BOC - 1999/017. Lunes 8 de Febrero de 1999 - 434

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad y Consumo

434 - Dirección General de Consumo.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de noviembre de 1998, sobre notificación de Resoluciones a personas físicas y jurídicas de ignorado domicilio.

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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra los mismos, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O:

1. Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que le han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo. Los interesados podrán interponer recurso ordinario contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

2. Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.

1) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1086/97.

RESPONSABLE: D. Juan Sánchez Ortega. D.N.I. o N.I.F.: 42428505Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 20 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Víveres Sánchez propiedad del interesado sito en Ingeniero Salinas, 14, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6167 comprobaron que carecían de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176) General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a D. Juan Sánchez Ortega la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 1997.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

2) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1280/97.

RESPONSABLE: Flora Trading, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35140987.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 29 de mayo de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Plaza I propiedad de D. Miguel Martín Hernández sito en el Centro Comercial de Maspalomas, s/n, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 6311 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público 8 cepillos de cabello “Professional Collection the proffesional Brush with apoxy nylon tips rubberized handle” carentes de los preceptivos datos consignados en castellano. El compareciente presentó factura nº 9505915 de fecha 26 de marzo de 1997 expedida por la entidad 7 Islas, S.A.L. Mediante actas de inspección números 5857 y 5858 de fecha 7 de junio de 1997, esta entidad reconoció tanto la factura como el haber suministrado el artículo, si bien presentó factura de adquisición de los cepillos nº 24 de fecha 5 de enero de 1996 expedida por Flora Trading, S.L. El día 10 de junio de 1997 Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el almacén propiedad de la interesada sito en la Urbanización Industrial Díaz Casanova Las Torres, nave 3, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y mediante acta levantada al efecto nº 5859 comprobaron que la compareciente reconocía tanto la factura nº 24 como haber suministrado el artículo. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176) General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168) que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en relación con el artículo 7º del Real Decreto 1.468/1988, de 2 de diciembre (B.O.E. nº 294), por el que se aprueba el Reglamento de etiquetado, presentación y publicidad de los productos industriales destinados a su venta directa a los consumidores y usuarios.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154). ACUERDO

Imponer a Flora Trading, S.L. la sanción de multa de 60.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de enero de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

3) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1316/97.

RESPONSABLE: D. Harumal M. Nadwani. D.N.I. o N.I.F.: 42854184.

MOTIVACIÓN REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de junio de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el bazar propiedad del interesado sito en el Centro Comercial Yumbo, local 3, 4 y 12, planta 3ª, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana; y mediante acta levantada al efecto nº 6020 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en el escaparate diversos artículos tales como binoculares, radio-cassettes portátiles, teléfonos inalámbricos, máquinas de afeitar, vídeojuegos, de varias marcas y modelos carentes de sus preceptivos marcados de los precios de venta al público de forma visible. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.5 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 2 del Real Decreto 2.160/1993, de 10 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 29, de 3 de febrero), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154). ACUERDO

Imponer a Harumal M. Nadwani la sanción de multa de 50.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de enero de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

4) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1334/97.

RESPONSABLE: D. Pedro Quintana Hernández. D.N.I. o N.I.F.: 42735492.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de junio de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Udaco propiedad de D. Pedro Quintana Hernández sito en la Urbanización Las Torres, bloque 8, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6027 comprobaron que el establecimiento carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artículo 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 17 de diciembre de 1997, manifestando en síntesis: Que la ausencia de Hojas de Reclamaciones en aquel momento fue debida a que el supermercado iba a cerrarse, por lo que no se disponía de las mismas al haberse extraviado. Que como Vds. pueden comprobar, dicho comercio ya ha sido cerrado. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que en tanto en cuanto el supermercado estaba abierto en el momento de la inspección, era preceptivo disponer de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de las mismas.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a D. Pedro Quintana Hernández la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de enero de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

5) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1735/97.

RESPONSABLE: Dña. Estebana Santana Santana. D.N.I. o N.I.F.: 42709977N.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de septiembre de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Boutique del Pan Esther propiedad de la interesada sito en Drago, 33, del término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 7458 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público unas 12 bolsas de pan bizcochado careciendo de sus preceptivos etiquetados. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 19 del Real Decreto 1.137/1984, de 28 de marzo (B.O.E. nº 146), por el que se aprueba la R.T.S. para la fabricación, circulación y comercio del pan y panes especiales. CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 6 de abril de 1998, manifestando en síntesis: Invocamos la existencia de prescripción para conseguir la presunta infracción que haya podido cometerse, basándose para ello en lo establecido en el apartado 1 de artículo 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que desde que fue conocida por la Administración la existencia de una presunta falta administrativa, y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, lo que ocurrió el día 5 de septiembre de 1997, hasta que se procede a la incoación de este expediente sancionador, con notificación del mismo a la interesada, hecho que no ha ocurrido hasta el pasado día 27 de marzo del corriente año, ha transcurrido un período superior a seis meses, habiéndose excedido el plazo que para que opere la figura jurídica de la prescripción, establece la propia Ley. Desde una óptica de legalidad este expediente es improcedente y procede su archivo, no pudiéndose continuar la tramitación del mismo, pues caso contrario estaría produciéndose una clara vulneración de la Ley. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que en materia de prescripción en materia de consumo hay que estar a lo que establezca la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuya Disposición Final Segunda establece que habrá que estar a lo establecido en el Real Decreto 1.945/1983, cuyo artº. 18 fija el plazo de prescripción de 5 años.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a Dña. Estebana Santana Santana la sanción de multa de 75.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de abril de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 6) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/1844/97.

RESPONSABLE: D. Antonio Jesús Robaina Molina. D.N.I. o N.I.F.: 42734497Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de octubre de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el taller de reparaciones de motos “Antonio” propiedad del interesado sito en Fernando Guanarteme, 213, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 7684 comprobaron que carecía de las Hojas de Reclamaciones y no estaba expuesta la leyenda relativa a la existencia de las Hojas de Reclamaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 12, 17 y 19, apartado g), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a D. Antonio Jesús Robaina Molina la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de junio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

7) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/126/98. RESPONSABLE: D. Lakhi Motiram Daswani. D.N.I. o N.I.F.: X0580973Q.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 1997, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Sakhi propiedad de D. Lakhi Motiram Daswani sito en la Avenida del Jablillo, Centro Comercial Teguise Playa, 35, del término municipal de Teguise; y mediante acta levantada al efecto nº 6508 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público juegos Petogotchi careciendo sus etiquetados de los preceptivos datos consignados en castellano a excepción de la marca CE. Asimismo, comprobaron que en la fachada tenían carteles publicitarios luminosos con la leyenda Duty Free, realizando por tanto una publicidad engañosa al sugerir al consumidor que es una tienda libre de impuestos cuando no lo es. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 8 y 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueba las normas de seguridad de los juguetes y en relación con el artº. 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en concordancia con los artículos 4 y 32 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre (B.O.E. nº 274), General de Publicidad.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a D. Lakhi Motiram Daswani la sanción de multa de 200.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de julio de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda. 8) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/160/98.

RESPONSABLE: Dña. Solange Acosta de Sánchez. D.N.I. o N.I.F.: X0595536C.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 2 de enero de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Noray propiedad de Dña. Solange Acosta de Sánchez sito en la Isla de Cuba, 10 p.b., del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6619 comprobaron que el precio cobrado por un bono-guagua era de 750 pesetas en lugar de 745 pesetas. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con artículo 3º, apartado 3.2.1, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con la Orden de 19 de septiembre de 1996 de la Consejería de Industria y Comercio, por la que se aprueban las tarifas del servicio del transporte urbano colectivo de viajeros del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a Dña. Solange Acosta de Sánchez la sanción de multa de 50.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

9) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/193/98.

RESPONSABLE: D. Marcos Antonio Cabrera Gil. D.N.I. o N.I.F.: 45533963. MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 16 de enero de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Gimnasio Big Gym propiedad del interesado sito en la Cuesta del Agua, 3, del término municipal de Gáldar; y mediante acta levantada al efecto nº 6559 comprobaron que carecía de las Hojas de Reclamaciones y del cartel anunciador de su existencia. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y en relación con el artº. 3.3.6 del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), en concordancia con el artº. 10 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de ordenación de la actividad comercial de Canarias (B.O.C. nº 53), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a D. Marcos Antonio Cabrera Gil la sanción de multa de 40.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de octubre de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

10) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/304/98.

RESPONSABLE: D. Benito Moreno Valdivia. D.N.I. o N.I.F.: 42792296Z.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de febrero de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el taller de mecánica propiedad del interesado sito en Calvo Sotelo, 33, del término municipal de Puerto del Rosario; y mediante acta levantada al efecto nº 6031 comprobaron que carecía de la placa-distintivo y de las Hojas de Reclamaciones. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.2, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con los artículos 6, 17 y 19, g) y j), del Real Decreto 1.457/1986, de 10 de enero (B.O.E. nº 169), por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a D. Benito Moreno Valdivia la sanción de multa de 80.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

11) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/305/98.

RESPONSABLE: Frutería Las Gavias de Fuerteventura, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35335751.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 12 de febrero de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el mayorista de frutas y hortalizas propiedad de la interesada sito en la zona industrial El Charco, s/n, del término municipal de Puerto del Rosario; y mediante acta levantada al efecto nº 6933 comprobaron que tenía expuesto para su distribución y venta 100 sacos de patatas carentes de sus preceptivos etiquetados. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artículo 3º, apartados 3.3.1 y 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el Real Decreto 2.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300), que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior y Orden de 6 de julio de 1983 (B.O.E. nº 166), que aprueba la norma de calidad para patata de consumo destinada al mercado interior.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a Frutería Las Gavias de Fuerteventura, S.L. la sanción de multa de 100.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de agosto de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

12) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/349/98.

RESPONSABLE: HF Control, S.L. D.N.I. o N.I.F.: B35325158.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 5 de marzo de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el SAT Oficial de IBM propiedad de HF Control, S.L. sito en Alfred Nobel, 1, p.b., del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta levantada al efecto nº 6726 procedieron a cumplimentar la reclamación presentada por D. Juan Santana Yanez (Hoja de Reclamaciones nº 1999) relativa a la no entrega de la pieza sustituida en la reparación de ordenador. Comprobándose que no se le entregó la pieza al reclamante porque se destinó a reciclaje no constando esta circunstancia ni la conformidad expresa del cliente ni en el presupuesto ni en la factura. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de protección al consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 4, apartado 2º, del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a HF CONTROL, S.L. la sanción de multa de 60.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

13) RESOLUCIÓN.

Visto el expediente nº 35/468/98.

RESPONSABLE: D. Pedro Pérez Pérez. D.N.I. o N.I.F.: 42640835P.

MOTIVACIÓN

REFERENCIA DE HECHOS: el día 15 de abril de 1998, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento propiedad del interesado sito en la Avenida de Ansite, 110, del término municipal de Agüimes; y mediante acta levantada al efecto nº 6843 comprobaron que tenía expuesto para su venta al público 16 quesos de diferentes tipos careciendo de sus preceptivos etiquetados. FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 34.6 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en relación con artículo 3º, apartado 3.3.4, del Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio (B.O.E. nº 168), que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria, en concordancia con el artº. 12 de la Orden Ministerial de 29 de noviembre de 1985 (B.O.E. nº 292), que aprueba las normas de calidad de los quesos y quesos fundidos destinados al mercado interior, modificada por la Orden 8 de mayo de 1987 (B.O.E. nº 113). CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 18 de agosto de 1998, manifestando en síntesis: Que hacía pocos minutos que habían llegado estos alimentos al establecimiento, y al ponerlos en el mantenedor se les cayó el etiquetado, correspondiendo dichos quesos a Distribuidora de Quesos Canarios, S.L., se adjunta fotocopia de la notificación recibida, así como el etiquetado. CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que es el interesado responsable por poner a disposición del consumidor los quesos sin etiquetados, privándole por tanto de una información a la que tiene derecho.

Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.E. nº 154).

ACUERDO

Imponer a D. Pedro Pérez Pérez la sanción de multa de 60.000 pesetas.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad y Consumo, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en el artº. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de septiembre de 1998.- El Director General de Consumo, GonzaloOlarte Cullen.

NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de noviembre de 1998.- El Director General de Consumo, Gonzalo Olarte Cullen.



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