Habiendo sido intentada la notificación del presente Decreto en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 143/98, incoado a la Organización Minusválidos Canarios (CUMICA), por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
Decreto 33/1999, de 18 de marzo, por el que se resuelve el expediente sancionador incoado a la Organización Minusválidos Canarios (CUMICA), por infracción a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente sancionador nº 143/98, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a la Organización Minusválidos Canarios (CUMICA), por infracción a la normativa sobre el juego.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) En virtud del acta de infracción de fecha 24 de julio de 1998, levantada por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, en la calle Castillo, esquina José Murphy, de Santa Cruz de Tenerife, ante la vendedora Dña. Máxima Miranda González, con D.N.I. nº 41.876.955-G, se puso en conocimiento que la entidad denominada Organización Minusválidos Canarios (CUMICA), con C.I.F. G-38413019, y domicilio social en Santa Cruz de Tenerife, calle Rafael Hardisson, 4 (semiesquina San Sebastián), organiza y gestiona la venta del denominado Cupón del Minusválido Canario, al precio de cien pesetas por unidad de lunes a viernes, realizándose el sorteo de dichos cupones de lunes a viernes acogiéndose al sorteo diario realizado por la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), ofreciendo premios que oscilan entre tres millones de pesetas y cien pesetas, según boleto que se acompaña a la referida acta, todo ello, careciendo de la preceptiva autorización administrativa.
2º) Consultados los archivos obrantes en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, se comprueba que la citada Asociación ha sido sancionada con anterioridad en dos ocasiones por los mismos hechos, en virtud de los expedientes sancionadores números 72/96 y 156/97, con multas de tres y cinco millones de pesetas respectivamente, así como la devolución del importe de los beneficios ilícitamente obtenidos a la Administración y el decomiso y, cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción. Asimismo, consta en los citados archivos, que con fecha 11 de junio de 1998, fue dictada Orden del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se denegó a la Organización Minusválidos Canarios, la solicitud de autorización para la explotación del juego mediante boletos en la Comunidad Autónoma de Canarias. 3º) Con fecha 9 de septiembre de 1998, fue dictado el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador de referencia, por infracción a la normativa sobre el juego, procediéndose a nombrar Instructor del mismo y a formular el Pliego de Cargos al interesado con base en los hechos descritos. Asimismo, en el citado acuerdo de iniciación, se acordó de conformidad con lo dispuesto en el artº. 23 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, como medida cautelar, el precinto y depósito en las dependencias de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, de todo el material afectado en la comisión de la presunta infracción que se encuentre en el domicilio social de la referida entidad, todo ello para garantizar su custodia y conservación y al mismo tiempo, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales por tratarse de una actividad de las reputadas como clandestinas.
4º) Intentada la notificación de lo anterior en el domicilio de la entidad expedientada, mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto el día 4 de enero de 1999; no formulándose alegaciones por la interesada en el plazo concedido al efecto. 5º) Con fecha 5 de octubre de 1998, fue levantada por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego acta de precinto y depósito, dando cuenta de las diligencias efectuadas en ejecución de lo dispuesto en el apartado 3º anterior, procediendo a la incautación de todo el material que hasta esos momentos se encontraba en el domicilio social de la entidad expedientada, y que se relaciona en la citada acta.
6º) Con fecha 19 de enero de 1999, se formuló por el Instructor del expediente la correspondiente Propuesta de Resolución, en la que propuso que por el Gobierno de Canarias, se impusiera a la Organización expedientada, por la comisión de una infracción muy grave, la sanción principal de siete millones quinientas mil (7.500.000) pesetas de multa, y las adicionales de devolución de los beneficios ilícitamente obtenidos a la Administración y el decomiso y, cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción.
7º) Intentada la notificación de la Propuesta de Resolución en el domicilio de la entidad expedientada mediante carta con acuse de recibo, no pudo practicarse, por lo que se instó la notificación por medio de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, llevándose a efecto en el nº 19, de 12 de febrero de 1999; no formulándose alegaciones en el plazo concedido al efecto. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales y orgánicas en esta materia vienen determinadas en el Real Decreto 1.116/1985, de 5 de junio, de Traspaso de Funciones y Servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de casinos, juegos y apuestas (B.O.E. nº 163, de 9 de julio), en la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), en el Decreto 321/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales (B.O.C. nº 152, de 29.11.95), y en el Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 123, de 13.10.86). Segunda.- En la tramitación de este expediente se ha observado el procedimiento previsto en el artº. 7 de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar (B.O.E. nº 312, de 30.12.87), de aplicación al presente caso, a tenor de la Disposición Transitoria de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias. Tercera.- Dispone el artículo 5 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), que queda prohibida la práctica de todos los juegos que ... aún estando permitidos, se realicen sin la correspondiente autorización o en forma, lugar o por personas diferentes de las especificadas en esta Ley.
Cuarta.- De conformidad con el artº. 4 del Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados en Canarias (B.O.C. nº 42, de 11.4.86), el juego mediante boletos es una variante de las lotería presorteada en la que, mediante la adquisición de boletos autorizados en establecimientos públicos y privados, a cambio de un precio cierto, puede obtenerse, en su caso, el premio en metálico indicado en el propio boleto.
Quinta.- Por su parte los artículos 4 del Decreto 57/1986, antes mencionado, 16 del Decreto 56/1986, de 4 de abril, por el que se planifican los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 56, de 14.5.86), y 7 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se regula el juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 123, de 13.10.86), coinciden al determinar que, salvo en el caso de que el Gobierno de Canarias se reserve la gestión directa del juego mediante boletos, la autorización de explotación del mismo se efectuará mediante concurso público.
Sexta.- Analizados los hechos imputados a través de las disposiciones en vigor, se aprecia infracción a los dispuesto en el artº. 5 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, en el artº. 16 del Decreto 56/1986, de 4 de abril, en el artº. 4 del Decreto 57/1986, de 4 de abril y en los artículos 2 y 7 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre.
Séptima.- De acuerdo con lo previsto en el artº. 21.2.1.a) de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, en relación con el artº. 25.2.a) del citado Reglamento del Juego mediante Boletos, la infracción debe calificarse muy grave.
Octava.- En consideración a la malicia del infractor, a su voluntad de persistir en la comisión de los actos ilegales y al importe de los beneficios ilícitos obtenidos, procede imponer por el Gobierno de Canarias, la sanción principal de multa de siete millones quinientas mil (7.500.000) pesetas a la Organización Minusválidos Canarios (CUMICA), a tenor de lo preceptuado en el artº. 25.5 del mismo texto reglamentario en relación con los artículos 22 y 24 de la referida Ley, teniendo en cuanta además, para la graduación de la cuantía de la multa los antecedentes de dicha Organización que obran en los archivos de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, así como las sanciones adicionales previstas en el apartado cuarto del citado artº. 22, de devolución de los beneficios ilícitamente obtenidos a la Administración y el decomiso y, cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción. En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales y previa deliberación del Gobierno en su sesión del día 18 de marzo de 1999, D I S P O N G O:
Sancionar a la Organización Minusválidos Canarios (CUMICA), con multa de siete millones quinientas mil (7.500.000) pesetas, por la celebración y organización de un juego mediante boletos carente de la preceptiva autorización administrativa, y con las sanciones adicionales de devolución de los beneficios ilícitamente obtenidos a la Administración y el decomiso y, cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción. Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.
Este acto deberá ser notificado a Dña. Olga Plasencia Cubas, provista del D.N.I. nº 41.910.423, en su calidad de Presidenta de la referida Organización, como interesada en el procedimiento, y con domicilio a tales efectos en la calle Avenida Buenos Aires, 19-B, de Santa Cruz de Tenerife.
Una vez la sanción impuesta adquiera firmeza, por el Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales se dará publicidad a la misma, mediante la publicación de la presente en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de mayo de 1999.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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