BOC - 1999/139. Lunes 18 de Octubre de 1999 - 3703

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

3703 - Instituto Canario de Formación y Empleo (ICFEM).- Anuncio de 22 de septiembre de 1999, relativo a notificación de Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la entidad Talahague, S.C.L., en materia de incorporación de trabajadores desempleados como socios trabajadores de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales.- Expte. nº 52/99.

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Habiendo sido intentada en repetidas ocasiones la notificación del citado Acuerdo de inicio de reintegro en el domicilio que figura en el expediente incoado por el Instituto Canario de Formación y Empleo, sin que haya sido recibido por el interesado, es por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, se hace saber a la misma que con fecha 9 de julio 1999 fue efectuado Acuerdo de inicio de reintegro del tenor literal siguiente:

Por la Dirección del Instituto Canario de Formación y Empleo se ha verificado en diligencias de información previa que la entidad Talahague, S.C.L., beneficiaria de una subvención en materia de incorporación de trabajadores desempleados como socios trabajadores de Cooperativas y Sociedades Anónimas Laborales, por importe de tres millones quinientas mil (3.500.000) pesetas, concedida mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 23 de octubre de 1995, registrada al nº 2.635, se ha incurrido en la siguiente causa determinante del reintegro de la referida subvención:

Haber incumplido el deber de justificar el empleo dado a los fondos recibidos, en la forma y plazo que se establece en la resolución de concesión de la subvención y normas reguladoras. Y ello es así por las siguientes razones:

a) El número cuarto de la resolución de concesión de la subvención establece que la entidad beneficiaria vendrá obligada a justificar anualmente y durante tres años, a partir del alta del/de los socio/s trabajador/es en la Seguridad Social, la utilización de los fondos públicos en la actividad objeto de subvención, mediante la aportación ante el Instituto Canario de Formación y Empleo, de dos copias compulsadas con su original, de boletines de cotización a la Seguridad Social y recibos oficiales de salarios (no inferior al salario mínimo interprofesional vigente).

Asimismo el artº. 31 de la Orden de 7 de junio de 1995, de convocatoria y regulación de las bases para la concesión de las subvenciones establecidas en el Decreto 124/1994, de 20 de junio, por el que se regulan los Programas del Gobierno de Canarias para el fomento y el mantenimiento del empleo, establece que las entidades perceptoras de las subvenciones estarán obligadas, durante el plazo de los tres años siguientes a su concesión, y para el caso de baja por cualquier causa de alguno de los socios en virtud de cuya incorporación se hubieran otorgado aquéllas, a cubrir el puesto con un nuevo socio trabajador que reúna los requisitos establecidos en el artº. 27 de la presente Orden.

Las referidas entidades deberán comunicar inmediatamente al Instituto Canario de Formación y Empleo las bajas de los socios a que se refiere este artículo, así como proceder a su sustitución en el plazo máximo de tres meses siguientes a la fecha de la baja y a presentar la documentación que acredite haber realizado dicha sustitución dentro de los quince días siguientes a la misma.

b) Que la Intervención Delegada en el ICFEM procedió a emitir informe favorable en relación al primer y segundo plazo de justificación de la citada subvención, por medio de escritos de fechas 4 de junio de 1997 y 21 de mayo de 1998, registrados de salida con los números 322 y 1.021 respectivamente.

c) Que al cumplirse el plazo para aportar documentación justificativa con respecto al tercer período de justificación de la subvención, sin que ésta hubiera tenido entrada en este Organismo, así como de la documentación de la sustitución de D. Sergio Estévez Galindo, se procede a requerir la misma por medio de escrito de fecha 25 de febrero de 1999 y registro de salida 1.721, comunicación que es publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 62, de fecha 17 de mayo de 1999, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Que a la fecha de inicio del expediente, la entidad no ha aportado la documentación justificativa requerida.

Por cuanto antecede, de conformidad con los artículos 32 y 33 del Decreto 6/1995, de 27 de enero, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el artículo 81 del Real Decreto-Legislativo 1.091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en ejercicio de las competencias que me atribuyen los artículos 3.D) de la Ley 7/1992, de 25 de noviembre, de creación de este Instituto, y 3.15 del Decreto Territorial 18/1993, de 11 de febrero, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico, en relación con lo establecido en el Decreto 6/1995, de 27 de enero, y con base en lo dispuesto en los artículos 69.1 y 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

ACUERDO:

Primero.- Iniciar el procedimiento para el reintegro de la subvención concedida a Talahague, S.C.L. por Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo de fecha 23 de octubre de 1995, registrada al nº 2.635, sin perjuicio de la exigencia de las demás responsabilidades a que dicho incumplimiento pudiera dar lugar en aplicación de la legislación vigente.

Segundo.- Conceder al interesado un plazo de diez días para que pueda comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente. Concluido este trámite y vistas las actuaciones pertinentes se dictará la Resolución que corresponda.

Tercero.- Notifíquese este Acuerdo, según lo exigido en el artículo 58 y en los términos del artículo 59, ambos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Contra el presente Acuerdo no cabe interponer recurso alguno sin perjuicio de que el interesado, conforme a lo previsto en el artº. 107.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pueda alegar oposición al presente acto para su consideración en la Resolución que ponga fin al presente procedimiento y sin perjuicio de la posibilidad de recurrirla. Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de septiembre de 1999.- El Director, Diego Miguel León Socorro.



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