Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a Ramón López-Molina Adell, de la Resolución por la que se declara el inicio del procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 573, de fecha 18 de febrero de 2000, cuyo tenor literal es el siguiente:
La Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM) ha verificado, mediante el examen del expediente nº 7.772/95, que la empresa Ramón López-Molina Adell, beneficiaria de una subvención por importe de 700.000 pesetas, concedida mediante Resolución del Director de fecha 14 de diciembre de 1995, registrada al nº 4366, ha incurrido en la causa determinante de procedimiento de reintegro prevista en el artículo 32.1, apartado b), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), cuya aplicación al presente expediente resulta de su Disposición Transitoria Primera, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. A tenor de lo dispuesto en el precepto citado procederá el reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la actividad o adopción de la conducta, así como de las condiciones establecidas en la resolución de concesión de la subvención.
La conclusión anterior se apoya en las argumentaciones contenidas en el informe de justificación de este Centro Directivo, que figura como anexo al presente Acuerdo.
Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 32 del Decreto 6/1995, ya citado, y de acuerdo con las normas generales del procedimiento contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),
R E S U E L V O:
Primero.- Iniciar procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la empresa Ramón López Molina Adell, mediante Resolución del Director de fecha 14 de diciembre de 1995, registrada al nº 4366, por las razones aludidas en el presente Acuerdo y en el informe que figura como anexo a éste, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.
Segundo.- Conceder al beneficiario de la subvención un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista en el mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por convenientes. Concluido este trámite y vistas las actuaciones practicadas se dictará la Resolución que corresponda.
Tercero.- En defecto de norma específica, el plazo para la resolución del procedimiento de reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo será de tres meses, según la previsión contenida en el artículo 42.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- La falta de resolución expresa en el plazo citado en el párrafo anterior producirá la caducidad del procedimiento y dará lugar al archivo de las actuaciones practicadas.
Notifíquese al interesado el presente Acuerdo, haciéndole saber que contra éste no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad de recurrirla.
A N E X O
Asunto: informe relativo a la justificación del expediente referenciado, anexo al Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro iniciado por Resolución del Director nº 573, de fecha 18 de febrero de 2000.
A la empresa Ramón López-Molina Adell, se le concede una subvención al amparo de la Orden de 7 de junio de 1995 (B.O.C. nº 75, de 16.6.95) de las previstas en el Capítulo II, Sección 2ª, creación de nuevos puestos de trabajo con carácter indefinido, por la contratación de la trabajadora Blanca López Calvo, por importe de setecientas mil (700.000) pesetas.
La trabajadora subvencionada causó baja el 16 de julio de 1996, siendo sustituida por Dña. María Eugenia Delgado Rodríguez, que fue contratada de forma indefinida el 30 de julio de 1996.
Al no cumplir con lo establecido en la Resolución de concesión, que a su vez, hace referencia al artº. 14 de la Orden de 7 de junio de 1995, en cuanto al deber de justificación se refiere, y por Resolución del Sr. Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 1.653, de fecha 18 de noviembre de 1998, se acuerda el inicio de la subvención concedida a la mencionada empresa, dándole un plazo de 10 días para que presentase las alegaciones que estimara oportunas. Al no haberse podido llevar a cabo la notificación, se envía a publicar al tablón de edictos del Ayuntamiento de La Laguna y posteriormente se publica en el Boletín Oficial de Canarias nº 83, de 28 de junio de 1999.
El interesado pide un aplazamiento el 8 de julio de 1999, presentando parte de la documentación justificativa el 19 de julio de 1999, de la misma se desprende lo siguiente:
A) La trabajadora causó baja en la empresa el 3 de marzo de 1997, causando alta el día 4 de marzo de 1997 en la empresa Blanca López Calvo.
B) La empresa subvencionada presenta documento emitido por la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife, del que se desprende que el interesado mantiene una deuda por importe de 2.375.860 pesetas, por lo que incumple con lo establecido en el artículo 14 de la Orden de 7 de junio de 1995.
C) En caso de que se haya producido una subrogación de empresa, el interesado ha dejado de presentar los documentos que se relacionan a continuación, éstos son, baja en la Seguridad Social de la empresa subvencionada, alta en la Seguridad Social y en I.A.E. de la nueva, D.N.I./N.I.F. del nuevo empresario, certificado de la Seguridad Social del que se desprenda que esta nueva empresa se encuentra al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social, toda vez que el aportado al expediente mantiene una deuda por importe de 693.529 pesetas y escrito de subrogación del que se desprenda tal extremo, a la vez que se deduzca que la nueva empresa se subroga en los deberes de justificación de la subvención otorgada por este Organismo.
En consecuencia, se estima procedente iniciar procedimiento para el reintegro de la subvención concedida, al amparo de lo dispuesto en el artículo 32.1, apartado b), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 13 de febrero de 1995).
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 2000.- El Director, p.d., la Jefa del Servicio de Empleo II (Resolución nº 2957, de 29.9.99), Silvia Martínez Sánchez.
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