Habiendo sido intentada la notificación del citado recurso extraordinario de revisión en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibida por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 22 de marzo de 2000 fue efectuada la notificación de la no admisión del recurso del tenor literal siguiente:
Visto el escrito presentado en fecha 3 de septiembre de 1999 por D. José Miguel Brito Hernández, en su calidad de Presidente de la entidad Ajuy, S. Coop.,
ANTECEDENTES DE HECHO
1º) Mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de 26 de junio de 1997 (nº 653) se concedió a la entidad Ajuy, S. Coop. una subvención para inversiones en capital fijo por importe de dos millones novecientas veinte mil seiscientas catorce (2.920.614) pesetas.
2º) Según el resuelvo cuarto, la entidad viene obligada a justificar la utilización de los fondos públicos en la realización de la actividad objeto de subvención, cuyo coste asciende a la cantidad de cinco millones dos mil (5.002.000) pesetas, mediante presentación de facturas ajustadas de derecho y certificado de alta en el inventario de la misma.
3º) Que mediante escrito de fecha 3 de marzo de 1998, recibido el día 13 de marzo del mismo año, se le requirió a la entidad la aportación de la justificación de la subvención concedida.
4º) La entidad, por escrito de entrada en este Instituto en fecha 2 de abril de 1998, presenta determinadas fotocopias de facturas.
5º) Una vez revisada la documentación se efectuó nuevo requerimiento para la aportación de determinadas facturas así como los originales de las mismas para su diligencia por este Instituto. El indicado requerimiento, de fecha 13 de abril de 1998, fue recibido por la entidad el 22 de abril del mismo año, sin que en el plazo legalmente establecido fuese cumplimentado el mismo.
6º) Mediante decisión administrativa de fecha 18 de marzo de 1999 (nº 811), notificada el 7 de abril del mismo año, se procedió a iniciar expediente de reintegro, habida cuenta de que la entidad no había procedido a justificar la subvención ni a cumplimentar los requerimientos, advirtiéndosele de la posibilidad de formular alegaciones, proponer pruebas y aportar, en su caso, la documentación justificativa.
7º) Transcurrido dicho plazo sin que el interesado hiciese uso de su derecho, se culminó el expediente mediante Resolución de fecha 31 de mayo de 1999, por la que se acuerda el reintegro de la subvención. Dicha Resolución fue notificada al interesado el 23 de junio de 1999.
8º) Con fecha 9 de septiembre de 1999 ha tenido entrada en el registro de este Instituto escrito de fecha 31 de agosto de 1999, en virtud del cual se formula recurso extraordinario de revisión, a tenor de lo establecido en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente para conocer y resolver el presente recurso el Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.- Parece querer el recurrente trasladar a la Administración una responsabilidad sólo imputable a la entidad por inactividad de la misma respecto al cumplimiento de sus obligaciones de justificación.
En un primer momento es requerida la entidad para justificar la subvención, procediendo a aportar fotocopias de facturas, siendo a todas luces incompleta e injustificada la subvención.
En tal sentido se le requiere nuevamente sin que cumplimente ni aporte documentación alguna, limitándose a presentarse en las dependencias del ICFEM para acuñar, como dice el recurrente, determinadas facturas, pero sin aportarlas en ningún caso al expediente para proceder a justificar el inmovilizado adquirido; asimismo, tampoco aportó el certificado del alta en el inventario.
Tercero.- Por otro lado, iniciado el expediente de reintegro la entidad no realiza actividad alguna tendente a justificar convenientemente la subvención, adoptando una actitud pasiva y limitándose, en este momento, a formular recurso extraordinario de revisión sin ni siquiera fundamentar el motivo que sustenta dicho recurso de los previstos en el artículo 118.1 de la Ley 30/1992, antes indicada.
Cuarto.- En el supuesto que nos ocupa no concurre alguna o algunas de las circunstancias previstas en el artº. 118.1 que evidencien el error padecido por la Administración ya que, por un lado, de los documentos incorporados al expediente en el momento del dictado de la Resolución que se recurre no se desprende error de clase alguna (118.1, 1ª) y, por otro, porque los documentos (facturas) que aparecen cuando se interpone el recurso extraordinario de revisión no se ajustan a lo establecido en el número 2 del citado precepto.
Es decir, el plazo para interponer el recurso en el supuesto recogido en el artº. 118.1.2ª es de tres meses desde que el recurrente tiene conocimiento de los documentos, los cuales datan de finales de 1997 y principios del año 1998, fechas en que, según el recurrente, fueron dados de alta en el inventario de la entidad.
Quinto.- En consecuencia, no procede la admisión del recurso en virtud de lo establecido en el artº. 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Vistos los preceptos legales citados y demás concordantes de general aplicación,
R E S U E L V O:
No admitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. José Miguel Brito Hernández, en representación de la entidad Ajuy S. Coop., contra la Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de 31 de mayo de 1999 (nº 1.484), por la que se acuerda el reintegro de la subvención concedida a la entidad recurrente, en base a los hechos y fundamentos jurídicos anteriormente expuestos.
Contra la mencionada Resolución podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estime procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de mayo de 2000.- El Director, p.d. (Resolución de 29.9.99), p.a., el Jefe de Servicio de Apoyo a la Economía Social, José Francisco Pérez Lorenzo.
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