BOC - 2000/026. Miércoles 1 de Marzo de 2000 - 668

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

668 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 28 de enero de 2000, del Director, relativo a notificación de Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la empresa María Candelaria Machado Toledo.- Expte. nº 87/92.

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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación a María Candelaria Machado Toledo del Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro dictado por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 2988, de fecha 1 de octubre de 1999, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado, mediante el examen del expediente nº 87/92, que la empresa María Candelaria Machado Toledo, beneficiaria de una subvención por importe de 550.000 pesetas, concedida mediante Resolución del Director de fecha 14 de diciembre de 1992, registrada al nº 616, ha incurrido en la siguiente causa determinante del procedimiento de reintegro prevista en el artículo 32.1, apartado c), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 19, de 13.2.95), cuya aplicación al presente expediente resulta de su Disposición Transitoria Primera, en concordancia con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 31.12.97), que sustituye al anterior. A tenor de lo dispuesto en el precepto citado procederá el reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la subvención en el supuesto de incumplimiento del deber de justificación del empleo de los fondos recibidos en concepto de subvención.

La conclusión anterior se apoya en las argumentaciones contenidas en el informe de justificación de este Centro Directivo, que figura como anexo al presente Acuerdo.

Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 131, de 14.12.84), en ejercicio de las competencias que me atribuye el artículo 32 del Decreto 6/1995, ya citado, y de acuerdo con las normas generales del procedimiento contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99),

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a la empresa María Candelaria Machado Toledo mediante Resolución del Director de fecha 14 de diciembre de 1992, registrada con el nº 616, por las razones aludidas en el presente Acuerdo y en el informe que figura como anexo a éste, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.

Segundo.- Conceder al beneficiario de la subvención un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista en el mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por convenientes. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la Resolución que corresponda.

Tercero.- En defecto de norma específica, el plazo para la resolución del procedimiento de reintegro que se inicia mediante el presente Acuerdo será de tres meses, según la previsión contenida en el artículo 42.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- La falta de resolución expresa en el plazo citado en el párrafo anterior producirá la caducidad del procedimiento y dará lugar al archivo de las actuaciones practicadas.

Notifíquese al interesado el presente Acuerdo, haciéndole saber que contra éste no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin menoscabo de la posibilidad de recurrirla.”

A N E X O

Asunto: informe relativo a la justificación del expediente referenciado, anexo al acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro iniciado por Resolución del Director nº 2988, de fecha 1 de octubre de 1999.

A la empresa María Candelaria Machado Toledo, se le concede una subvención con cargo al “Programa para el fomento de la contratación de trabajadores desempleados”, Decreto 83/1992, de 22 de mayo (B.O.C. nº 81, de 19.6.92), por la contratación del trabajador Ana María Martín Mansito, por importe de quinientas cincuenta mil (550.000) pesetas.

El 19 de mayo de 1995, la empresa fue requerida por este Servicio para que aportase documentación justificativa de la subvención concedida.

De la documentación presentada se desprende que la trabajadora causó baja el 27 de marzo de 1993, fue sustituida por Isabel León Afonso, que fue alta el 29 de marzo de 1993. La empresa cesó en la actividad el 31 de julio de 1993, dando de baja a la trabajadora en la misma fecha, por lo que se incumple el artº. 15 del Decreto mencionado, donde se establece “Los perceptores de las subvenciones vendrán obligados a justificar que su importe ha sido invertido con la finalidad para la cual se concedieron mediante la aportación ante el Instituto Canario de Formación y Empleo, al término de cada año de duración del contrato, de fotocopias compulsadas con sus originales, de los TC1, TC2 y recibos oficiales de salarios correspondientes a los trabajadores en virtud de cuya contratación se haya concedido la subvención. Esta obligación se mantendrá durante los tres años siguientes a la contratación”.

En consecuencia, se estima procedente iniciar procedimiento de reintegro de la subvención concedida, al amparo de lo dispuesto en el artº. 32.1, apartados b) y c), del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. de 13 de enero de 1995).

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2000.- El Director, p.d., el Jefe del Servicio de Administración General (Resolución nº 3552, de 26.11.99), José Arturo Matheu Delgado.



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