Terminado el plazo para la subsanación de defectos al que se refiere el apartado segundo de la Resolución de 18 de marzo de 1999, de esta Dirección General, por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales (Grupo A), de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 70, de 2.6.99), y a la vista de los escritos y reclamaciones presentadas, esta Dirección General
R E S U E L V E:
Primero.- Rectificar el siguiente error material del listado de admitidos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, turno libre: Donde dice:
Castañeyda Marrero, Raquel D.N.I. 42890629. Debe decir:
Castañeyra Marrero, Raquel D.N.I. 42890629.
Segundo.- Incluir en el listado de admitidos de Santa Cruz de Tenerife, turno libre, a la siguiente aspirante:
Casanova Mendoza, María Teresa D.N.I. 43778889.
Tercero.- Incluir en el listado de admitidos de Las Palmas de Gran Canaria, turno de minusvalía, a los siguientes aspirantes:
Rodríguez Sánchez, Agustín Andrés D.N.I. 42856810.
Díaz Jiménez, Gilberto Jesús D.N.I. 43260502.
Cuarto.- Incluir en el listado de admitidos de Las Palmas de Gran Canaria, turno de promoción interna, a las siguientes aspirantes:
Ferrer Quintana, María Jesús D.N.I. 42910537.
Suárez Santana, Antonia Rosa D.N.I. 42797955.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, o bien interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Dirección General, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de junio de 1999.- El Director General de la Función Pública, Francisco Javier López de Vicuña y Artola.
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