BOC - 1999/153. Viernes 19 de Noviembre de 1999 - 4104

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

4104 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de septiembre de 1999, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que le han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2. Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/932/98.

RESPONSABLE: Sunil L. Khajwani. D.N.I. o N.I.F.: 42836387Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 1 de septiembre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Bentex propiedad del interesado sito en la calle Ripoche, 13, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 9109 procedieron a cumplimentar la reclamación interpuesta en Hoja de Reclamación nº 5462 por D. José Sánchez Castro (NRE 3298, de fecha 12 de agosto de 1998) y una vez leída la misma el compareciente reconoció que no otorgó documento de garantía ni manual de instrucciones expresado en castellano tras la adquisición por parte del reclamante de una vídeo cámara Hitachi modelo E548LE. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 11 y 34, apartados 4 y 6, de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con el Real Decreto 287/1991, de 8 de marzo (B.O.E. nº 61), por el que se establece el catálogo de productos, bienes y servicios a determinados efectos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el artº. 12 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y el artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artículo decimotercero de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), ACUERDO:

Imponer a Sunil L. Khajwani la sanción de multa de 80.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1062/98.

RESPONSABLE: Alfonso Andueza Falero. D.N.I. o N.I.F.: 42641153G.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 23 de octubre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Carnicería Anita propiedad del interesado sita en el Mercado Municipal del Puerto, calle Albareda, 76, puesto 5, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 9169 comprobaron que no tenían a disposición de los consumidores las Hojas de Reclamaciones ni expuesto en lugar visible el cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), ACUERDO:

Imponer a Alfonso Andueza Falero la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/9/99.

RESPONSABLE: Carmen Hernández Medina. D.N.I. o N.I.F.: 42690723X.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 9 de noviembre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Rana Loca propiedad de la interesada sito en Malteses, 16, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 9365, comprobaron que no tenían a disposición de los consumidores las Hojas de Reclamaciones ni expuesto en lugar visible el cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Carmen Hernández Medina la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/12/99.

RESPONSABLE: Estandfel Maspalomas, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35510262.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de noviembre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad de la interesada sito en la Faro, 29-P.B., del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 9389, comprobaron que carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 22 de abril de 1999, manifestando en síntesis: En el acta no se hizo constar que con anterioridad al ejercicio de la actividad por dicha sociedad la venía desarrollando Andrés Pérez Reyes, socio de la sancionada, y que poseía las Hojas de Reclamaciones como persona física pero que no estaba informado que debía modificarlas a nombre de la sociedad al realizar el pasado año la transformación empresarial de persona física y jurídica. Nunca ha sido nuestra intención no tener al corriente tal circunstancia, ya hemos procedido a corregir la deficiencia citada. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que es de obligado cumplimiento tener en cada establecimiento las hojas a disposición de los consumidores y expuestos el cartel anunciador y ello con independencia de la titularidad del negocio. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Estandfel Maspalomas, S.L. la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/13/99.

RESPONSABLE: Olga Santana Cabrera. D.N.I. o N.I.F.: 48245567R.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 10 de noviembre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Boutique propiedad de la interesada sita en la calle Faro, 17 P.B., del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 9388, comprobaron que carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), ACUERDO:

Imponer a Olga Santana Cabrera la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/37/99.

RESPONSABLE: Bhagwandas Ramchand Lalwani. D.N.I. o N.I.F.: 42842361P.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de noviembre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Congress propiedad del interesado sito en el Centro Comercial Cita, local 24-25, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 9434, comprobaron que tenía para su venta al público, tanto en los escaparates como en el interior del establecimiento diversos artículos tales como vídeo cámaras, gafas, relojes, etc., careciendo de los precios de venta al público. Asimismo tenían para su venta al público el artículo “Super One Pocketable Radar ...” careciendo sus etiquetados de los preceptivos datos consignados en castellano. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 2 y 8 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, en relación con los artículos 7º y 8º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 21 de abril de 1999, manifestando en síntesis: Niega los hechos que figuran en el acuerdo de iniciación. Siempre ha procedido siguiendo el principio de la buena fe contractual. Igualmente alega el estricto cumplimiento de los preceptos legales en todo lo concerniente a materia de consumo. Sólo cabe concluir que todo en el establecimiento comercial estaba acorde, salvo los extremos que en el acta levantada se recogen como presuntamente ilegales, la concerniente a “publicidad engañosa” y la referente a carencia de etiqueta en castellano de un juguete. El acta se refiere a artículos expuesto al público “careciendo de sus precios”. Lo cierto es que tan pronto fue hecha al que suscribe esa observación, inmediatamente procedió a hacer visibles las marcas de los precios de venta al público. El Acuerdo de iniciación, aparte de afirmar genéricamente que el que suscribe infringía el artº. 34.5, no precisa con detalle y minuciosidad la pluralidad de circunstancias que apreciaron en su actuación los funcionarios ejercientes, exige la presunción legal de veracidad o certeza que la normativa vigente atribuye a esa actuación. Esta prerrogativa de los funcionarios requiere de ellos la preciosa descripción de hechos susceptibles de percepción directa en el momento de la visita. La denuncia ha de basarse en hechos y datos objetivos y reales, pero no se extiende dicha presunción a juicios de valor, apreciaciones globales o subjetivas, o calificaciones jurídicas. Los funcionarios, sin comprobar los libros y sin acudir a cualquier otra fuente de información, afirmaron que los artículos “carecían” de precios. En cuanto a la imputación b) carencia de etiqueta formalizada en un juguete, manifiesta que cumplió con todos los requisitos legales en lo concerniente a la adquisición para su reventa del juguete “Super One Pocketable Radar”, nombrado en el Acuerdo que se impugna y, en apoyo de esta afirmación intermediarios importadores que han intervenido en el tráfico de la citada mercancía, en su tránsito de entrada en Canarias. Los señores Inspectores refieren sus observaciones tan sólo a un juguete y su visita coincide con el momento en que se está desembalando la mercancía recibida. Sería inicuo aplicar todo el rigor de la ley al desliz de un comerciante que desempaqueta un juguete y simplemente lo ubica en su establecimiento para comprobar como luce. Es notorio que la inmensa mayoría de las personas que integran esa afluencia turística masiva no hablan castellano. Estas circunstancias, trascendentales en la calificación jurídica de los hechos, han de ser valoradas en sus justos términos. Teniendo muy en cuenta que es la primera denuncia de que es objeto el que suscribe. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que con carácter previo aclarar que no se le imputa la realización de una publicidad engañosa y la falta de etiquetado en castellano de un juguete sino que los hechos imputados son carecer de los datos consignados en castellano el etiquetado de un producto industrial. Es por ello que carecen de fundamento las alegaciones vertidas en relación al primero de los hechos imputados toda vez que el hecho objetivo es el incumplimiento de la obligación de informar al consumidor de los precios de venta al público respecto de los artículos expuestos a su venta, obligación que no se cumple por el hecho que éstos, los precios, figuren en libros u otras fuentes. Respecto al segundo de los hechos imputados el interesado está obligado, en base al principio de diligencia debida a cerciorarse que todos los artículos expuestos para su venta al público, circunstancia que recoge el acta, incorporen una información en sus etiquetados consignada en castellano, obligación que nada tiene que ver con el carácter turístico o no de la clientela potencial. Por último reseñar que según los datos que obran en nuestros archivos al interesado se le abrieron los expedientes números 35/155/97 y 35/501/97. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Bhagwandas Ramchand Lalwani la sanción de multa de 200.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/40/99.

RESPONSABLE: Antonio Luis Espino Santana. D.N.I. o N.I.F.: 43659910E.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 13 de noviembre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Dulcería Las Chumberas propiedad del interesado sita en la calle Mariucha, 161, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 9402, comprobaron que no tenía a disposición de los consumidores las Hojas de Reclamaciones ni expuesto en lugar visible el cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Antonio Luis Espino Santana la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/49/99.

RESPONSABLE: Gunnie Elisabeth Hellquist. D.N.I. o N.I.F.: X0395738T. MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de noviembre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad de la interesada sito en el Centro Comercial San Agustín, local 3, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 9339, comprobaron que tenía para su venta a granel helados de 4 sabores diferentes careciendo del cartel indicativo de la denominación; asimismo no tenía a disposición de los consumidores y usuarios la fórmula cualitativa de los helados. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artículo 3º, apartado 3.3.1, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 17, apartado 2, del Real Decreto 618/1998, de 17 de abril de 1998 (B.O.E. nº 101), por el que se aprueba la R.T.S. para la elaboración, circulación y comercio de helados y mezclas envasadas para congelar. Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a Gunnie Elisabeth Hellquist la sanción de multa de 25.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/52/99.

RESPONSABLE: María Dolores Callero Brito. D.N.I. o N.I.F.: 42900516L.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de noviembre de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Verol propiedad de la interesada sito en Las Dalias, C.C. San Agustín, L. 312, P. 4º, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 9342 comprobaron que no tenía a disposición de los consumidores y usuarios las Hojas de Reclamaciones ni expuesto en lugar visible el cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.10 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154),

ACUERDO:

Imponer a María Dolores Callero Brito la sanción de multa de 40.000 pesetas. Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de septiembre de 1999.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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