BOC - 1999/109. Lunes 16 de Agosto de 1999 - 2827

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria y Comercio

2827 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de abril de 1999, que notifica la Orden de 29 de enero de 1999, relativa a los recursos ordinarios formulados por Dña. María de los Ángeles Rodríguez Mora, Dña. Begoña Rodríguez Mora, D. Manuel Mesa Henríquez, D. Mario Eusebio Rodríguez Hernández y otros, contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 25 de junio de 1998, referente a la declaración de interés social de la planta de envasado de agua preparada en Taguluche, término municipal de Valle Gran Rey (La Gomera), recaída en el expediente VUTILPUB 76/98.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar a D. Salvador Hernández Hernández la Orden de 29 de enero de 1999 (libro 1, folio 242) que figura como anexo a esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía recaída en el expediente nº 38-48-98.

2. Remitir al Ayuntamiento de Arona (Tenerife) la presente Resolución para su publicación en tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de abril de 1999.- El Secretario General Técnico, José Trasobares de Dios.

A N E X O

Orden de 29 de enero de 1999, por la que se resuelven los recursos ordinarios formulados por Dña. María de los Ángeles Rodríguez Mora, Dña. Begoña Rodríguez Mora, D. Manuel Mesa Henríquez, D. Mario Eusebio Rodríguez Hernández y otros, frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 25 de junio de 1998, relativa a la declaración de interés social de la planta de envasado de agua preparada en Taguluche, en el término municipal de Valle Gran Rey, La Gomera, recaída en el expediente de referencia VUTILPUB 76/98.

Vistos los recursos ordinarios interpuestos por Dña. María de los Ángeles y Dña. Begoña Rodríguez Mora, D. Manuel Mesa Henríquez, D. Mario Eusebio Rodríguez Hernández y otros, frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 25 de junio de 1998, relativa a la declaración de interés social de la planta de envasado de agua preparada en Taguluche, en el término municipal de Valle Gran Rey, La Gomera, recaída en el expediente de referencia VULTILPUB 76/98, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 27 de febrero de 1998 D. Ambrosio Rodríguez García, actuando en representación de la Sociedad Civil ICA Ingenieros y del Ayuntamiento de Valle Gran Rey de La Gomera, solicita la declaración de utilidad pública e interés social para la ejecución del proyecto de la planta de envasado de aguas ubicadas en suelo rústico en el lugar conocido como zona alta del caserío de Taguluche, en el término municipal de Valle Gran Rey, como condición previa a la obtención de la autorización de la Dirección General de Urbanismo, invocando como motivos justificativos la cercanía a las fuentes de emisión de agua, su importancia para la economía insular y la creación de 7 puestos de trabajo.

Segundo.- Examinada la solicitud precedente la Dirección General de Industria y Energía acuerda su sometimiento a información pública durante el período de un mes, una vez practicadas las publicaciones oportunas en el Boletín Oficial de Canarias nº 40, de 1 de abril de 1998 y en el periódico “El Día”, de fecha 19 de marzo 1998.

Tercero.- Dentro del período de información pública, fueron presentados escritos de oposición a la referida solicitud por las siguientes personas: D. Manuel Mesa Henríquez, Dña. María de los Ángeles Rodríguez Mora, Dña. Begoña Rodríguez Mora, Dña. Blanca Azucena Mora Mendoza, D. Francisco Rodríguez Bello, D. Marcos Aguiar Mesa, D. Braulio Santos Hernández, D. Mariano García Mora, Dña. Olga Chinea García, D. Jesús Niebla Hernández, D. Salvador Hernández Hernández, D. Raimundo García Pérez, Dña. María García Cabello, D. Juan Guanche Pastor, Dña. Paulina Esther Darias Mora, D. Onelio Chinea García, D. Mario E. Rodríguez Hernández, Dña. Dolores Darias Hernández, Dña. Emérita García Rodríguez, Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza ATAN y Consejo Insular de Aguas de La Gomera. Las alegaciones presentadas se resumen en las siguientes:

1ª) Invocación de la titularidad de derecho de uso de aguas para regadío por el sistema de dulas, procedente de diversos nacientes o manantiales frente a la carencia de ésta por parte de los promotores de los aprovechamientos de donde se pretende obtener agua.

2ª) Temor a que la declaración solicitada se utilice posteriormente para la incoación de un expediente de expropiación forzosa.

3ª) Falta de requisitos para la obtención de la declaración solicitada al tratarse de un negocio particular cuyo objetivo no es la obtención de beneficios sociales. Los 7 puestos de trabajo creados no suponen ningún interés social.

4ª) Invocación de los artículos 53, 54.b), 36, 73.3 y 74 de la Ley 12/1990, de Aguas de Canarias, en cuanto a las prioridades del consumo que no amparan al solicitado.

5ª) Las instalaciones ubicadas en el medio rural no se entienden comprendidas entre las edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social recogidas en el artículo 12.2 de la Ley 5/1987, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico de Canarias.

6ª) Al tratarse de una actividad molesta le es de aplicación el inciso final del artículo 4 del Decreto 2.414/1962, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

Cuarto.- Con fecha 12 de junio de 1998 Dña. Begoña y Dña. María de los Ángeles Rodríguez Mora presentan nuevos escritos de oposición a la solicitud de declaración de utilidad pública, en los que inciden en la titularidad, uso y destino de las aguas de los nacientes en cuestión, aportando además una serie de fotografías de los barrancos de la zona con el fin de demostrar que no transcurre agua por ellos, incidiendo en el problema de sobreexplotación que se produciría. A estos escritos se acompañan documentos en los que se recogen 2.616 firmas de apoyo a la oposición y otros 58 documentos donde se especifican las dulas y la cantidad de agua correspondiente a cada uno de los titulares.

Quinto.- Habiendo concluido el período de información pública, el Jefe de Servicio de Seguridad Industrial con fecha 11 de mayo de 1998 da traslado de los escritos de oposición presentados durante ese período a la parte solicitante, al objeto de que presente las alegaciones pertinentes y aporte la acreditación de la titularidad del derecho al aprovechamiento de las aguas que se pretenden destinar a la industria de envasado. Sexto.- Durante el trámite de audiencia el Ilmo. Ayuntamiento de Valle Gran Rey presenta escrito de contestación a las alegaciones presentadas durante el período de información pública, en los siguientes términos:

1º) De las personas intervinientes sólo una persona Dña. María de los Ángeles Rodríguez Mora acredita ser propietaria, pero aun en el caso de que todos los reclamantes fuesen propietarios de dulas de agua en Taguluche, el agua para la embotelladora será la que tiene el Ayuntamiento convenida con varios propietarios de dulas, que multiplican varias veces las necesidades de la embotelladora.

2º) El suministro de agua potable no va a tener ninguna afección continuando en las mismas condiciones.

3º) El número de fincas abandonadas en Taguluche es elevadísimo, debido a la emigración y al envejecimiento de la población, lo cual se constata con un reportaje fotográfico de la zona que se adjunta.

4º) En el proyecto técnico se indica la legislación aplicable y las medidas correctoras adoptadas, visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales, sin objeciones.

5º) Taguluche ha perdido 2/3 de su población en 15 años, con todos los síntomas de un caserío en extinción.

6º) La declaración de utilidad pública e interés social está más que justificada con la creación de 7 puestos de trabajo directos en producción, más un número importante en la distribución y los puestos indirectos que se puedan generar teniendo en cuenta la situación actual de este caserío.

Al citado escrito se adjunta la siguiente documentación:

- Certificación sobre el acuerdo adoptado en pleno celebrado el 28 de abril de 1998 consistente en la aprobación de proyecto de planta de envasado de agua preparada, primera fase, con la aclaración de que el agua a utilizar será la obtenida mediante permuta o arrendada, sin utilización de agua de dulas no convenida.

- Certificación acreditativa de la propiedad del Ayuntamiento de Valle Gran Rey sobre una balsa de agua en Taguluche y un pozo de agua en Los Granados.

- Convenios de canje de agua concertados con varios particulares.

Séptimo.- En respuesta a la petición de informe instada por este Departamento de fecha 11 de mayo de 1998, sobre la adecuación del proyecto al Plan Hidrológico Insular según lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley de Aguas y sobre su conformidad o disconformidad con respecto a la solicitud de declaración de utilidad pública o interés social, el Consejo Insular de Aguas de La Gomera manifiesta, mediante escrito de fecha 25 de mayo, la imposibilidad de emitir informe en el plazo indicado, a la vez que comunica la petición recibida de un grupo de usuarios de las aguas objeto del presente litigio, solicitando que se mantenga el uso de las mismas como se venía realizando hasta la actualidad.

Octavo.- Con fecha 19 de junio de 1998 Dña. María de los Ángeles Rodríguez Mora presentó nuevos escritos a los que acompaña otras 163 firmas de apoyo a la oposición de la solicitud de declaración y 9 documentos de especificación de dulas y cantidad de agua correspondiente, solicitando que se inste informe de la Dirección General de Aguas sobre la situación en que se encuentran los nacientes.

Noveno.- El Director General de Industria y Energía dicta Resolución de fecha 25 de junio de 1998 por la que acuerda declarar el interés social de la planta de embotellado de agua ubicada en el término municipal de Valle Gran Rey, en el lugar conocido como Taguluche, cuyo titular es el Ayuntamiento de Valle Gran Rey a los únicos efectos de poder instar ante el órgano competente la autorización para edificar en suelo rústico.

Décimo.- Frente al presente acto resolutorio, recibido por las partes interesadas con fecha 15 de julio de 1998, Dña. María de los Ángeles y Dña. Begoña Rodríguez Mora, D. Manuel Mesa Henríquez, D. Mario Eusebio Rodríguez Hernández y otros, interpusieron recursos ordinarios, con fecha 14 de agosto del año en curso, cuyas alegaciones se centran fundamentalmente en los siguientes aspectos:

1ª) El hecho de que la solicitud de declaración de interés social se formule a instancias de la Administración local no implica de facto la existencia de tal interés sino que la Administración autorizante habrá de analizar igualmente, con más precisión y cautela si cabe, si objetivamente la petición busca un interés social que aconseje tal declaración o por el contrario no existe justificación para ello, tratándose en realidad de un negocio cuyo objetivo no es atender las necesidades de los habitantes del municipio sino la venta de agua embotellada a un costo muy superior de la recibida por la red general de abastecimiento de agua potable.

2ª) No se alude al legítimo derecho de los recurrentes y al de las personas que desde varias generaciones reciben las aguas por el sistema de dulas para aplicarlas en la agricultura, aspecto que sí tiene un marcado interés social, siendo consideradas las aguas de regadío, en cuanto a su consumo, como de especial preferencia en la Ley de Aguas, donde es calificada como un recurso natural escaso y valioso.

3ª) A la actividad del sector agrícola de más de 100 familias del caserío de Taguluche pretende contraponerse la insignificante creación de 7 puestos de trabajo, alguno de ellos especializados y a los que no podrán acceder vecinos de Taguluche, en el término municipal de Valle Gran Rey, teniendo en cuenta además que la tradición industrial en la isla de La Gomera es nula, considerando su orografía y los altos costes de construcción y transporte.

4ª) La disponibilidad de agua de la que se nutren los nacientes, pozos y embalses existentes en la isla es escasa y se ve agravada por el período de sequía que padece todo el Archipiélago, por lo cual deberá tenerse en cuenta el uso preferencial de las aguas destinadas a regadío, de acuerdo con la Ley de Aguas.

5ª) En la resolución recurrida no se ha tenido en cuenta las prescripciones del artículo 12.2 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico en Canarias, en la que se establece que entre las edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en medio rural, no podrán entenderse en ningún caso las instalaciones industriales.

El artículo precedente se complementa con el artículo 9.2.c) que permite excepcionalmente las construcciones e instalaciones en suelo rústico declaradas de utilidad pública o interés social, siempre y cuando estén destinadas al uso o servicio público, no siendo éste el caso.

6ª) La embotelladora generaría a la larga un coste financiero para la Administración Autónoma y para la Unión Europea a través de subvenciones, contraviniendo el objetivo de la política industrial de la Unión Europea.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En cuanto a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto el recurso ordinario se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artº. 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso y el órgano competente para su resolución es el Consejero de Industria y Comercio, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre.

Segundo.- El acto resolutorio impugnado tiene su basamento legal en el artículo 9.2, apartado c), de la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico en Canarias, donde se contempla la posibilidad excepcional, mediante los procedimientos establecidos en el Capítulo IV, de autorizar construcciones o instalaciones declaradas de utilidad pública o interés social por el órgano competente por razón de la materia o finalidad a la que sirven, destinadas al uso o servicio público y que hayan de emplazarse necesariamente en el suelo rústico, en las condiciones previstas por el planeamiento, legislación sectorial o en defecto de aquél por la presente Ley.

La Dirección General de Industria y Energía es el órgano competente para la declaración de interés social acordada por la Resolución objeto de la presente vía de impugnación al tratarse de una instalación industrial de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2.c) de la Ley 5/1987, de 7 de abril, en consonancia con el artículo 15.2.c) del Reglamento Orgánico de esta Consejería de Industria y Comercio, competiendo en definitiva la autorización excepcional de la ejecución de estas instalaciones en suelo rústico a la Dirección General de Urbanismo, a quien le corresponde en última instancia valorar la concurrencia de factores determinantes del interés social en el supuesto en cuestión, la necesidad de su emplazamiento en el medio rural y de la excepción referente a las instalaciones relacionadas con equipamiento de sistemas generales, en base al informe que deberá recabar de este Departamento, de conformidad con lo previsto en los artículos 11.1.c) y 12.2 de la mencionada Ley 5/1987.

Tercero.- Frente a las alegaciones realizadas en esta vía de recurso cabe oponer los razonamientos que se exponen a continuación, la mayoría de ellos ya relacionados en los fundamentos de derecho del acto resolutorio recurrido y son ratificados en su totalidad por la presente resolución:

1º) La expresión utilidad pública o de interés social constituyen dos conceptos jurídicos indeterminados, así reconocidos por el propio Tribunal Supremo, a valorar en la resolución que se dicte que no impide el control posterior de los Tribunales en aplicación del precepto contenido en el artículo 106 de la Constitución Española (STS 9-6-1987, RJ 1987/6107; STS 29-9-1987, RJ 1987/8270).

2º) La declaración de interés social de la planta de embotellado de agua objeto de la Resolución dictada por el Director General de Industria y Energía de fecha 25 de junio de 1998 viene justificada por la concurrencia de una serie de circunstancias reconocidas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (ya relacionadas en el acto resolutorio recurrido), como son el incremento de los puestos de trabajo, el abaratamiento del producto por la reducción de los costes de transporte y dada la proximidad al lugar de captación de las aguas. A esto se suma lo declarado por este Tribunal, en su sentencia de 9 de junio de 1987, con respecto a la compatibilidad del interés social con la existencia de beneficio mercantil y la gestión tanto privada como oficial de la explotación del negocio en cuestión.

3º) Por lo que se refiere a los derechos de suministros de aguas para regadío por el sistema de dulas, los titulares de tales derechos no han acreditado la afección negativa motivada por la declaración de interés social que no presupone expropiación alguna a favor del Ayuntamiento de Valle Gran Rey, el cual declara mediante certificación de 21 de mayo del año en curso que el agua a utilizar por la planta envasadora se limitará a la convenida en permuta con sus propietarios mediante los canjes de agua concertados entre ambas partes.

4º) Con relación a la conformidad de la industria de envasado de agua con los usos previstos en el Plan Hidrológico Insular correspondiente y el orden de prelación de éstos establecido en el artículo 36 de la Ley 12/1990, de Aguas, es el Consejo Insular de Aguas de La Gomera el órgano competente para su valoración, al amparo de lo dispuesto en la referida disposición legislativa.

5º) No es cierta la afirmación realizada por las partes recurrentes sobre la inobservancia del precepto contenido en el artículo 12.2 de la Ley 5/1987, de 7 de abril, en lo que respecta a la interdicción de considerar a las instalaciones industriales en el medio rural como instalaciones de utilidad pública o interés social, por cuanto ya en el primer fundamento jurídico del acto resolutorio impugnado se hizo alusión al contenido íntegro del referido apartado, en el cual se contempla la excepción a tal prohibición para aquellas instalaciones industriales relacionadas con equipamiento de sistemas generales, añadiéndose en el fundamento cuarto que corresponde a la Dirección General de Urbanismo pronunciarse sobre la pertinencia de la ubicación en suelo rústico de una instalación como la que nos ocupa, en el que existe una proximidad al punto de captación de las aguas y no se produce realmente una transformación del producto como normalmente sucede en las instalaciones industriales, además de otras circunstancias concurrentes a valorar en definitiva por esa Dirección General de Urbanismo, según lo dispuesto en los artículos 11.2.b) y 12.2 de la Ley 5/1987, de 7 de abril.

6º) Este Departamento entiende que el proyecto de la instalación industrial que nos ocupa, al contrario de lo que afirman las partes recurrentes, se enmarca dentro de los objetivos de la Unión Europea relativos al fortalecimiento del crecimiento económico de las regiones menos desarrolladas, la creación de empleo, progreso tecnológico y competitividad de las empresas, y particularmente dentro de los postulados señalados en el preámbulo de la actual Ley de Industria que remite a su vez a los artículos 38, 40.1 y 130.1 de nuestra Carta Magna, referentes a la actividad económica en general de la que forma parte integrante la industria. De acuerdo con estos preceptos constitucionales los poderes públicos deberán promover las condiciones favorables para el progreso social y económico, la defensa de la productividad, atendiendo a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos.

Vistos la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística del Suelo Rústico en Canarias; la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias; la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; la Ley del Suelo de 9 de abril de 1976; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria; el Decreto Territorial 323/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio; el Decreto 64/1997, de 30 de abril, por el que se modifica parcialmente el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Por todo ello, el Consejero de Industria y Comercio, en el ejercicio de sus competencias,

ACUERDA:

Desestimar los recursos ordinarios interpuestos por Dña. María de los Ángeles y Dña. Begoña Rodríguez Mora, D. Manuel Mesa Henríquez, D. Mario Eusebio Rodríguez Hernández y otros, frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de fecha 25 de junio de 1998, relativa a la declaración de interés social de la planta de envasado de agua preparada en Taguluche, en el término municipal de Valle Gran Rey, La Gomera, recaída en el expediente de referencia VUTILPUB 76/98, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación.- El Consejero de Industria y Comercio, Alfredo Vigara Murillo.



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