BOC - 1999/062. Lunes 17 de Mayo de 1999 - 1732

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo y Transportes

1732 - Secretaría General Técnica.- Resolución de 17 de marzo de 1999, por la que se notifica Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes, resolutoria del recurso ordinario interpuesto por D. José Muñoz Jiménez, en representación de Diego Muñoz Jiménez, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.

Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. José Muñoz Jiménez, en representación de Diego Muñoz Jiménez, S.L., la Resolución de 21 de septiembre de 1998 (Libro nº 1, folio 75, nº 452), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 718/97 (expediente nº GC-2219-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de fecha 17 de diciembre de 1997.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 17 de marzo de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes, por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. José Muñoz Jiménez, en representación de Diego Muñoz Jiménez, S.L.

Visto el recurso ordinario formulado por D. José Muñoz Jiménez, en representación de Diego Muñoz Jiménez, S.L., contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 17 de diciembre de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-2219-0-95, y teniendo a la vista los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo NA-2932-J de autorización de transporte en servicio público de mercancías dando lugar a la sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo tres meses.

Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega que se presumía estimado el recurso al no haberse dictado la resolución en el plazo de tres meses recogido en el artículo 117 de la Ley 30/1992 por aplicarse el artículo 43.3 en dicha ley y la residencia del vehículo siempre había sido Madrid, iniciándose en el año 91 el expediente cuando las competencias no habían pasado a los Cabildos Insulares sino que las tenían las Comunidades Autónomas, por lo que solicitaron la conversión en Madrid, adjuntando copia de la misma, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y transportes.

Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido substanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 17 de diciembre de 1996, que se adoptó en base a lo dispuesto en los artículos 90 y 140.a) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículos 41 y 197.a) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, por los que se considera infracción administrativa muy grave, la realización de transportes públicos o actividades auxiliares o complementarias de los mismos para las cuales la normativa reguladora de los transportes terrestres exija título administrativo habilitante, careciendo de la preceptiva concesión o autorización del transporte o de la actividad de que se trate.

A la vista del informe-propuesta de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de enero de 1998, que obra en el expediente de referencia y en el que se hace constar que el vehículo denunciado efectuó un transporte público de mercancías careciendo de título habilitante, haciendo constar además que según consta en los archivos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas de Gran Canaria el referido vehículo se encuentra domiciliado en la isla de Gran Canaria, procediendo, en consecuencia, la desestimación del recurso interpuesto, confirmando la resolución sancionadora.

Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. José Muñoz Jiménez en representación de Diego Muñoz Jiménez, S.L. y confirmar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 17 de diciembre de 1996, recaída en el expediente sancionador nº GC-2219-0-95, que determinó la imposición de una sanción de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas y precintado del vehículo tres meses, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.



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