Resultando que, con fecha 6 de abril de 1999, el Pleno del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del municipio, en el ámbito del Vial Costero S.V.-2 Salinetas, así como el correlativo sometimiento del expediente al trámite de información pública.
Resultando que, con fecha 30 de julio de 1999, el Pleno del Ayuntamiento de Telde adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar provisionalmente la referida modificación, desestimando la única alegación presentada.
Resultando que en el citado acto aprobatorio, se acordó, igualmente, comunicar dicha resolución a la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias y al Cabildo Insular de Gran Canaria "remitiendo copia debidamente diligenciada del documento, al objeto de que emitan los informes preceptivos, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio de Canarias, a los efectos de la aprobación definitiva por parte del M.I. Ayuntamiento".
Resultando que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada los días 5 y 6 de octubre de 1999, adoptó, entre otros, el acuerdo de "comunicar a dicho Ayuntamiento que, en contra de lo que se propugna en el Acuerdo plenario del día 30 de julio de 1999, la aprobación definitiva del expediente referido compete al Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente de Canarias, previo informe de este órgano colegiado", en base a las consideraciones contenidas en dicha resolución.
Resultando que, con fecha 17 de enero de 2000 y registro de entrada número 420, se recibe oficio del Ayuntamiento de Telde, acompañando documentación complementaria "a fin de que proceda a su aprobación definitiva".
Resultando que, con fecha 25 de enero de 2000, la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó, entre otros, el acuerdo de informar favorablemente la referida modificación, en las fases 1 y 2, y desfavorablemente en la fase 3 "por falta de análisis detallado y contenido ambiental de la propuesta, y por considerar que se trata de un tramo aislado e insuficiente de un nuevo sistema general no previsto en el Plan General ni el Plan Especial conjunto de la GC-1, con función distinta aunque complementaria del S.V.-2, y que debe ser completado y definido a lo largo del máximo tramo posible de la GC-1 en el marco de la Revisión del Plan General actualmente en tramitación".
Considerando que se han seguido los trámites legalmente procedentes.
Considerando que de conformidad con lo preceptuado en la Disposición Transitoria Cuarta, primer párrafo, de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, los instrumentos de ordenación urbanística que hubieran recibido aprobación inicial antes de la entrada en vigor de dicha Ley continuarán tramitándose por la legislación que les hubiera sido aplicable.
Considerando que este órgano es competente para resolver definitivamente la modificación propuesta, según lo establecido en el artículo 15.6 del Decreto 107/1995, de 26 de abril, sobre Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, en relación al artículo 50 del Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, sobre Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
Considerando que de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49.1 del Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, sobre Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la modificación de cualquiera de los elementos de los planes, proyectos, programas, normas y ordenanzas, se sujetarán a las mismas disposiciones enunciadas para su formación.
Considerando que se ha emitido informe favorable condicionado de la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias.
Considerando que se ha emitido informe del Cabildo Insular de Gran Canaria que nada objeta respecto de los dos primeros componentes de la modificación, pero, en cuanto a la denominada Fase 3, integrada por una vía paralela a la GC-1, considera que no puede limitarse al trazado previsto, sino que debe incluir todo el corredor desde la Estrella a El Goro y el Aeropuerto, estableciendo enlaces con la estructura interna de los núcleos y con el ferrocarril previsto en el Plan Insular.
Vistos el expediente administrativo, documentos e informes obrantes en el mismo, preceptos citados, concordantes y demás normas de general aplicación,
D I S P O N G O: Primero.- Aprobar definitivamente, al amparo de lo preceptuado en el artículo 132.3.a) del Reglamento de Planeamiento, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Telde (Gran Canaria), en el ámbito del Vial Costero S.V.-2 Salinetas en sus Fases 1 y 2, promovido de oficio por la Corporación municipal, en los mismos términos en que resultó propuesto.
Segundo.- Denegar, de conformidad con el artículo 132.3.c) del citado Reglamento, la denominada Fase 3, debiendo excluirse la Fase 3 e incorporar el condicionado establecido en el informe de la Viceconsejería de Infraestructuras del Gobierno de Canarias consistente en:
a) No podrán autorizarse accesos directos de las parcelas a la carretera GC-1.
b) Deberán eliminarse los accesos directos existentes a la carretera GC-1 a la altura de las parcelas de las empresas Coalca, S.A. y Almacenes del Sueño, por no cumplir con la normativa vigente en cuanto a seguridad vial se refiere, al carecer ambos de los correspondientes carriles de cambio de velocidad y no poder adaptarse a la normativa vigente, debiendo conectarse los accesos a las citadas parcelas a través de la nueva vía de la Fase 3 del Vial Costero S.V.2 Salinetas que se proyecta o una vía de servicio paralela a la carretera GC-1 que se construya con puntos de unión exclusivamente en los enlaces de Salinetas y Cruce de Melenara, con el objetivo de dar cumplimiento a lo expresado en el apartado 2º-A) del informe emitido por el Servicio de Carreteras de fecha 4 de febrero de 1997, en que se informaba el expediente referente al Plan Especial conjunto de márgenes de la GC-1 (N.R. IU-37/95), y en el que se decía textualmente lo siguiente: "Las vías de servicio tendrán siempre los accesos de salida e incorporaciones a la GC-1, en los diferentes enlaces existentes, no autorizándose nuevas conexiones, más bien se eliminarán todos los accesos e incorporaciones a la GC-1 que puedan conectarse con los enlaces existentes".
Tercero.- Entender desestimada la alegación formulada por D. Antonio Gómez Campos, en nombre y representación de Salinetas, S.A., dado que conforme considera el Pleno municipal en la aprobación provisional "de la documentación gráfica a escala 1:2000 y Memoria justificativa que obra en el expediente de su razón, se comprueba que la modificación del trazado del vial costero S.V.-2 no constituye agresión grave a la finca Las Salinetas, al ubicarse la referida actuación justo a lo largo del lindero poniente. Se consolida de esta forma la presente modificación como alternativa idónea, beneficiando notablemente el interés general, y resolviendo la cuestión planteada entre la seguridad del tránsito peatonal hacia las playas de Salinetas y Melenara y la fluidez del tráfico rodado de estructuración de los núcleos costeros".
Cuarto.- El presente acuerdo será debidamente notificado al alegante, al Ayuntamiento de Telde, que deberá aportar texto corregido suprimiendo la Fase 3 e incorporar los condicionantes de carreteras, y al Cabildo Insular de Gran Canaria.
Quinto.- Una vez aportado el texto corregido por el Ayuntamiento, en los términos indicados, procédase a la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contado desde el siguiente día al de notificación del presente acto administrativo.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en el artº. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el artículo 234 de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de abril de 2000.
El Consejero de Política
Territorial y Medio Ambiente,
Tomás Van de Walle de Sotomayor.
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