Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por el recurrente-interesado.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Mario Ramírez Molina en representación de Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L. la Resolución de 10 de noviembre de 1998 (libro nº 1, folio 82, nº 615), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso ordinario nº 853/97 (expediente nº GC-3395-0-95), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Transportes, de fecha 2 de abril de 1997.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Valsequillo (Gran Canaria) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de febrero de 1999.- La Secretaria General Técnica, Rosa María Rodríguez Martín.
A N E X O
Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismo y Transportes por la que se resuelve recurso ordinario interpuesto por D. Mario Ramírez Molina en representación de Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L.
Visto el recurso ordinario formulado por D. Mario Ramírez Molina en representación de Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L. contra la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 2 de abril de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-3395-0-95, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- La Resolución recurrida se basa fácticamente en carecer el vehículo GC-2476-BB, de hoja de ruta en servicio de alquiler con conductor, dando lugar a la sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas.
Segundo.- El recurso ordinario interpuesto alega, que les deja perplejos la denuncia ya que les fue manifestado a los agentes que el libro de rutas estaba en aquella fecha en el Servicio de Transportes del Cabildo Insular quien, por razones burocráticas no se lo había entregado a la entidad recurrente, solicitando, en definitiva, se deje sin efecto la sanción impuesta. FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Secretaria General Técnica de la Consejería de Turismos y Transportes es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), por la que se le delega la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos del Departamento en materia de turismo y transportes.
Segundo.- La tramitación del expediente sancionador ha sido substanciada de conformidad con lo previsto en el capítulo IV del título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, según nueva redacción dada al mismo en el anexo I del Real Decreto 1.772/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan determinados procedimientos administrativos en materia de transportes y carreteras a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente alteran sustancialmente los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 2 de abril de 1997, que se adoptó en base a lo dispuesto en el artículo 142.l) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y artículo 199.m) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y Orden Ministerial de 14 de junio de 1993, por los que se considera infracción administrativa leve, la realización de transportes públicos careciendo de la hoja de ruta u otra documentación obligatoria.
A la vista del Informe Propuesta de la Dirección General de Transportes de fecha 16 de junio de 1998 que obra en el expediente de referencia, queda acreditado que en el momento de la denuncia el libro de ruta del vehículo denunciado se encontraba en el Excmo. Cabildo Insular ya que con fecha 15 de enero de 1996 la entidad recurrente había solicitado su diligenciado que no se produjo hasta el 24 de enero de 1996, no siéndole imputable a la recurrente la dilación temporal producida en la tramitación de dicho diligenciamiento.
En consecuencia y al haber quedado desvirtuados los hechos imputados, procede estimar el recurso interpuesto, revocando la resolución sancionadora.
Cuarto.- La presente Resolución no ha sido dictaminada por el Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, por suscitarse en el recurso cuestiones de Derecho ya resueltas en otros anteriores, de acuerdo con el artículo 20.g) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar, en todos sus términos, el recurso ordinario promovido por D. Mario Ramírez Molina en representación de Servicios Turísticos Gran Canaria, S.L. y revocar la Resolución de la Dirección General de Transportes de fecha 2 de abril de 1997, recaída en el expediente sancionador nº GC-3395-0-95, que determinó la imposición de una sanción de cuarenta y seis mil (46.000) pesetas, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, previa la comunicación al órgano que dictó la presente Resolución exigida en el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. Notifíquese reglamentariamente.- La Secretaria General Técnica (p.d. Orden de 9.10.95; B.O.C. nº 136, de 23.10.95), Rosa María Rodríguez Martín.
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