Habiendo sido intentadas sin que se pudieran practicar las notificaciones de Resolución de recurso ordinario, recaídas en el expediente sancionador VP-45/90, mediante cartas certificadas con acuse de recibo a los domicilios consignados, y siendo necesario notificarles dicho trámite al ser partes interesadas, y conforme a lo previsto en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O: Notificar al Presidente de Comunidad de Propietarios del Conjunto Residencial Aguamarina, a la entidad Aymara, S.L. y a D. Francisco García Arbelo, la Resolución de fecha 16 de marzo de 1999, obrante en el expediente sancionador de referencia, cuya parte dispositiva dice textualmente: RESUELVO: desestimar las alegaciones y pretensiones aducidas por D. Esteban Viera Gutiérrez en su recurso ordinario contra Resolución de la Dirección General de Vivienda de fecha 21 de octubre de 1994. Estimar de oficio la anulación de la resolución en el particular en que se condena solidariamente al promotor Aymara, S.L. sancionándolo, con dos multas de 50.000 pesetas por sendas infracciones consistentes en inadecuación entre el proyecto de ejecución final presentado y la obra realmente ejecutada, por la sustitución sin autorización de la Dirección General de Vivienda del sistema de evacuación de aguas residuales, y por la de las ventanas del edificio, ordenando al tiempo la subsanación de los extremos objeto de sanción. Confirmar la resolución recurrida en lo que se refiere a la imposición de la sanción y orden de obra a D. Esteban Viera Gutiérrez por los defectos constructivos relativos a la deficiente impermeabilización de la cubierta del edificio.
Este acto agota la vía administrativa. Contra el mismo cabe deducir recurso contencioso-administrativo ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de octubre de 1999.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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