Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a D. Khlifi Abdeljabbar la Orden de 31 de marzo de 1999, registro de salida nº 361/O, que figura como anexo de esta Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 9 de enero de 1998.
2.- Remitir al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
A N E XO
Visto el recurso ordinario interpuesto ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo por D. Khlifi Abdeljabbar, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 9 de enero de 1998, recaída en el expediente nº 35/1264/97 y que determinó la imposición de una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, y
FUNDAMENTOS DE HECHO
Primero.- Que el día 6 de junio de 1997, inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Bazar Sunny Fashion, propiedad de D. Khlifi Abdeljabbar, sito en el Centro Comercial Kasbah, local nº 124, Playa del Inglés, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y mediante acta levantada al efecto nº 6296, comprobaron que el establecimiento carecía, en el momento de la inspección, de las preceptivas Hojas de Reclamaciones a disposición de los consumidores y usuarios y el cartel anunciador de su existencia, en un lugar que resulte visible y legible.
Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), y el artículo 13 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto (B.O.E. nº 189) se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176) General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº148).
Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente con una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas.
Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, que tiene entrada en este Departamento el día 17 de abril de 1998, exponiendo en síntesis, el recurrente lo siguiente:
El pasado día 22 de diciembre de 1997 recibió notificación dándosele traslado del Expediente por una presunta infracción, cometida el 6 de junio de 1997. Se hace hincapié en que ésta es la primera noticia que tuvo el interesado sobre este procedimiento sancionador.
Que con fecha 13 de enero de 1998, presento alegaciones que se dan aquí por reproducidas, al haber sido olímpicamente ignoradas y por ello consentidas por parte de la administración actuaria. Entre otras:
- Prescripción de la perseguibilidad del acta de fecha 6 de junio de 1997, al serle notificada en diciembre.
- También la subsanación inmediata del hecho presuntamente ilícito.
El pasado día 19 de marzo de 1998, recibió notificación de la Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Real Decreto 1.398/1993, el artículo 4, el artº. 6, sobre prescripción y archivo de las actuaciones.
Ley 30/1992, artículos 54, 89, 114 y siguientes, y 132.
Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Que se cumplen los requisitos de admisibilidad del recurso presentado, interpuesto en tiempo y forma, y siendo competente para resolver el Consejero de Sanidad y Consumo.
Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con el artículo 3º, apartado 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artº. 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.
Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso pueden ser parcialmente tomadas en consideración en base al principio de proporcionalidad que debe imperar en todo el procedimiento sancionador establecido en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que determina la necesidad de guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, procediendo, en consecuencia, una reducción de la sanción impuesta. Sin embargo, dichas alegaciones no desvirtúan la responsabilidad del recurrente en relación con el hecho infractor comprobado por cuanto el artículo 27.1.a) de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, declara la obligación del vendedor de verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa vigente para el ejercicio de la actividad comercial.
En consecuencia, el/la recurrente incurre en responsabilidad dado el incumplimiento comprobado de las disposiciones ya indicadas en el Fundamento de Derecho II.
No procede el archivo de actuaciones previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1.398/1993, en cuanto que el procedimiento se inicia de oficio mediante el Acuerdo del Director General de Consumo, de fecha 6 de noviembre de 1997, el cual, según consta en el expediente, se notifica al interesado el 23 de diciembre de 1997.
Tampoco ha prescrito la infracción leve que se le imputa al recurrente, ya que no ha transcurrido el plazo específico de prescripción de cinco años establecido en el artículo 18.1 del Real Decreto 1.945/1983, regulador de las infracciones y sanciones en materia de defensa al consumidor y de la producción agroalimentaria.
Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, el artículo 31.3) del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y el posterior 322/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, así como la Legislación del Procedimiento Administrativo Común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
El Consejero de Sanidad y Consumo, en ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Estimar parcialmente el recurso ordinario interpuesto por D. Khlifi Abdeljabbar, frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 9 de enero de 1998, recaída en el expediente nº 35/1264/97, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de cuarenta mil (40.000) pesetas, en el sentido de reducción de la multa a diez mil (10.000) pesetas.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá el interesado interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dentro de un plazo de dos meses (2), desde su notificación/publicación, previa la comunicación a la Consejería de Sanidad y Consumo exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Sanidad y Consumo, Julio Bonis Álvarez.
Santa Cruz de Tenerife, a 12 de julio de 1999.- El Secretario General Técnico, p.s., el Secretario General del Servicio Canario de la Salud (Orden de 31.5.99), Rogelio Frade García.
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