La Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias (L.O.T.C.), publicada en el Boletín Oficial de Canarias de 14 de mayo de 1999, mediante su Disposición Adicional Segunda, crea el ente público denominado Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
Mediante Decreto 129/1999, de 17 de junio (B.O.C. nº 88, de 8 de julio), por el que se aprueban las normas provisionales para la inmediata puesta en funcionamiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, establece en su artº. 1 que la misma queda adscrita a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente. Asimismo, el Decreto 157/1999, de 20 de julio (B.O.C. nº 97, de 21 de julio), por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria, dispone el artículo 6.4 que la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente preste apoyo administrativo a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
Teniendo en cuenta que el artículo 13.1.b) de la Ley 7/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2001, atribuye a los titulares de los Departamentos la competencia para la autorización de ampliación de los créditos, que amparen gastos de personal conforme a lo establecido en el artículo 36.2, apartados a), b), salvo que venga impuesto por resolución judicial firme, y d) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y anexo I de la Ley mencionada en primer lugar, apartados 1.a), 1.b), 1.c) y 2.
Dado que los expedientes de ampliación de créditos conllevan un conjunto de trámites que pueden acarrear retrasos innecesarios en la gestión de las nóminas de personal, se estima oportuno, por razones de índole técnico que lo justifican, delegar en el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la competencia para autorizar la ampliación de créditos de la citada naturaleza.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias,
D I S P O N G O:
Delegar en el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la competencia para resolver los expedientes de autorización de ampliación de créditos que amparen gastos de personal conforme a lo establecido en el artículo 36.2, apartados a), b), salvo que vengan impuestos por resolución judicial firme, y d) de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y anexo I, apartados 1.a), 1.b), 1.c) y 2 de la Ley 7/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2001.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de enero de 2001.
EL CONSEJERO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE,
Tomás Van de Walle de Sotomayor.
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