BOC - 1999/070. Miércoles 2 de Junio de 1999 - 891

III. OTRAS RESOLUCIONES - Parlamento de Canarias

891 - RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 1999, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la Resolución de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de 6 de abril de 1999, sobre Informe de Fiscalización del Ayuntamiento de Mogán, ejercicio de 1993 y 1994.

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La Comisión de Presupuestos y Hacienda, en sesión celebrada el 6 de abril de 1999, debatió el Informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias, de referencia, habiéndose adoptado por la Cámara Resolución al respecto. En conformidad con lo establecido en el artículo 1.6 de la Resolución de la Presidencia del Parlamento, de 28 de febrero de 1991, por la que se dictan normas de procedimiento en relación con los informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias en ejercicio de la actividad fiscalizadora, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

RESOLUCIÓN

El Parlamento de Canarias insta al Ayuntamiento de Mogán a que subsane los reparos de legalidad detectados, en el informe de fiscalización relativo a los ejercicios 1993 y 1994, de manera que se produzca una aplicación correcta del ordenamiento jurídico vigente, así como a que acometa las recomendaciones siguientes:

1. Sería conveniente la aprobación de un organigrama funcional de los órganos y servicios de la Entidad, indicando jerarquías y tareas a realizar por cada uno de ellos.

2. Debe asegurarse la existencia de actuación fiscalizadora, mediante la realización sistemática de la fiscalización previa y posterior, como garantía de la procedencia económica y legal de las operaciones.

3. Debe mejorarse el cuidado y la atención que se presta a la adecuación, custodia y archivo de los documentos justificativos de las operaciones económico-financieras.

4. Debe observarse un cumplimiento riguroso de la normativa aplicable en materia de modificaciones de crédito, evitando la contabilización de las que no se encuentren debidamente aprobadas.

5. Deben cumplirse los plazos establecidos en cuanto a la aprobación y contenido del presupuesto municipal, lo que facilitará su utilización como herramienta de gestión.

6. Las Cuentas Generales deben aprobarse en tiempo y forma. Su no aprobación limita el control y fiscalización que sobre la gestión económico-financiera corresponde al Pleno Corporativo.

7. Para que el Ayuntamiento lleve un mayor control y conozca con exactitud los importes de los ingresos gestionados y cobrados por tesorería y recaudación y los que quedan pendientes de cobro, sería necesario con una periodicidad, como mínimo anual, la realización de una conciliación entre la contabilidad de recaudación y las que figuran en los estados y cuentas de la Corporación.

8. Es preciso que la Corporación proceda a depurar los pendientes de cobro y pago en ejercicios cerrados, a fin de cuantificar de forma exacta sus saldos deudores y acreedores, por lo que debe procederse a efectuar las ventilaciones contables oportunas.

9. Deberá determinarse mediante el recuento físico de los valores existentes la situación real de los derechos pendientes de cobro en recaudación, conformando un estado demostrativo que debería rendirse al Pleno.

10. Debe procederse en todos los casos a la aprobación y verificación de los padrones, así como a la confección de la liquidación de ingreso directo.

11. Las tasas y precios públicos deben ser determinados teniendo en cuenta los costes de los servicios, debiendo estar precedidos de los estados económicos correspondientes.

12. Deberían revisarse las Ordenanzas fiscales correspondientes a las tasas y precios públicos para los que no se llevó a cabo gestión alguna, procediéndose en su caso a la adopción del acuerdo de supresión.

13. Al objeto de conceder las subvenciones bajo los principios de publicidad y concurrencia, debería establecerse en las Bases de Ejecución del Presupuesto la necesidad de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y algún medio de información local, las convocatorias por la concesión, donde constaran los importes, condiciones de otorgamiento y tramitación a seguir.

14. El Ayuntamiento debe establecer un sistema de propuestas de gastos que permita controlar el mismo, dicho circuito debería reflejerarse en las Bases de Ejecución del presupuesto y en el mismo deberían concretarse aspectos tales como: necesidad de la certificación previa de la existencia de crédito adecuada y suficiente, competencias atribuidas a los diferentes órganos para aprobar el gasto, los documentos contables utilizados y los flujos de los mismos con el fin de proporcionar, simultáneamente, un control del gasto y celeridad y claridad en la gestión.

15. Debe darse cumplimiento al principio de temporalidad, incluyendo los ingresos y gastos según su generación en el ejercicio correspondiente.

16. Deben establecerse procedimientos normalizados para la gestión económica de las compras corrientes y recepción de los servicios prestados.

17. Deben establecerse procedimientos que garanticen la regularidad de las contrataciones laborales temporales.

18. Al objeto de llevar un control exhaustivo de cada uno de los elementos del inmovilizado que debe figurar en el Balance de Situación, sería conveniente crear un registro extracontable, donde de forma individualizada para cada uno de estos elementos, figurara la información relativa a su situación jurídica, precio de adquisición, coste de construcción o valor de mercado, los gastos asociados que sean activables, vida útil prevista, valor residual, método de amortización y los importes amortizados. El registro de inmovilizado a efectos contables debe permitir mantener los datos que figuran en el Inventario de bienes, de tal forma que se dé la necesaria correlación entre sus datos y los que figuran en el Balance de Situación.

19. Es necesario y obligatorio que se confeccione un inventario de bienes actualizado, debiendo procederse de forma paralela al establecimiento de un adecuado sistema de seguimiento y control del Patrimonio.

20. Debe establecerse un adecuado control sobre la deuda pendiente de las operaciones de crédito formalizadas, tanto la concertada directamente por la propia Corporación, como la correspondiente a los Planes Insulares.

21. A fin de que los estados y cuentas anuales reflejen la información sobre los deudores y acreedores no presupuestarios en la forma más fidedigna posible, es necesario el análisis y regularización de las cuentas no presupuestarias.

22. Como medida de saneamiento y de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 13/1996, podría consolidarse a medio y largo plazo una parte de las operaciones de tesorería.

23. En este mismo sentido, sería conveniente la aprobación anual por el Pleno Corporativo de un calendario del contribuyente, que además contribuiría a una mejora en los niveles de recaudación.

24. Deben realizarse conciliaciones periódicas entre saldos contables y extractos bancarios. Estas conciliaciones deberían quedar reflejadas en un documento en el que se identificasen las partidas objeto de la conciliación.

25. Es necesario la elaboración de un plan provisional de tesorería antes del inicio del ejercicio presupuestario, así como planes de tesorería a corto y medio plazo que cifren y periodifiquen las necesidades de efectivo aumentando la rentabilidad de los saldos a favor, que conviene centralizar en un número reducido de cuentas y entidades financieras.

26. Adicionalmente, deberá procederse a la determinación de la realidad de las obligaciones reconocidas y liquidadas en que se haya efectuado el suministro, ejecutada la obra o prestado el servicio.

27. Se debe proceder a la tramitación de los expedientes contractuales con rigor y cumplimiento legal, debiendo prestarse a los mismos la máxima atención, como garantía de objetividad, transparencia y eficacia en la gestión de fondos públicos.

28. La actuación administrativa en el uso del suelo y en la edificación, así como las medidas de protección de legalidad urbanística son de ejercicio inexcusable para conseguir los objetivos legales, tal y como establece el artículo 3.2 de la Ley 7/1990, de 14 de mayo. De ahí el carácter igualmente ineludible de la emisión de Informe técnico y jurídico, de forma conjunta y no alternativa, que debe producirse, por lo que debe evitarse la ausencia de Informe jurídico, que supondría una contravención, de lo establecido, con carácter imperativo, en el artículo 9.4 de la Ley 7/1990, con las inconveniencias que ello pudiera entrañar en el estadio de eficacia de los procedimientos.

29. Sería conveniente la llevanza de un Libro-Registro de licencias urbanísticas, que facilite información comprensiva del proceso desde la solicitud hasta la concesión.

En la Sede del Parlamento, a 11 de mayo de 1999.- El Presidente, José Miguel Bravo de Laguna Bermúdez.



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