Habiendo sido intentada la notificación de la Orden de 10 de febrero de 2000 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se desestiman los recursos de alzada interpuestos por Dña. Carmen Álvarez Ramos, D. Francisco Javier Arocha Henríquez, D. David de la Fuente Ferrán, D. Juan Teodoro García Perdomo, Dña. María Luisa Hernández Benayas, Dña. Cristina León Castro y D. Luis Gabriel Veiras Vicente, sin que haya sido recibida por Dña. María Luisa Hernández Benayas, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación, del tenor literal siguiente:
"Vistos los recursos de alzada interpuestos por Dña. Carmen Álvarez Ramos, D. Francisco Javier Arocha Henríquez, D. David de la Fuente Ferrán, D. Juan Teodoro García Perdomo, Dña. María Luisa Hernández Benayas, Dña. Cristina León Castro y D. Luis Gabriel Veiras Vicente, contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, de fecha 15 de septiembre de 1999, por la que se suspende la ejecución de las propuestas de los Tribunales Calificadores de las especialidades de Farmacia y Veterinaria Asistenciales de elaboración de las listas de reserva para la cobertura interina de plazas de Técnicos Inspectores de Salud Pública, según convocatoria efectuada por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 4 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 64, de 19.5.99), y se demora la entrada en vigor de la Resolución de ese Centro Directivo nº 129, de 10 de agosto de 1999, por la que se aprueban y se hacen públicas las mencionadas listas de reserva. Y en atención a los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO Primero.- Que por Resolución de 4 de mayo de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, se convoca concurso-oposición para la constitución de una lista de reserva en el Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Titulados Sanitarios, especialidades de Farmacia y Veterinaria Asistenciales para la cobertura, como funcionarios interinos, de plazas de Técnicos Inspectores de Salud Pública en las distintas Direcciones de Área del Servicio Canario de la Salud por encontrarse las plazas vacantes o por ausencia de su titular (B.O.C. nº 64, de 19.5.99).
Segundo.- Que con fecha 10 de agosto de 1999, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud dicta Resolución nº 129, por la que se hace público el resultado del proceso selectivo en virtud de la convocatoria efectuada mediante Resolución de 4 de mayo de 1999, antes citada, y en la que se establece que las listas de reserva entrarían en vigor el dieciséis de septiembre de 1999.
Tercero.- Que con fecha 15 de septiembre de 1999, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud dicta Resolución por la que se suspende la ejecución de las propuestas de los Tribunales Calificadores de las Especialidades de Farmacia y Veterinaria Asistenciales de elaboración de las listas de reserva para la cobertura interina de plazas de Técnicos Inspectores de Salud Pública, según convocatoria efectuada por Resolución del citado órgano de 4 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 64, de 19.5.99) y se demora la entrada en vigor de la Resolución de ese Centro Directivo nº 129, de 10 de agosto de 1999. La citada Resolución fue publicada el 20 de septiembre de 1999.
Cuarto.- Que mediante escritos presentados en la Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife el 20 de octubre de 1999, los aspirantes del referido proceso selectivo que a continuación se relacionan, quienes figuran en las listas de reserva correspondientes a la Especialidad de Farmacia Asistencial, interponen ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo recurso de alzada contra la precitada Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de fecha 15 de septiembre de 1999, solicitando se dicte Resolución por la que se anule la misma y se declare la vigencia de las listas de reserva así como la continuación del procedimiento tendente a la provisión de las plazas convocadas:
- Carmen Álvarez Ramos.
- Francisco Javier Arocha Henríquez.
- David de la Fuente Ferrán.
- Juan Teodoro García Perdomo.
- María Luisa Hernández Benayas.
- Cristina León Castro.
- Luis Gabriel Veiras.
Los recurrentes fundamentan sustancialmente su pretensión en el hecho de que entienden que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para que proceda la suspensión ya que la Resolución recurrida no acredita la existencia de un perjuicio de imposible reparación e incumple el requisito de "ponderación de los intereses en conflicto", siendo éste uno de los tres requisitos que exige el Auto del Tribunal Supremo de 15 de junio de 1983, para que proceda la suspensión de la ejecución de los actos administrativos. En cuanto al incumplimiento de este último requisito, que consideran infringe, asimismo, el artículo 54 de la citada Ley, alegan que no se han ponderado los intereses de los que han presentado recurso contra actos de los Tribunales Calificadores y los de los restantes opositores que se encuentran incluidos en las listas de reserva, a los que la paralización de la provisión de las plazas convocadas ha ocasionado un grave perjuicio, así como tampoco los intereses de aquellos y el interés público, considerando que de haberse realizado dicha ponderación se habría llegado a la conclusión de que el interés público exige la ejecución inmediata para la provisión de los puestos convocados por aquellos que figuran en la lista de reserva ya que, tal y como reconoce la propia Resolución de 4 de mayo de 1999, debe primar la necesidad de protección a la Salud Pública, evitando los riesgos que para la misma representa la interrupción de las funciones de vigilancia y control que tienen atribuidos los puestos de Técnicos Inspectores de Salud Pública que se encuentran vacantes.
Asimismo, alegan los recurrentes que aún en el supuesto de que dicha ponderación se hubiera realizado tampoco procedería la suspensión ya que los intereses de los que han presentado recurso contra actos de los Tribunales Calificadores no tienen porqué prevalecer sobre el interés de protección a la salud pública y los de los restantes opositores que han superado las pruebas realizadas y se encuentran en condiciones de acceder a las plazas convocadas.
Quinto.- Que por la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud se emitió el correspondiente informe-propuesta.
A los citados hechos son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Que la competencia para resolver el presente recurso de alzada corresponde al Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud (B.O.C. nº 32, de 15.3.95).
Segundo.- Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada, procede la acumulación de los recursos relacionados en el antecedente de hecho cuarto de esta Orden, al guardar los mismos identidad sustancial.
Tercero.- Que en cuanto a la alegación de los recurrentes de que no se ha realizado la previa ponderación que exige el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, anteriormente citada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, debe señalarse que ello no es cierto ya que la Resolución recurrida, en su fundamento jurídico primero, establece que la suspensión de las propuestas de los Tribunales Calificadores de las especialidades de Farmacia y Veterinaria Asistenciales "no genera perjuicio al interés público o a terceros ya que los servicios se encuentran cubiertos, de acuerdo con la autorización que para ello otorga la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/1999, de 4 de febrero".
Asimismo, la Resolución recurrida motiva, en el mismo fundamento jurídico, los perjuicios que podrían causarse a aquellos aspirantes que interpusieron recursos de alzada contra actos de los Tribunales Calificadores de no acordarse la suspensión, al señalar que la resolución de dichos recursos podría determinar, como así ha ocurrido, alteraciones en la composición y orden de las listas de reserva, con el consiguiente perjuicio para aquellos aspirantes que pudieran mejorar su posición y ostentar derecho a la oferta de plazas y nombramiento, así como para aquellos otros (hayan interpuesto recurso o no), que pudieran resultar adjudicatarios de alguna plaza y posteriormente deban ser removidos por concurrir otro con mejor derecho.
En cuanto a la alegación de los recurrentes de que la Resolución recurrida no acredita la existencia de un perjuicio de imposible reparación, debe señalarse que la difícil reparabilidad de los perjuicios que podría causar la ejecución de las propuestas de los Tribunales Calificadores se encuentra implícitamente motivada en el reiterado fundamento jurídico primero de la Resolución recurrida al señalar los perjuicios que, de no acordarse la suspensión, se causarían a los opositores que pudieran inicialmente resultar adjudicatarios de alguna plaza, y posteriormente deban ser removidos por concurrir otro con mejor derecho, ya que la Ley 2/1987, de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria, no prevé como causa de cese de un funcionario interino el nombramiento de otro funcionario interino con mejor derecho a ocupar la plaza que aquél ostenta de forma provisional y por razones de urgencia. En igual sentido, la base 10.9 de la convocatoria establece que los funcionarios interinos cesarán, además de en los supuestos previstos en el artículo 65 de la citada Ley 2/1987, de 30 de marzo, cuando "se produzca una modificación en las causas que motivaron la inexistencia o ausencia del titular de la plaza, así como cuando cesen las necesidades del servicio que justificaron su nombramiento". Por último, y como consecuencia de lo expuesto, podría acordarse por los Tribunales de Justicia el derecho de ambos aspirantes a ocupar la plaza, con el consiguiente aumento de plantilla que ello conllevaría hasta que se produjera el cese de ambos por concurrir alguna de las circunstancias anteriormente señaladas.
Cuarto.- Que sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe señalar que la discusión jurídica sobre la procedencia o no de la suspensión de la ejecución de las propuestas de los Tribunales Calificadores y la consiguiente demora de la eficacia de la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud nº 129, de 10 de agosto de 1999, por la que aprueban y se hacen públicas las listas de reserva, efectuada por la Resolución recurrida carece ya de sentido al haberse producido el efecto perseguido por los recurrentes con la interposición de sus respectivos recursos de alzada, esto es, el alzamiento de la referida suspensión, ya que con fecha 29 de diciembre de 1999, la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud dicta Resolución por la que se alza la suspensión de la ejecución de las propuestas de los Tribunales Calificadores de las especialidades de Farmacia y Veterinaria Asistenciales, se rectifican errores materiales apreciados en la Resolución de ese Centro Directivo nº 129, antes citada, y se da publicidad a las listas resultantes de las modificaciones efectuadas en la citada Resolución como consecuencia de la estimación de los recursos de alzada interpuestos contra diversos actos de los Tribunales Calificadores, determinándose, asimismo, la fecha de entrada en vigor de las repetidas listas (1 de enero de 2000).
En su virtud, y vistas las demás normas de general y pertinente aplicación,
D I S P O N G O: Primero.- Acumular los recursos de alzada interpuestos por Dña. Carmen Álvarez Ramos, D. Francisco Javier Arocha Henríquez, D. David de la Fuente Ferrán, D. Juan Teodoro García Perdomo, Dña. María Luisa Hernández Benayas, Dña. Cristina León Castro y D. Luis Gabriel Veiras Vicente contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de fecha 15 de septiembre de 1999, por la que se suspende la ejecución de las propuestas de los Tribunales Calificadores de las Especialidades de Farmacia y Veterinaria Asistenciales de elaboración de las listas de reserva para la cobertura interina de plazas de Técnicos Inspectores de Salud Pública, según convocatoria efectuada por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 4 de mayo de 1999 (B.O.C. nº 64, de 19.5.99), y se demora la entrada en vigor de la Resolución de ese Centro Directivo nº 129, de 10 de agosto de 1999, por la que se aprueban y se hacen publicas las mencionadas listas de reserva.
Segundo.- Desestimar los referidos recursos de alzada, interpuestos contra la referida Resolución, por considerarla ajustada a derecho.
Notifíquese el presente acto a los interesados, haciéndoles saber que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, en el plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación.- Santa Cruz de Tenerife, a 10 de febrero de 2000.- El Consejero de Sanidad y Consumo, José Carlos Francisco Díaz."
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de mayo de 2000.- El Secretario General Técnico, Carlos Mariano Martín Nieto.
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