Habiendo sido intentada la notificación del citado Acuerdo de inicio de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 28 de abril de 2000 fue efectuado acuerdo de reintegro del tenor literal siguiente:
Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado en diligencias de información previa que por parte de la entidad A.C.F.P. Ocupacional Didage et Labora beneficiaria de una subvención de las previstas Título II, Capítulo II, del Decreto 69/1996, de 18 de abril, por el que se regulan los Programas para el fomento y el mantenimiento del empleo y de la economía social (B.O.C. nº 55, de 6.5.96), "Programa de formación y promoción de la economía social: Actividades de Fomento", por importe de tres millones doscientas veinte y tres mil cuatrocientas noventa y cinco (3.223.495) pesetas, concedida mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo con el nº 1.862 de fecha 11 de diciembre de 1997, se ha incurrido en la siguiente causa determinante del reintegro de la referida subvención:
Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión de la subvención y normas reguladoras. Y eso es así por las siguientes razones:
a) En el resuelvo cuarto de la resolución de concesión se indica que la entidad beneficiaria vendrá obligada:
1. A realizar la actividad objeto de subvención en el plazo de ocho meses a contar desde la notificación de la resolución de concesión.
2. A justificar la utilización de los fondos públicos en el plazo de un mes desde la fecha de realización de la acción cuyo coste asciende a tres millones doscientas veinte y tres mil cuatrocientas noventa y cinco (3.223.495) pesetas, presentado ante el Instituto Canario de Formación y Empleo documentación justificativa del gasto y memoria de las acciones realizadas. Dicha memoria justificativa será remitida a estos efectos por el Instituto Canario de Formación y Empleo.
B)Que la entidad beneficiaria aporta el 17 de julio de 1998 y el 23 de febrero y 9 de abril de 1999, memoria de la actividad realizada, que en su momento fue remitida a tales efectos por el Instituto Canario de Formación y Empleo, acompañada de diversas facturas, todo ello previos requerimientos efectuados por este Organismo.
C) Que una vez revisada la documentación justificativa aportada en las fechas antes indicadas, se procede a realizar requerimiento a efectos de subsanar los errores detectados en la misma, mediante escrito de fecha 30 de junio de 1999, con registro de salida nº 5.487, otorgándole un plazo de diez días, bajo el apercibimiento de que si así no lo hiciera se procedería a iniciar el correspondiente expediente de reintegro. Dicho escrito fue recibido por la entidad el 7 de julio de 1999, según acuse de recibo que obra en el expediente.
D)Que el 19 de julio del mismo año (R.E. nº 9.680), la entidad solicita ampliación del plazo para presentar la documentación requerida, sin que a la fecha de inicio del expediente, la entidad haya aportado la documentación justificativa requerida.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 3.d) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto y 3.15 del Decreto Territorial 18/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en relación con lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ACUERDO: Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad A.C.F.P. Ocupacional Didage et Labora, mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo con el nº 1.862 de fecha 11 de diciembre de 1997, por las causas mencionadas, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- Notifíquese este Acuerdo, según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administración Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Contra el presente Acuerdo no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio que el interesado, conforme a lo previsto en el artº. 107.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, puede alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de junio de 2000.-El Director, p.d., el Jefe de Servicio de Apoyo a la Economía Social (Resolución nº 2.957, de 29.9.99), Adolfo Faleh Pérez.
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