Habiéndose intentado por esta Dirección General, sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana. RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 148, nº 741.
Resolución de 7 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/189, instruido a D. José Luis Prieto Argüelles, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar New Way Disco Pub.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. José Luis Prieto Argüelles, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 6 de agosto de 1997, como consecuencia de la Hoja de Reclamación nº 27052, formulada por D. Eladio Javier Díaz Machín y del acta de inspección nº 7856, de 14 de noviembre de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 14 de octubre de 1996, se recibió en esta Consejería Hoja de Reclamaciones nº 27052, a instancia de D. Eladio Javier Díaz Machín, contra el Bar New Way Disco, por deficiencias en el servicio.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 14 de noviembre de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Centro Comercial Puerto Rico, locales 3043, 3044, 3048 y 3049, en Puerto Rico, término municipal de Mogán, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7856, en la que esencialmente se hace constar que el establecimiento se encuentra abierto al público realizando la actividad de bar y ofertando a los clientes animación y ocio, con música ambiental, rinconera musical y pinchadiscos, con horario de 8 de la tarde a 2,30 horas de la madrugada. En cuanto a los hechos dice que fue un camarero inexperto, por llevar poco tiempo y que ya no trabajaba en el local, quien indicó al cliente que a las 2,30 (hora de cierre por orden gubernativa) debían abandonar el local, sin saber que llevaban sólo 10 minutos y en el cartel indicador figuraba las 3,30 horas para el cierre. Carece del anuncio de los precios, sólo los hay en las mesas. La lista sellada es del 30 de noviembre de 1993.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/189, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 6 de agosto de 1997, por los siguientes HECHOS:
1) Deficiencias en la prestación de los servicios a su cliente D. Eladio Javier Díaz Machín, invitándole a abandonar el local a las 2,30 horas (a los 10 minutos de entrar) y haber anunciado el cierre a las 3,30 horas. 2) No anunciar, tanto en el interior como en el exterior del establecimiento, la relación de servicios con los precios que rigen en la prestación de los mismos.
5º) El expedientado, en escrito de fecha 5 de diciembre de 1997, registro de entrada nº 8457, en síntesis ha alegado lo siguiente: que el 17 de noviembre de 1997 ha sido publicado en el Boletín Oficial de Canarias Propuesta de Sanción de expediente nº 97/189. Se alega en descargo la prescripción de la infracción, pues se cometió el 20 de septiembre de 1996 y se publica el 17 de noviembre de 1997, por otro lado respecto a la infracción imputada, es imposible, pues el horario de cierre no es las 3,30 horas y no ha podido ser anunciado. En lugar visible hay lista de precios del establecimiento. Se proponen 2 testigos. Causa indefensión la Resolución impugnada pues no es clara. Se propone 150.000 pesetas, por el 2º hecho infractor, cuando en el peor de los casos se han cometido 2 hechos tipificados. Indefensión reforzada por carecer de pie de recurso, de posibilidad de hacer alegaciones, etc. Por último se infringe el principio de proporcionalidad en el grado impuesto. Que se declare anulación del expediente.
6º) Examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados, no desvirtúa la Resolución de iniciación del expediente sancionador. Respecto a la prescripción no se aprecia pues para aplicar los cómputos del tiempo, es necesario dilucidar cuando se produce el inicio del expediente. Tal como consta en el expediente, el acta no reúne los requisitos formales previstos en la normativa vigente, sobre el ejercicio de la potestad sancionadora, por lo que el órgano competente es el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, según el artº. 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, del Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes, es a partir de la fecha de la Resolución de iniciación desde donde se aplican los cómputos para los plazos para el principio de prescripción. En este caso el 6 de agosto de 1997.
Por otra parte, si el horario es de 8 de la tarde a 2,30 de la madrugada, había cartel luminoso junto al pinchadiscos, indicando hasta las 3,30 horas (horario antiguo, pero existente ese día), por ello no es preciso testificar al quedar claro en el acta. Si el personal no es cualificado, no es culpa del cliente. Por otra parte se acredita que no hay anuncio al público de los precios de los productos que se ofrecen al público, ni interior ni exterior, sólo en las mesas en listas de 30 de noviembre de 1993.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 15 de enero de 1998 formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía de 150.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 22.500 pesetas por el 2º hecho infractor. 7º) Que la comisión de los hechos imputados ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta de inspección nº 7856, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha propuesta por entenderla ajustada a Derecho.
Sexta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracciones a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: - artículo 9º de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
- Artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 1º (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio). Con calificación de leve, en base a: artº. 76.3, en relación con el artº. 77.7 y artº. 77.1, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 150.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 22.500 pesetas por el 2º hecho infractor a D. José Luis Prieto Argüelles, con N.I.F. 50682191-N, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar New Way Disco Pub.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de septiembre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
2º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 148, nº 734.
Resolución de 7 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/036, instruido a D. Jesús Mongue Lafuente, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Notaría.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Jesús Mongue Lafuente, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 27 de febrero de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Juan José García Plaza y del acta de inspección nº 8861, de 6 de agosto de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 15 de junio de 1997, se recibió en esta Consejería denuncia de D. Juan José García Plaza, contra el Bar La Notaría, por mal servicio y no dar Hoja de Reclamaciones.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 6 de agosto de 1997 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle León y Castillo, 24, bajo, término municipal de Telde, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8861, en la que esencialmente se hace constar que el denunciante accedió al establecimiento, que se encontraba cerrado, en el momento que un empleado abrió la puerta para sacar la basura, que no obstante fue atendido en la barra y que unos minutos después procedió a desconectar la música y que por ello protestó el denunciante, solicitando la Hoja de Reclamaciones, la cual no fue facilitada en primera instancia por no saber el camarero dónde estaba. Acto seguido se personó el titular y cambió impresiones con el denunciante, originándose una pelea entre ambos, personándose posteriormente la Policía Nacional, a requerimiento del denunciante. Se ha producido un cambio de titularidad a favor del Sr. Mongue, que explota el local desde enero de 1997, sin comunicarlo.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/036, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 27 de febrero de 1998, por los siguientes
HECHOS:
1) No facilitar a su cliente D. Juan José García Plaza la Hoja de Reclamaciones, a solicitud de éste, según consta en el acta de inspección nº 8861, de 6 de agosto de 1997. 2) Alterar las condiciones esenciales de la autorización de la que está provista la actividad, toda vez que se ha producido un cambio de titularidad a favor de D. Jesús Mongue Lafuente, que explota el establecimiento consignado, sin comunicarlo como es preceptivo a la Administración turística competente.
5º) Que el expedientado no ha realizado contestación a los cargos que se le imputan.
6º) Que con fecha 26 de agosto de 1998, y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 90.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor.
7º) Que la comisión de los hechos imputados ha sido probada como consta en el expediente. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, en base al acta de inspección nº 8861, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Resolución de iniciación de expediente sancionador, que se considera como Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución por entenderla ajustada a Derecho.
Sexta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracciones a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: - artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
- Artículo 2º de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).
Con calificación de leve, en base a: artículos 76.6 y 76.1, en relación con el artº. 77.7, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 90.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 125.000 pesetas por el 2º hecho infractor, a D. Jesús Mongue Lafuente, con N.I.F. 17689480-L, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar La Notaría.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de septiembre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
3º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 14, nº 74.
Resolución de 7 de septiembre de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/072, instruido a Inmobiliaria Samimar, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Princesa Star.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Inmobiliaria Samimar, S.A., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 19 de marzo de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Alois Herr, y del acta de inspección nº 7755, de 23 de octubre de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 19 de julio de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia remitida por el Cabildo de Fuerteventura, a instancia de D. Alois Herr, contra el Hotel Princesa Star, por deficiencias varias.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 23 de octubre de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la Avenida El Saladar, 28, en Jandía, término municipal de Pájara, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7755 en la que esencialmente se hace constar que se pudo comprobar, luego de un muestreo de las habitaciones 144, 152, 155, 162, 272 y 302, así como de otras dependencias, que en los baños de las habitaciones sólo se pone a disposición de los clientes el jabón, y que muchas losetas de cerámica a la entrada del salón social, y la moqueta de la misma zona que cubre el piso del billar, están desconchadas y con roturas.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/072, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 19 de marzo de 1998, por el siguiente
HECHO: deficiencias manifiestas y generalizadas en la limpieza de los locales del establecimiento de referencia.
5º) Que la empresa expedientada no ha realizado contestación a los cargos que se le imputan.
6º) Que con fecha 26 de agosto de 1998, y habida cuenta que la empresa expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 500.000 pesetas.
7º) Que la comisión del hecho imputado, ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, en base al acta de inspección nº 7755, sin que la titular haya formulado alegaciones a la Resolución de iniciación de expediente, considerada como Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta por entenderla ajustada a Derecho.
Sexta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artº. 85 de la Orden de 19 de julio de 1968, por la que se dictan normas sobre clasificación de los establecimientos hoteleros. (B.O.E. de 7 de agosto).
Con calificación de grave, en base a: artº. 76.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 500.000 pesetas a Inmobiliaria Samimar, S.A., con C.I.F. nº A-48035885, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Princesa Star.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de septiembre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, por Orden nº 191, del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes, de 20 de agosto de 1998, el Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana,
4º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 146, nº 682.
Resolución de 14 de agosto de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/073, instruido a Dña. Victoria Márquez Medina, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Bakoa.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Victoria Márquez Medina, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 2 de abril de 1998, como consecuencia de las Hojas de Reclamaciones números 31416 y 31417, formuladas por Dña. Sandra Paola Arana Camacho y D. Juan Manzur.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 4 de julio de 1997, se recibieron en esta Consejería, registro de entrada números 4512 y 4513, las Hojas de Reclamaciones números 31416 y 31417, cumplimentadas por Dña. Sandra Paola Arana y D. Juan Manzur, respectivamente.
2º) Que con fecha 4 de agosto de 1997, no se habían remitido por parte del establecimiento consignado las copias de color azul de las Hojas de Reclamaciones números 31416 y 31417.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/073, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 2 de abril de 1998, por los siguientes:
HECHOS:
1) No tramitar la Hoja de Reclamación nº 31416 en tiempo y forma.
2) No tramitar la Hoja de Reclamación nº 31417 en tiempo y forma. 5º) Que con fecha 28 de julio de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 50.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 50.000 pesetas por el 2º hecho infractor.
6º) Que la comisión de los hechos imputados ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a que las Hojas de Reclamaciones números 31416 y 31417 no han sido remitidas por el establecimiento de referencia dentro del plazo establecido, sin que la titular haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe los hechos imputados.
Sexta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 7º de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre).
Con calificación de leve, en base a: artº. 76.6, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 50.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 50.000 pesetas por el 2º hecho infractor a Dña. Victoria Márquez Medina, con N.I.F. 43757372-X, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Bakoa.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de agosto de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, por Orden nº 183 del Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes, de 10 de agosto de 1998, el Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
5º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 15, nº 102.
Resolución de 2 de octubre de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/096, instruido a Isla Beach, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Discoteca Pacha.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Isla Beach, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 7 de mayo 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Pilar Ochoa Sánchez, y del acta de inspección nº 7485, de 21 de agosto de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 1 de agosto de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia del Cabildo Insular de Fuerteventura, a instancia de Dña. Pilar Ochoa Sánchez, contra el Bar Discoteca Pacha, por infracción a la Ley del Turismo. 2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 21 de agosto de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle General Franco (C.C. Atlántico) en Corralejo, término municipal de La Oliva, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7485, en la que esencialmente se hace constar que dispone de Libro de Inspección de Turismo, Hojas de Reclamaciones y lista de precios selladas por el Cabildo, el 16 de marzo de 1994. No se aprecia la existencia de suciedad en el establecimiento. Se anuncia en el exterior del establecimiento como Discoteca Pacha, sin que ello haya sido comunicado al Cabildo.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/096, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 7 de mayo de 1998, por el siguiente
HECHO: haber cambiado la denominación del establecimiento, toda vez que se anuncia como Bar Discoteca Pacha, sin haberlo comunicado previa y preceptivamente a la Administración turística competente.
5º) Que con fecha 20 de agosto de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 251.000 pesetas por el hecho infractor.
6º) Que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
7º) Que la comisión del hecho imputado ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución. Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 7485, sin que el titular haya formulado alegaciones a la Propuesta de Resolución, ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución por entenderla ajustada a Derecho.
Sexta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 3º de la Orden de 19 de octubre de 1988, de los nombres y la publicidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 4 de noviembre).
Con calificación de grave, en base a: artº. 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 251.000 pesetas por el hecho infractor, a Isla Beach, S.L., con C.I.F. nº B-35281948, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Discoteca Pacha.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
6º) Libro nº 1 de Resoluciones de la Viceconsejería de Turismo, folio 15, nº 103.
Resolución de 2 de octubre de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 98/102, instruido a Isla Beach, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Tropicana Garden.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Isla Beach, S.L., por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 7 de mayo de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Pilar Ochoa Sánchez, y del acta de inspección nº 7482, de 21 de agosto de 1996.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 1 de agosto de 1996, se recibió en esta Consejería denuncia del Cabildo de Fuerteventura, a instancia de Dña. Pilar Ochoa Sánchez, contra el Restaurante Tropicana Garden, sobre infracciones a la Ley del Turismo.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 21 de agosto de 1996 se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle General Franco (C.C. Atlántico) en Corralejo, término municipal de La Oliva, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 7482, en la que esencialmente se hace constar que se encuentra abierto al público en general y realiza la actividad de restaurante, dispone del Libro de Inspección de Turismo, Hojas de Reclamaciones y lista de precios sellada por el Cabildo el 10 de julio pasado. El establecimiento dispone de dos cocinas, una en la planta de comedor y otra en el bajo los muebles. La campana de la planta de comedor necesita limpieza. El pavimento de zona de barra está estropeado con losetas partidas. El pavimento común de entrada de mercancía a la cocina del sótano está sucia. Se ha rebosado varias veces el pozo negro y las aguas fecales han entrado en la cocina del sótano con graves problemas en el centro. Se aporta abundante documentación, advirtiendo de las anomalías.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/102, nombrándose Instructor y Secretario. 4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 7 de mayo de 1998, por el siguiente
HECHO: deficiencia de limpieza en la dependencia denominada cocina.
5º) Que con fecha 20 de agosto de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 251.000 pesetas por el hecho infractor.
6º) Que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
7º) Que la comisión del hecho imputado ha sido probada como consta en el expediente.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al acta nº 7482 sin que la titular haya formulado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado, por lo que nos ratificamos en dicha Propuesta de Resolución, por entenderla ajustada a Derecho.
Sexta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a: NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS: artículo 9º.d) de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
Con calificación de grave, en base a: artº. 76.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de 251.000 pesetas por el hecho infractor, a Isla Beach, S.L., con C.I.F. nº B-35281948, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Tropicana Garden.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Una vez firme la presente Resolución, se procederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.- Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de octubre de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
7º) Libro nº 2 de Resoluciones de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 150, nº 784.
Resolución de 5 de octubre de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/133, instruido a Dña. María Isabel Santana Pérez, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Yaiza.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. María Isabel Santana Pérez, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 26 de mayo de 1998, como consecuencia del acta de inspección nº 8926, de 16 de septiembre de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 16 de septiembre de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Francisco Gourié, 18-bajo, en Las Palmas de Gran Canaria, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 8926, en la que esencialmente se hace constar que se había producido un cambio de titularidad y que carecía del Libro de Inspección.
2º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/133, nombrándose Instructor y Secretario.
3º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 26 de mayo de 1998, por los siguientes
HECHOS:
1) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones.
2) No facilitar el Libro de Inspección.
4º) Que con fecha 18 de septiembre de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de 175.000 pesetas por el 1er hecho infractor y 32.500 pesetas por el 2º hecho infractor.
5º) Que analizado el expediente en cuestión no consta probado el 1er hecho no así el 2º hecho imputado, en virtud del acta de inspección nº 8926, de 16 de septiembre de 1997.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96). Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que a la hora de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Quinta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 8926, de 16 de septiembre de 1997, sin que la titular consignada haya formulado alegaciones o aportado prueba alguna que desvirtúe el hecho imputado por lo que se le imputa el siguiente
HECHO: no facilitar el Libro de Inspección.
Sexta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción a:
NORMA SUSTANTIVA INFRINGIDA: artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Con calificación de leve, en base al: artº. 76.9, en relación con el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa en cuantía de 32.500 pesetas por el hecho infractor, a Dña. María Isabel Santana Pérez, con C.I.F. nº 44305687-M, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Yaiza.
La Resolución que se le notifica no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de octubre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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