Habiendo sido intentada la notificación de la presente Orden Departamental en el domicilio que figuraba en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de esta Consejería sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artº. 59, apartado 4, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1. Notificar a D. Orlando Ángel Mora Novaro la Orden de 30 de octubre de 1998 (libro 01, folio 3370) que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario interpuesto frente a la Resolución de fecha 4 de marzo de 1998, dictada por la Dirección General de Industria y Energía, sobre determinación de derechos de acometida eléctrica.
2. Remitir al Ayuntamiento de El Rosario la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de enero de 1999.- El Secretario General Técnico, José Trasobares de Dios.
A N E X O
Orden de 30 de octubre de 1998, por la que se resuelve el recurso ordinario interpuesto por D. Orlando Ángel Mora Novaro, frente a la Resolución de fecha 4 de marzo de 1998 dictada por el Director General de Industria y Energía, sobre determinación de derechos de acometida eléctrica.
Visto el recurso ordinario interpuesto por D. Orlando Ángel Mora Novaro, frente a la Resolución de fecha 4 de marzo de 1998, dictada por el Director General de Industria y Energía, sobre determinación de derechos de acometida eléctrica, y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 2 de enero de 1998, D. Orlando Mora Novaro presentó escrito en la Consejería de Industria y Comercio, por medio del cual viene a mostrar su desacuerdo con la solución técnico-económica aportada por Unelco, S.A. para suministrar energía eléctrica a su vivienda sita en El Drago, término municipal de Alajeró en La Gomera, cuyo importe asciende a la cantidad de setecientas cuarenta y nueve mil quinientas noventa y siete (749.597) pesetas.
Segundo.- Una vez tramitado el expediente administrativo, el Director General de Industria y Energía, en sustitución del Director Territorial de Industria y Energía de Santa Cruz de Tenerife dictó Resolución de 6 de marzo de 1998, en el sentido de que el peticionario deberá hacerse cargo de los costes de extensión.
Tercero.- Frente a la citada Resolución, D. Orlando A. Mora Novaro interpone recurso ordinario el 2 de mayo de 1998 en el cual viene a formular los siguientes alegatos:
1. Que se aplica erróneamente el Real Decreto 2.949/1982, de 15 de octubre, por el que se aprueban las normas sobre acometidas eléctricas y se aprueba el Reglamento correspondiente y el Decreto 103/1995, de 26 de abril, de la Consejería de Industria y Comercio por el que se aprueban las normas de imputación de costes de extensión de redes eléctricas.
2. Que Unelco, S.A. deberá aportar dos tercios del presupuesto de la red de extensión tal como recoge el Real Decreto 2.949/1982, independientemente del resto del texto de esta norma.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Por lo que se refiere a los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario, por cuanto el recurso se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Segundo.- La Resolución recurrida tiene su basamento legal en el último apartado del artículo 5 del Decreto 103/1995, de 26 de abril, por el que se aprueban las normas en materia de imputación de costes de extensión de redes eléctricas, que dispone literalmente lo siguiente: En aquellos suministros cuya inversión sea superior a ocho veces el baremo, se aplicará el artículo 9 del Reglamento de Acometidas Eléctricas, pero sin limitación alguna. En este último supuesto, sólo se determinará como inversión de extensión los costes estrictamente necesarios para atender el suministro solicitado. En el presente caso, la inversión que acarrea la extensión de la red eléctrica para dotar de suministro a la vivienda del hoy peticionario es superior a ocho veces el baremo, y por consiguiente, el usuario deberá hacerse cargo de todo el coste de la extensión, y ello en aplicación del artículo 9 del Reglamento de Acometidas Eléctricas.
Tercero.- El recurso ordinario no puede prosperar, y ello por los siguientes motivos: 1. El alegato de que se ha aplicado el Reglamento de Acometidas Eléctricas y el Decreto 103/1995, de 26 de abril, de forma errónea no puede ser tenido en cuenta, ya que no ha existido ningún error en la aplicación de ambas disposiciones reglamentarias, por cuanto resulta procedente en el caso que nos ocupa aplicar el Decreto 103/1995 que se configura como la norma autonómica que regula la distribución de costes en materia de extensión de redes eléctricas donde en su artículo 5 contempla el supuesto objeto de la presente controversia, es decir, cuando la inversión de la extensión es superior a ocho veces el baremo se aplica el artículo 9 del Reglamento de Acometidas Eléctricas, sin limitación alguna en la participación económica del solicitante.
2. El criterio de la participación económica de un tercio de la inversión por parte del solicitante, y dos tercios por parte de la empresa eléctrica siempre es aplicable cuando la inversión no sea superior a ocho veces el baremo, tal como dispone el expresado artículo 5 in fine del Decreto 103/1995.
VISTOS
Además de los preceptos legales citados, los Decretos Territoriales 187/1995, de 20 de julio, de Reestructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias y 323/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria y Comercio, modificado por el Decreto 64/1997, de 30 de abril, así como la legislación del procedimiento administrativo común y demás disposiciones de general o particular aplicación.
Por todo lo cual, el Consejero de Industria y Comercio, en el ejercicio de sus competencias,
ACUERDA:
Desestimar el recurso ordinario interpuesto por D. Orlando Ángel Mora Novaro, frente a la Resolución de fecha 4 de marzo de 1998, dictada por el Director General de Industria y Energía, sobre determinación de derechos de acometida eléctrica, manteniendo la misma en todos sus términos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación a la Consejería de Industria y Comercio exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Consejero de Industria y Comercio, Alfredo Vigara Murillo.
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