Providencia de 30 de abril de 1999 del Jefe de Servicio de Transportes, sobre notificación de comunicación de Decreto resolutorio de recurso ordinario planteado en expediente de sancionador de transportes nº TF-1555-O-97.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre notificación a interesados intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar a D. José Vicente Pérez Marrero en nombre y representación de la entidad mercantil Autos Pérez Tenerife, S.L., el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular con fecha 11 de noviembre de 1998, que a continuación se reproduce:
Visto escrito presentado por D. José Vicente Pérez Marrero, en nombre y representación de la entidad mercantil Autos Pérez Tenerife, S.L., por el que se interpone recurso ordinario contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Desarrollo Económico, Industria, Transportes y Comercio de fecha 12 de junio de 1998 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha 17 de septiembre de 1997, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: TF- 9230-BJ, del que es titular Autos Pérez Tenerife, S.L. por: Circular con un vehículo de ASCV dos pasajeros, incluida conductora por diversas zonas de la isla, careciendo el contrato de arrendamiento de los datos mínimos imprescindibles (no figura el nº de bastidor del vehículo, ni matrícula del mismo), contrato nº 00368-B expedido el día 17 de septiembre de 1997.
Resultando: que el día 14 de mayo de 1998 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-1555-O-97.
Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que tanto la empresa como el referido vehículo tenían en la fecha de la denuncia la pertinente autorización para ejercer la actividad de alquiler de vehículos sin conductor, tal y como se acredita con la copia de la solicitud de autorización instada con fecha 25 de marzo de 1997, en virtud de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Resultando: que por el Consejero del Área de Desarrollo Económico, Industria, Transportes y Comercio se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 12 de junio de 1998 que venía a sancionar a Autos Pérez Tenerife, S.L. con multa que ascendía a 250.000 pesetas, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 140.a); 174, 197.a); Decreto 159/1996 y en base al artículo 143 de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990.
Notificándose dicha Resolución en fecha 6 de julio de 1998.
Resultando: que con fecha 6 agosto de 1998, D. José Vicente Pérez Marrero, en nombre y representación de Autos Pérez Tenerife, S.L. interpuso recurso ordinario, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que se desestima las alegaciones en base a que: a) no opera el silencio positivo dado que no se acompaña certificado de actos presunto; y b) además porque, se dice que el expediente no está del todo finalizado dado que al parecer se hizo un requerimiento en fecha 26 de febrero de 1998, a efectos de cumplimentar el mismo. Sin embargo, dicho requerimiento jamás ha sido efectuado a Autos Pérez Tenerife, S.L., con lo que mal se puede con el mismo no habiendo tenido conocimiento del mismo. A mayor abundamiento, a tenor de lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres dicha sanción ha prescrito por haber transcurrido más de 90 días desde su supuesta comisión. Que el vehículo sancionado estaba adscrito a la sucursal de Adeje, la cual sí tiene el expediente completo, presentado en fecha 25 de marzo de 1997 no entendiendo el motivo o la razón de la sanción dado que se le requiere a efectos de terminación del expediente con fecha 14 de julio de 1998 para que aporte documentación pero relativa a la sede central, que no a la sucursal donde el vehículo está adscrito, resulta claro que se le requiere ahora cuando la sanción ya había sido interpuesta con varios meses de antelación.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: que el artículo 2 del Decreto 159/1996, de 4 de julio, regulador de la actividad y régimen de autorizaciones de empresas de arrendamiento sin conductor de vehículos de viajeros prevé la obligación de contar con una autorización administrativa de transportes, de ámbito regional, referida a la empresa, a las personas físicas o jurídicas que se pretendan dedicar a la actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor, obligación que viene confirmada en los artículos 133 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 174 de su Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en su redacción dada por el Real Decreto 858/1994, de 29 de abril; constituyendo ese incumplimiento una infracción muy grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en los artículos: 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que la entidad mercantil Autos Pérez Tenerife, S.L. realizaba en el momento de ser denunciada la función de empresa arrendadora en alquiler sin conductor de vehículos, sin autorización de transportes y sin acreditar la reunión del conjunto de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad iuris tantum de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; habida cuenta que del expediente de solicitud de autorización de la serie ASCST obrante en los archivos de este Cabildo Insular de Tenerife, se infiere que no se cumplían los requisitos exigidos por la reglamentación reguladora en materia de transportes, y en especial, las previsiones que al respecto contemplan los artículos 6 y 7 del Decreto 159/1996, de 4 de julio, regulador de la actividad y régimen de autorizaciones de empresas de arrendamiento sin conductor de vehículos de viajeros que dice textualmente: Las solicitudes de autorizaciones de sede sucursal se presentarán ante el Cabildo Insular donde está radicado dicho establecimiento y deberán acompañarse del original o fotocopia compulsada de la tarjeta en que se documente la autorización de sede central de la empresa y de los documentos reseñados en las letras c), d), e), f), g), y h) del artículo anterior., dado que solicitado información al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, emitió informe de fecha 18 de junio de 1998, del que se infiere que no existe ningún antecedente de la entidad recurrente en sus archivos, sin que resulten de procedente admisión las argumentaciones del recurrente, habida cuenta que en el mencionado expediente consta requerimiento por parte de esta Administración al interesado a los efectos de completar el expediente de referencia, siendo recibido por representante de la Gestoría que actuaba en nombre del peticionario el día 27 de febrero de 1998, sin que se hubiera sido cumplimentado por el mismo.
Considerando: a tenor de la normativa sobre prescripción vigente al tiempo de la comisión de los hechos infractores, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (Disposición Adicional Undécima): Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en cuyo caso, el plazo de prescripción será de un año. Determinándose en el artículo 132.1 de la mencionada ley procedimental el plazo de tres años para considerar la prescripción de las infracciones muy graves, como la que nos ocupa; y dado que entre las actuaciones sucesivas practicadas procedimentalmente no ha sido superado el plazo prescriptorio preceptuado, al no constatarse inactividad administrativa ni presunción de abandono por parte de la Administración en este tiempo, exigido por el Tribunal Supremo para configurar la prescripción, es por lo que resulta inoperante en el presente caso, no pudiendo estimarse que la potestad sancionadora se haya extinguido o haya decaído.
Responsabilidad aludida que se ha hecho efectiva a través de la Resolución sancionadora impugnada, cuya revocación ni modificación procede por haber sido dictada conforme a Derecho. Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo a desestimar el recurso interpuesto por D. José Vicente Pérez Marrero, en nombre y representación de la entidad mercantil Autos Pérez Tenerife, S.L., confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Desarrollo Económico, Industria, Transportes y Comercio, de fecha 12 de junio de 1998, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.
Contra este Decreto se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar de su notificación. La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el nº del expediente referenciado y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de este Cabildo Insular, personalmente o por correo. Para ello dispondrá de un plazo en el supuesto de recibir la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes ambos inclusive, hasta el día 5 del mes siguiente. Caso de recibirla entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiese satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20 % del débito.
Lo que se notifica, advirtiendo que contra el anterior Decreto cabe interponer el recurso que se indica en el mismo, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro que estime oportuno.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de abril de 1999.- El Jefe del Servicio de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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