruecker, la Orden Departamental dictada por el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente nº 619, de fecha 4 de agosto de 2000, recaída en el expediente 542/99-U, instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, y que dice textualmente:
"Expediente nº: 542/99-U. Municipio: Los Llanos de Aridane.
Por la que se resuelve:
Recurso de alzada contra Resolución de suspensión de obras.
Examinado el recurso de alzada interpuesto por D. Michael Ruecker contra la Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 466, de fecha 2 de diciembre de 1999, y vistos los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 2 de diciembre de 1999, el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dictó Resolución nº 466, notificada el día 18 de mayo de 2000, por la que se ordenaba la suspensión de las obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de tres alturas, promovida por D. Michael Ruecker, en el lugar conocido por Hoyo del Verdugo, en el término municipal de Los Llanos de Aridane.
Segundo.- Contra la citada Resolución, con fecha 19 de junio de 2000, se interpuso recurso de alzada por el promotor de las obras, en el que sucintamente expone que:
- La Resolución dictada es nula de pleno derecho al haber sido dictada por órgano manifiestamente incompetente.
- Por no existir los presupuestos de hecho para intervención de la Agencia, toda vez que el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane estaba actuando al respecto en uso de sus competencias de Disciplina Urbanística, sin que procediera la intervención de la Agencia por inactividad municipal.
- Que las obras son anteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, por lo que la misma no resulta de aplicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma, de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero).
II
En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado, hay que señalar:
a) En cuanto a la competencia, la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, actualmente refundida por el Decreto Legislativo 1/2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, otorga en su artículo 176 competencias de esta Agencia para suspender los actos o usos del suelo en ejecución que carezcan de amparo legal que las legitime; siendo que el Decreto 129/1999, en vigor, por el que se aprueban las normas provisionales para la inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, establece en la Disposición Adicional Única: "se suprime la Dirección General de Disciplina Urbanística y Medioambiental, asumiendo las competencias de ésta la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural".
b) En cuanto a los presupuestos de hecho para adoptar las medidas cautelares de suspensión, la competencia de la Agencia para aplicar la medida cautelar de suspensión se otorga indistintamente junto a la del Ayuntamiento, de modo que no se arbitra como una subrogación de competencias en defecto de la inactividad municipal.
c) De conformidad con lo establecido en el artículo 180 de la Ley 9/1999, ahora Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, la Administración podrá adoptar válidamente las medidas cautelares, entre las que se halla la suspensión de obras -artículo 176 "... mientras los actos y usos estén en curso de ejecución ..."- tal y como acontece en el presente caso.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto y en estricta aplicación de la normativa urbanística y competencial en vigor al dictar la Resolución que ahora se impugna, está legitimada esta Agencia para dictar la Resolución impugnada, por lo que no se aprecia la nulidad de pleno derecho alegada por el recurrente, al concurrir los presupuestos de hecho y de derecho prescrito por la normativa en vigor y que legitiman el acto administrativo dictado.
III
Vista la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias y, en especial, en cuanto a la competencia para resolver el presente recurso, el artículo 29.1.e), de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
En su virtud,
D I S P O N G O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto D. Michael Ruecker, contra la Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 466, de fecha de 2 de diciembre de 1999, debiéndose considerar la misma firme a todos los efectos.
Segundo.- Notificar al interesado, y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
2.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 17 de enero de 2001.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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