BOC - 2000/147. Miércoles 8 de Noviembre de 2000 - 3954

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

3954 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 17 de octubre de 2000, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra las mismas por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

El pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) Visto el expediente nº 38/38/2000.

INSTRUIDO A: Almacenes Tiendas 10, S.L., Centro 10.

D.N.I.-N.I.F.: B38396826.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 27 de agosto de 1999, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Centro 10 del que es titular Almacenes Tiendas 10, S.L. con domicilio en Hotel Gran Tinerfe-Pueblo Canario-Playa de Las Américas, término municipal de Adeje y extiende el acta 11491, procediendo a comprobar etiquetado de una prenda de vestir de señora -pantalón vaquero- en cuya etiqueta constan los siguientes datos: "wash dark colours separately wash inside out, size 12, made in G.B., 100% Cotton". Siendo estos hechos constitutivos de infracción en materia de consumo al no figurar las inscripciones obligatorias de etiquetado en la lengua oficial del Estado español.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artº. 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 928/1987, de 5 de junio (B.O.E. nº 170), sobre etiquetado y composición de los productos textiles.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 11 de abril de 2000, mediante personal funcionario de esta Dirección General de Consumo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Almacenes Tiendas 10, S.L. la sanción de multa de cien mil (100.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 23 de junio de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

2) Visto el expediente nº 38/89/2000.

INSTRUIDO A: Chiara Dal Borgo Emporium.

D.N.I.-N.I.F.: X1876067A.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 22 de septiembre de 1999, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de venta al menor de ropa de caballero de rótulo Emporium, del que es titular Chiara Dal Borgo, con domicilio en calle General Franco, 40, Los Cristianos, término municipal de Arona y extiende el acta 12078, comprobando que este establecimiento posee dos escaparates exteriores; en uno de ellos se exponen dieciocho prendas de vestir de caballero (camisas, pantalones, cinturones, etc.) que carecen de su precio de venta al público visible. En el segundo de los escaparates se exhiben un total de cuarenta prendas, de las cuales sólo tres tienen visible su precio de venta al público. Los hechos expuestos son constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable, el artº. 34, apartado 5, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3.2.93), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en venta al publico de artículos al por menor.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo provisto de nº 975, de fecha 4 de abril de 2000, sucintamente, manifiesta:

"Dentro del plazo que se me concede en la propia notificación anteriormente citada, quisiera dejar constancia, en defensa de mis intereses, que el propio día en el que se giró visita al establecimiento, así como el día anterior y el posterior a ese, estaba procediendo a la total renovación de los escaparates de la tienda, cambiando las prendas por fin de temporada, motivo por el cual, y durante esos pocos días, las prendas expuestas no tenían, todavía, los precios de venta colocados.- Ruego pues que se tenga en cuenta lo expuesto, antes de proceder a la resolución del expediente de referencia."

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, dado que la alegada renovación de escaparates, no es causa que pueda eximir o atenuar de responsabilidad al interesado, por cuanto que la normativa de precios que se infringe tiene, entre otros, como objeto dotar en todo momento al consumidor de información sobre el precio de los productos que se le ofertan.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Chiara Dal Borgo la sanción de multa de setenta y cinco mil (75.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 18 de julio de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

3) Visto el expediente nº 38/92/2000.

INSTRUIDO A: Eka Hotel & Restaurations Betriese, S.L. Inmobiliaria Eurocasa.

D.N.I.-N.I.F.: B38544813.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 14 de septiembre de 1999, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Inmobiliaria Eurocasa del que es titular Eka Hotel & Restaurations Betriese, S.L., con domicilio en Avenida Francisco Miranda, 12, término municipal de Icod de los Vinos y extiende el acta 1211, comprobando que esta Entidad tiene para la venta al público viviendas pertenecientes a los Edificios Princesa y Rey, ubicados en La Centinela, término de Icod de los Vinos, no teniendo a disposición del Inspector actuante la información que impone el artº. 4 del Real Decreto 515/1989, relativa a la inscripción del inmueble en el Registro de la Propiedad, plano de emplazamiento de la vivienda y descripción de los trazados de las redes eléctricas de agua y gas y garantía de las mismas, instrucciones sobre el uso y conservación de las instalaciones que lo exijan. Los hechos expuestos son constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: Resulta aplicable el artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, artículo 3º, apartado 3.3.4 y 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril (B.O.E. nº 117), sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compraventa y arrendamiento de viviendas.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito enviado por fax a esta Dirección General de Consumo de fecha 13 de marzo de 2000, sucintamente, manifiesta:

Que los datos que nuestra oficina da a los clientes que solicitan una primera información, consideramos que son lo suficientemente completos y sin ocultación de dato alguno.

Que una vez el cliente se interesa por el producto se le lleva a pie de obra, donde puede ver la tipología de la construcción y complementar los datos que solicite a la vista del proyecto completo que existe en cada una de las obras.

Datos que se aportan al cliente:

- Planos generales por planta.

- Planos individuales por tipos de vivienda.

- Medidas y superficies de cada vivienda.

- Distribución de las mismas.

-Memoria de calidades.

- Servicio de cada edificación.

Por todo ello, pensamos que los datos que solemos aportar como información son los que normalmente nos solicita el propio cliente, no obstante estamos de acuerdo en asumir el hecho de incluir los datos que nos sugieren en nuestra información, rogando se nos disculpe de esta posible infracción cometida, ya que todo ello es debido a que ningún cliente la solicita.

Por todo lo anteriormente expuesto rogamos su máxima consideración, ya que no observamos sea una falta tan sumamente grave.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, dado que en sus alegaciones reconoce como ciertos aquellos hechos. Y teniendo en cuenta que la preceptiva información que el Real Decreto 515 /1989 impone facilitar en la compra-venta de viviendas, ha de estar a disposición, tanto del público como de las autoridades competentes, con independencia de que sea o no solicitada por los posibles compradores.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Eka Hotel & Restaurations Betriese, S.L. la sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía Administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 25 de julio de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

4) Visto el expediente nº 38/144/2000.

INSTRUIDO A: Supermercado Cumara, S.L.

D.N.I.-N.I.F.: B38450037.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de octubre de 1999, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de venta al menor de productos alimenticios del que es titular Supermercado Cumara, S.L., con domicilio en calle Masaroco, 23, término municipal del Puerto de la Cruz y extiende el acta 12420, comprobando que el citado establecimiento carece de las preceptivas Hojas de Reclamaciones y del Cartel anunciador de su disponibilidad, siendo estos hechos constitutivos de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148), artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168) y artículo 34, apartado 10, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado, en escrito presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo provisto de número 1232 de fecha 5 de mayo de 2000, sucintamente, manifiesta:

En el acta de la inspección se hizo constar por el funcionario actuante la carencia de las preceptivas Hojas de Reclamaciones.

Que en dicho acto, el establecimiento estaba atendido momentáneamente por una amiga de la compareciente, ajena totalmente a la actividad de la empresa, como es obvio la ubicación de la documentación de la empresa, hecho que le fue manifestado al Inspector actuante y que no ha sido recogido en el acta.

Que la empresa recurrente posee las citadas Hojas de Reclamaciones de las que se proveyó en el momento oportuno, cuya numeración se corresponde correlativamente desde el número 0085041 al 0085045, ambos inclusive, referencias que deben constar en el oportuno expediente obrante en esa Dirección General.

En concordancia con cuanto antecede, solicita al Sr. Instructor, previas las comprobaciones que procedan, eleve su razonado informe a la Superioridad, en el que se contemple la propuesta de cancelación del citado expediente, sin imposición de sanción alguna, al estimar inexistente la infracción imputada y su posterior archivo.

CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, dado que las Hojas de Reclamaciones, según dispone su normativa reguladora, han de estar a disposición de los consumidores, y aunque alega la interesada poseer tales documentos sin que la persona que estaba al frente del establecimiento conociera el lugar donde se hallaban, es por lo que resulta evidente que no existía tal disponibilidad. De otra parte, queda probado que en el momento de la inspección no se exponía al público el Cartel anunciador de las Hojas de Reclamaciones, hecho que es igualmente constitutivo de infracción en materia de consumo.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Supermercado Cumara, S.L. la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía Administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

5) Visto el Expediente nº 38/221/2000.

INSTRUIDO A: José Manuel Mascareño Gil. Toldos Tenerife.

D.N.I.-N.I.F.: 43610727J.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 19 de enero de 2000, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular D. José Manuel Mascareño Gil, con domicilio en calle Juan de Garay, 23, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta nº 5842, procediendo a comprobar reclamación nº 1430/99, formulada por Dña. Pilar González Núñez, con D.N.I. nº 41774871, siendo motivo de la misma la negativa del reclamado a devolverle 20.000 pesetas, que le había entregado a cuenta para la confección de un toldo y toda vez que el trabajo encargado no se realizó.

Personado el Inspector actuante se comprueba que esta empresa no tiene disponibles las preceptivas Hojas de Reclamación, ni expone el cartel anunciador de su existencia. Siendo las referidas omisiones constitutivas de infracción en materia de consumo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: es de aplicación lo establecido en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, introducido por la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 7 de julio de 2000, mediante carta certificada con aviso de recibo sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a José Manuel Mascareño Gil la sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía Administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

6) Visto el expediente nº 38/265/2000.

INSTRUIDO A: Airtel Móvil, S.A.

D.N.I.-N.I.F.: A80907397.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de enero de 2000, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento del que es titular Airtel Móvil, S.A., con domicilio en Avenida Bravo Murillo, 5, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta nº 5817, procediendo a ampliar diligencias del acta nº 16305 de fecha 2 de diciembre de 1999 y comprobar reclamación nº 412/99, formulada por D. Adelto Medina Pérez, con D.N.I. nº 42173075, siendo motivo de la misma las presuntas irregularidades cometidas por esta empresa en el cobro de un terminal telefónico, Ericsson 628, que se abonó por el reclamante con tarjeta Visa, y que posteriormente se le solicita nuevo pago por el mismo concepto.

Personado el Inspector actuante en acta 16305, se solicita al compareciente escrito explicativo de la reclamación presentada por el Sr. Medina, concediéndosele al efecto un plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo sin que tal documento fuese remitido, se reitera la petición en acta nº 5817, otorgándose nuevo plazo de diez días. Dado que nuevamente se incumple con lo solicitado en acta, se incurre en infracción en materia de consumo al no colaborar con los Servicios de Inspección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artículo 5º, apartado 5.1, en relación con el artº. 14.1 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria y en concordancia con el artº. 34.8 de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 4 de julio de 2000, mediante personal funcionario de esta Dirección General de Consumo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Airtel Móvil, S.A. la sanción de multa de doscientas mil (200.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de septiembre de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

7) Visto el expediente nº 38/283/2000.

INSTRUIDO A: Petisú, S.L., Boutique del Pan Dulcería Petisú.

D.N.I.-N.I.F.: B38064010.

MOTIVACIÓN

Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de enero de 2000, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Dulcería Petisú, del que es titular Petisú, S.L., con domicilio en la calle Juan XXIII, 20, Los Cristianos, término municipal de Arona, y extiende el acta 16331, comprobándose que este establecimiento carece de Hojas de Reclamaciones. Asimismo, se comprueba que tiene expuesto para su venta al público productos de dulcería y bollería careciendo del preceptivo marcado de precios de venta al público. Por último se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de esta Dirección General determinada documentación -último recibo del pago del Impuesto de Actividades Económicas-, transcurriendo el plazo concedido al efecto sin que la documentación fuera remitida por el interesado, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no aportar la documentación solicitada por los Servicios de Inspección.

FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta de aplicación:

Por carecer de Hojas de Reclamaciones, los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 148), artículo 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en relación con el artículo 3, apartado 3.3.6, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168) y artículo 34, apartado 9, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).

Por carecer de p.v.p., el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2.1, 4.1 y 8.1 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29).

Por no aportar la documentación solicitada, el artículo 5º, apartado 5.1 en relación con el artº. 14 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 34 la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176).

CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 21 de junio de 2000, mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

R E S U E L V O:

Imponer a Petisú, S.L., Boutique del Pan la sanción de multa de ciento cincuenta mil (150.000) pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de agosto de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de octubre de 2000.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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