Resultando que, en 1991, por parte de este Departamento, se aprobó el instrumento de planificación mencionado y transcurridos ocho años de vigencia, el Plan prácticamente ha tenido una nula ejecución, sobreviniendo además diversas normativas que afectan a su ámbito, tales como la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Telde, Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas, Decreto 35/1995 sobre contenido ambiental de los instrumentos de planificación, Ley 6/1998 sobre Régimen Jurídico y Valoración del Suelo o Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias, que aconsejan su revisión y adaptación a la nueva realidad.
Considerando que el modelo urbanístico elegido por el Plan a revisar y su entorno, se ha basado durante estos años exclusivamente en inversiones e inyección infraestructural pública, que ha dado como resultado ciudades dormitorio sin interrelación social con poblaciones del resto de la isla, sin inversión privada o actividad empresarial estable capaz de revalorizar la zona y crear una sinergia de riqueza y empleo.
Considerando que las anteriores afirmaciones vienen avaladas por los datos del Valle de Jinámar que sitúan a una población de aproximadamente 25.324 habitantes, y con una tasa de paro en torno del 42%, agravado por el hecho de que el 60% de la población es menor de 25 años y el 91% es menor de 44 años, siendo la renta media mensual por familia de 32.800 pesetas.
Considerando que el suelo objeto de actuación ha sido objeto de expropiación por parte de este Departamento, y concertada la gestión e inversiones privadas a través de este Departamento con ratificación del Consejo de Gobierno de Canarias de fecha 15 de octubre de 1998, lo que sin duda constituirá la piedra angular de su ejecución, gestión y conservación.
Considerando que, en el aspecto medioambiental, el deterioro de esta pieza de suelo situada entre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, ha ido en aumento especialmente en el ámbito de la Reserva Científica de Jinámar, así como en su litoral y yacimientos arqueológicos existentes, se pretende con la revisión que se apruebe la ordenación integral del espacio, armonizando los usos estrictamente proteccionistas con otros, compatibles y complementarios de carácter mayoritariamente públicos con otros privados, encaminados a procurar la ejecución, mantenimiento y conservación de todo el ámbito.
Considerando que se han solicitado los informes preceptivos a la Dirección General de Costas, Consejería de Obras Públicas y Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, así como emitidos los correspondientes informes técnicos y jurídicos de la Dirección General de Urbanismo.
Vistos el artº. 32 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, así como los artículos 124 y 147 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, así como el Decreto 107/1995, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Política Territorial,
D I S P O N G O:
Primero.- Aprobar con carácter inicial el Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar situado en los términos municipales de Las Palmas de Gran Canaria y Telde.
Segundo.- Someter a información pública el expediente aprobado, que será diligenciado en todos sus planos y demás documentos, mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de Canarias, así como en uno de lo periódicos de mayor circulación de la provincia, por el plazo de un mes, a los efectos de que se puedan examinar y formular por los interesados las alegaciones pertinentes.
Tercero.- Dar audiencia por el plazo de un mes a los Ayuntamientos, en cuyos términos municipales se ubica la actuación con carácter previo a la aprobación definitiva.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 1999.
LA CONSEJERA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE, María Eugenia Márquez Rodríguez.
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