La potestad de imponer sanciones y declarar la inhabilitación para recibir ayudas y subvenciones, según establece el artículo 38 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, corresponde al órgano concedente de las mismas.
Por otra parte, a tenor de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 14/1999, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2000, la gestión de las ayudas, subvenciones y préstamos traspasada a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante los Reales Decretos 250/1985, de 23 de enero, 447/1994, de 11 de marzo, 150/1999, de 29 de enero, y 939/1999, de 4 de junio, se realizará de conformidad con la normativa estatal, hasta tanto por el Gobierno de Canarias se regule el régimen general de concesión de los mismos. En consecuencia, y en virtud del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, las sanciones, en el caso de subvenciones o ayudas concedidas por Organismos Autónomos, serán acordadas e impuestas por los titulares de los Departamentos a los que estuvieran adscritos.
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el artículo 31 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, habida cuenta que el artículo 127.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, permite la delegación del ejercicio de la potestad sancionadora, considerando el carácter técnico de la actividad administrativa que ha de ser realizada para comprobar la existencia de conductas legalmente tipificadas como infracciones administrativas en materia de ayudas y subvenciones, y teniendo en cuenta la observancia del principio de eficacia, se estima conveniente delegar en los órganos unipersonales superiores de la Consejería y en el Director del Instituto Canario de Formación y Empleo el ejercicio de la competencia para iniciar y resolver los expedientes sancionadores.
En su virtud, el Consejero de Empleo y Asuntos Sociales
R E S U E L V E:
Primero.- Delegar en los órganos unipersonales de carácter superior de esta Consejería, enumerados en el artículo 2.1.a) del Decreto 329/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, y con referencia a las ayudas y subvenciones cuya concesión corresponde al Consejero y cuya tramitación y propuesta corresponde respectivamente a dichos órganos de acuerdo con la normativa vigente, el ejercicio de las siguientes competencias:
- Iniciar y resolver los expedientes sancionadores, según lo previsto en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
- Declarar la inhabilitación para recibir ayudas y subvenciones.
Segundo.- Delegar en el Director del Instituto Canario de Formación y Empleo, y con referencia a las ayudas, subvenciones y préstamos cuya gestión ha sido traspasada a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante los Reales Decretos 250/1985, de 23 de enero, 447/1994, de 11 de marzo, 150/1999, de 29 de enero, y 939/1999, de 4 de junio, el ejercicio de las siguientes competencias:
- Iniciar y resolver los expedientes sancionadores, según lo previsto en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.
- Declarar la inhabilitación para recibir ayudas, subvenciones y préstamos.
Tercero.- Las delegaciones dispuestas en la presente Orden están sujetas a su revocación con carácter general y a la avocación por el Consejero para casos concretos. Cuarto.- Las resoluciones dictadas en virtud de las delegaciones dispuestas en la presente Orden indicarán expresamente esta circunstancia y se entenderán dictadas por el órgano delegante.
Quinto.- De las resoluciones que se dicten en virtud de las delegaciones dispuestas se dará cuenta al Consejero de Empleo y Asuntos Sociales.
Sexto.- Publíquese la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de febrero de 2000.
EL CONSEJERO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES, Marcial Morales Martín.
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