BOC - 1999/150. Viernes 12 de Noviembre de 1999 - 4005

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

4005 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4 de octubre de 1999, que notifica la Resolución de 15 de junio de 1999, de este Centro Directivo, relativa al recurso de alzada nº 85/99, interpuesto por D. José Granado López, en representación de la entidad mercantil G y C Nevada, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la recurrente-interesada.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a G y C Nevada, S.L. la Resolución de 15 de junio de 1999 (libro nº 1, folio 100, nº 271), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 85/99 (expediente nº 297/98), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo de fecha 13 de abril de 1999.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Granado López, en representación de la entidad mercantil G y C Nevada, S.L.

Visto el recurso de alzada formulado por D. José Granado López, en representación de la entidad mercantil G y C Nevada, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Nevada, sito en calle Gran Canaria, 7, en Puerto Rico, término municipal de Mogán, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias de fecha 13 de abril de 1999, recaída en el expediente sancionador nº 297/98, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en: “alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de G y C Nevada, S.L., que explota el establecimiento consignado desde el 1 de noviembre de 1997, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente”, hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de trescientas setenta y cinco mil (375.000) pesetas.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando la revocación de la Resolución recurrida dejando sin efecto la sanción impuesta; a tal fin se expone el siguiente argumento:

Para que exista infracción contemplada en el artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, es imprescindible que las condiciones incumplidas o alteradas por el hecho denunciado hayan servido de base al otorgamiento de la autorización, lo que no ocurre en el presente caso, al no existir incompatibilidad en el nuevo titular. El incumplimiento de la obligación de comunicar el cambio de titularidad no se encuentra tipificado como infracción administrativa, por cuya razón no puede ser sancionado, sin que se infrinja el principio de tipicidad previsto en el artículo 129.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como el artículo 25.1 de la Constitución Española.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de la dispuesto en la Orden Departamental de fecha de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y transportes.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 13 de abril de 1999, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos, infracción a la disciplina turística con calificación de grave a tenor de lo preceptuado en el artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.

Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de la infracción sancionadora consta plenamente acreditado en el expediente sancionador tramitado al deducirse directamente del Acta de Inspección nº 9743 levantada con fecha 28 de abril de 1998, acta cuyo valor probatorio viene amparado por lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Sin que tal hecho, en momento alguno, haya sido desvirtuado por la entidad expedientada a través de las alegaciones realizadas toda vez que la titularidad en la explotación de un establecimiento turístico constituye el soporte subjetivo de la propia autorización, en consecuencia, el cambio de titularidad que se produzca en la explotación de un establecimiento turístico sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos y artículos 2 y 4 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad en los establecimientos turísticos, constituye un cambio o alteración sustancial de la autorización, por lo que dicho hecho infractor, plenamente acreditado, es subsumible en el artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias que tipifica como infracción grave a la disciplina turística “El incumplimiento o alteración de las condiciones esenciales de la autorización de que está provista la empresa o actividad, cuando tales condiciones hayan servido de base para el otorgamiento de dicha autorización o para la clasificación turística del establecimiento o actividad”, no existiendo pues la falta de tipicidad aducida por la entidad recurrente. Por cuanto antecede y dado que la sanción de multa impuesta ha sido fijada de conformidad a los criterios que para la graduación de la misma se establece en el artículo 79.2 “in fine” de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, habida cuenta la calificación de la infracción cometida y las circunstancias concurrentes procede, de conformidad al informe propuesta emitido con fecha 1 de junio de 1999 por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma manteniendo la sanción impuesta.

Quinto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Visto los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de alzada promovido por D. José Granado López, en representación de la entidad mercantil G y C Nevada, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Nevada, sito en calle Gran Canaria, 7, en Puerto Rico, término municipal de Mogán, y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias de fecha 13 de abril de 1999, recaída en el expediente sancionador nº 297/98, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de trescientas setenta y cinco mil (375.000) pesetas, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.



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