No teniendo constancia esta Dirección General de Salud Pública del domicilio de la persona física y jurídica que se relaciona, y siendo preciso notificarle la Propuesta de Resolución recaída en el expediente incoado contra la misma, por la presunta comisión de una infracción grave a la normativa sanitaria vigente en materia de salud pública, y teniendo en cuenta lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Esta Dirección General de Salud Pública, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
1.- Notificar a la persona física y jurídica que se cita, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que le ha sido instruido por infracción grave a la normativa sanitaria vigente en materia de salud pública.
El interesado podrá interponer escrito de alegaciones contra la Propuesta de Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante la Instructora del procedimiento.
El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, la correspondiente Propuesta de Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 2000.- El Director General de Salud Pública, Antonio Cabrera de León.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN FORMULADA POR EL ÓRGANO INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº LS/131/00, INICIADO POR EL DIRECTOR DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD, A DÑA. MILAGROS LÓPEZ RODRÍGUEZ, POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVA SANITARIA.
Acordada por el Director del Servicio Canario de la Salud la iniciación del expediente sancionador nº LS/131/00 a Dña. Milagros López Rodríguez, por supuesta infracción a la normativa sanitaria, la Instructora de este expediente, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 198, de 9.8.93), concluida, en su caso, la prueba, formula la siguiente Propuesta de Resolución, de acuerdo con los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En fecha 15 de marzo de 2000, el Inspector del Servicio Canario de la Salud levantó acta de inspección nº 0583 y anexo, al centro dedicado a la actividad de guardería infantil denominado La Pantera Rosa, situado en la calle Barcelona, 21, en el término municipal de Puerto del Rosario, Fuerteventura, propiedad de Dña. Milagros López Rodríguez, con D.N.I. nº 42.851.901, constatando los siguientes hechos:
- Carece de autorización de apertura, ampliación o transformación de la Dirección General de Salud Pública.
- Se encuentra abierta al público.
- Con un total de 20 niños matriculados, con edades comprendidas entre 13 y 36 meses.
En cuanto a las instalaciones:
- Existen barreras arquitectónicas.
- La iluminación artificial no es semidirecta.
- En la zona de seguridad, hasta 1,20 metros de altura, existe un cristal en la parte superior de una puerta que no es de seguridad y plantas peligrosas.
- El dormitorio tiene 12 metros cuadrados.
- Una cama de barandilla tiene todo el lateral de barandillas roto.
- En los servicios higiénicos usan toallas no desechables.
- No tiene patio de recreo.
- En el vestuario no hay una pica. Tampoco tiene armarios individuales para la ropa limpia de cada niño, utilizan un perchero.
- No tienen enfermería.
- En el botiquín no hay material de cura y material médico.
- En cuanto a las dependencias del personal no dispone de despacho o cuarto de estar que eventualmente pueda servir como vestuario.
- No dispone de agua potable en el servicio de niños.
Segundo.- Por acuerdo del Director del Servicio Canario de la Salud, de fecha 23 de junio de 2000, se inició el expediente sancionador nº LS/131/00, a Dña. Milagros López Rodríguez, por la comisión de los hechos relacionados en el antecedente de hecho primero que pudieran ser constitutivos de infracción grave a la normativa sanitaria, adoptando como medida de carácter provisional la suspensión temporal de la actividad por razones de sanidad, higiene y seguridad, nombrando al efecto Instructora y Secretario, notificando el mismo a los interesados en fecha 13 de julio de 2000, para que efectúen la aportación de cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, la proposición y práctica de la prueba.
Tercero.- Dentro del plazo establecido al efecto el interesado no presenta alegación alguna.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Director del Servicio Canario de la Salud es competente para iniciar y resolver el presente procedimiento, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 29.2 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 32, de 15.3.95), así como para adoptar las medidas de carácter provisional necesarias según lo establecido en los artículos 13.e) y 15 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, citado, en concordancia con los artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, reseñado.
Tercero.- En principio, el hecho que figura recogido en el acta de la inspección, transcrito en el antecedente de hecho primero de esta Propuesta de Resolución, se presume cierto, salvo que del conjunto de las pruebas que se practiquen resulte concluyente lo contrario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. de 15 de julio de 1983) y tendrá valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados, a tenor de lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y B.O.E. nº 12, de 14.1.99) y artículo 15 de la Ley 2/2000, de 17 de julio, de medidas económicas, en materia de organización administrativa y gestión relativas al personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de establecimiento de normas tributarias, que modifica, añadiendo al artículo 28 un nuevo párrafo, la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias (B.O.C. nº 94, de 28.7.00)y B.O.C. nº 96, de 5.8.94).
Cuarto.- Analizados los hechos imputados se aprecia que son constitutivos de infracciones a lo dispuesto en los artículos 2, 4, 9, 10.j), l), 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 y 21 del Decreto 101/1990, de 7 de junio, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las guarderías infantiles (B.O.C. nº 84, de 6.7.90) y artículo 3 del Real Decreto 2.505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Manipuladores de Alimentos (B.O.E. nº 225, de 20.9.83).
Quinto.- Considerando innecesario acordar la práctica de ninguna prueba por quedar suficientemente acreditados los hechos imputados, conforme a lo establecido en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, citado, y al no efectuar la parte interesada alegación alguna sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo previsto en el artículo 16.1 del mismo, la iniciación se considera Propuesta de Resolución, procediendo a su notificación a los interesados de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto referido.
Sexto.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias (B.O.C. nº 96, de 5.8.94), estas infracciones sanitarias deben calificarse de graves.
Séptimo.- Conforme a los apartados 1.b) y 5 del artículo 39 de la citada Ley 11/1994, y demás preceptos jurídicos de aplicación, esta Instrucción eleva al Director del Servicio Canario de la Salud la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Que de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos jurídicos expuestos procede dictar Resolución imponiendo a Dña. Milagros López Rodríguez, propietaria del centro dedicado a la actividad de guardería infantil denominado La Pantera Rosa:
1.- Una sanción con multa de seiscientas mil (600.000) pesetas, como responsable de la comisión de las infracciones graves a lo dispuesto en los artículos 2, 4, 9, 10.j) y l), 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20 y 21 del Decreto 101/1990, de 7 de junio, por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias de las guarderías infantiles (B.O.C. nº 84, de 6.7.90) y artículo 3 del Real Decreto 2.505/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Manipuladores de Alimentos (B.O.E. nº 225, de 20.9.83).
2.- Continuar con la suspensión temporal de la actividad hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene y seguridad, comunicando, regularmente, a la Dirección General de Salud Pública, el estado en que se encuentra la citada guardería.- Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de agosto de 2000.- La Instructora, Letizia Sancho Villarreal.
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