Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución de la Secretaría General Técnica en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado. Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., la Resolución de 2 de marzo de 1999 (libro nº 1, folio 93, nº 121), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 964/97 (expediente nº GC-1053-0-96), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 13 de octubre de 1997.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes, por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Francisco Ramírez Moreno, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Francisco Ramírez Moreno, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 13 de octubre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-1053-0-96 y teniendo a la vista los siguientes ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en realizar el vehículo, matrícula GC-5664-AP, un transporte privado complementario de mercancías careciendo de tarjeta de transportes, dando lugar a la sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, en resumen, que en la fecha de la denuncia estaba en posesión de la tarjeta de transportes por lo que no se incurrió en la infracción imputada, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y de transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente alteran sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 13 de octubre de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 103 y 141.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 158 y 198.b) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por las que se considera infracción administrativa grave, la realización de transportes privados para los que se exija un título administrativo específico careciendo del mismo.
A la vista de la documentación obrante en el expediente de referencia, queda acreditado que en el momento de la denuncia, el vehículo GC-5664-AP estaba provisto de la tarjeta de transportes que lo habilitaba para el transporte efectuado. En consecuencia y al no haber incurrido en la infracción imputada, procede estimar el recurso interpuesto revocando la Resolución sancionadora.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artº. 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Francisco Ramírez Moreno, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 13 de octubre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-1053-0-96, que determinó la imposición de una sanción de cincuenta mil (50.000) pesetas.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Secretaria General Técnica, p.d., Orden de 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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