Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución recaída en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
Las Resoluciones que se notifican no ponen fin a la vía administrativa y contra las mismas cabe interponer, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso ordinario en el plazo de un mes, contado a partir de la recepción de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse. En el caso de que el recurrente sea un representante, deberá acreditar esta representación, aportando escritura de poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El ingreso de las sanciones recaídas en los expedientes que se relacionan deberá hacerse efectivo en la forma y plazos indicados en la notificación que la Consejería de Economía y Hacienda le remitirá a su propio domicilio.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
RESOLUCIONES QUE SE CITAN:
1) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 139, nº 537.
Resolución de 24 de junio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/092 instruido a Dña. Montserrat Calabria Amarillo, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Oro.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Dña. Montserrat Calabria Amarillo por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 30 de julio de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por Dña. Alejandra, Dña. María Ángeles, Dña. Antonia María y Dña. Yurena Barrera Morin, y del contenido del acta de inspección nº 644, de 17 de julio de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 14 de mayo de 1997, se recibieron en esta Consejería reclamaciones formuladas por Dña. Alejandra, Dña. María Ángeles, Dña. Antonia María y Dña. Yurena Barrera Morin, contra el establecimiento denominado Bar Oro, sito en el Barrio de la Salud de Santa Cruz de Tenerife en las que, en esencia, manifiestan que entraron las tres hermanas en el establecimiento y al pedir una consumición, sin motivo alguno la supuesta propietaria del bar las echó con varios insultos y amenazas hasta agredir a dos de las hermanas con un hierro.
Aportan los correspondientes partes clínicos e informe de urgencias.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 17 de julio de 1997, se personó en el establecimiento de referencia, sito en la calle Príncipe Ruyman en el Barrio de la Salud, término municipal de Santa Cruz de Tenerife, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 644, en la que esencialmente se hace constar que en el momento de la inspección, el establecimiento está abierto al público y realiza actividad de bar. Solicitada la documentación de la Administración turística canaria, no la presenta careciendo de Libro de Inspección, listas de precios selladas, Hojas de Reclamaciones y aviso sobre su existencia.
En relación a los hechos que motivaron la denuncia, la titular del establecimiento, Dña. Montserrat Calabria Amarillo, declinó hacer cualquier comentario sobre los mismos, indicando que ha procedido a presentar denuncia en el juzgado contra los reclamantes a la que se remite.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/092, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 30 de julio de 1997 por Estar funcionando en régimen de explotación turística como bar en las siguientes condiciones:
1º) Sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios.
2º) Sin tener el correspondiente Libro de Inspección.
3º) Sin tener las Hojas de Reclamaciones.
5º) Que la expedientada ha realizado contestación a los cargos que se le imputan en la que en síntesis alega que examinadas las razones esgrimidas por la empresa expedientada y los documentos aportados, debe estimarse la responsabilidad administrativa de la misma, debiendo aclararse que el presente expediente se inició, no por el trato dispensado por la titular del establecimiento denominado Bar Oro denunciado por las reclamantes, sino por los hechos constatados en el acta de inspección nº 644, de 17 de julio de 1997, consistentes en estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber obtenido la preceptiva documentación turística, estimándose que el conflicto existente entre el contenido de la cláusula décima del contrato de arrendamiento, suscrito entre la expedientada y el arrendador de la industria, y los requisitos exigidos para dar de alta el establecimiento en la Administración turística, debe resolverse en el ámbito de las relaciones privadas entre ambas partes, no debiendo interferir en el cumplimiento de la normativa turística, la cual no autoriza a la Administración a responsabilizar también al arrendador de la industria, como pretende la expedientada, por los hechos infractores en que ésta ha incurrido como consecuencia del contenido de la mencionada cláusula décima del correspondiente contrato de arrendamiento celebrado entre ellos, ya que según el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, Son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas públicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta ley.
6º) Que examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados debe estimarse la responsabilidad administrativa de la misma, debiendo aclararse que el presente expediente se inició, no por el trato dispensado por la titular del establecimiento denominado Bar Oro denunciado por las reclamantes, sino por los hechos constatados en el acta de inspección nº 644, de 17 de julio de 1997, consistentes en estar funcionando en régimen de explotación turística como bar, sin haber obtenido la preceptiva documentación turística, estimándose que el conflicto existente entre el contenido de la cláusula décima del contrato de arrendamiento, suscrito entre la expedientada y el arrendador de la industria, y los requisitos exigidos para dar de alta el establecimiento en la Administración turística, debe resolverse en el ámbito de las relaciones privadas entre ambas partes, no debiendo interferir en el cumplimiento de la normativa turística, la cual no autoriza a la Administración a responsabilizar también al arrendador de la industria, como pretende la expedientada, por los hechos infractores en que ésta ha incurrido como consecuencia del contenido de la mencionada cláusula décima del correspondiente contrato de arrendamiento celebrado entre ellos, ya que según el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, Son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas públicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta ley.
El Instructor, con fecha 16 de enero de 1998 formuló propuesta de sanciones de multa en cuantía de 65.000 pesetas por el 1er hecho infractor, 65.000 pesetas por el 2º hecho infractor y 65.000 pesetas por el 3er hecho infractor.
7º) Que la expedientada no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 644, de 17 de julio de 1997, del que se desprende que el Bar Oro ha estado funcionando en régimen de explotación turística, sin tener Libro de Inspección, Hojas de Reclamaciones y sin haber notificado a la Administración turística canaria los precios que hayan de regir en la prestación de los servicios.
No conociendo circunstancias que varíen la responsabilidad administrativa de la expedientada por los hechos infractores imputados, se estima que debe mantenerse en todos sus términos la Propuesta de Resolución de 16 de enero de 1998, en la que ya se minoró las cuantías de las sanciones de multa propuesta, habiendo tenido en cuenta para ello la carencia de antecedentes y el inicio de los trámites necesarios para dar de alta el establecimiento ante la Administración turística.
Quinta.- Que los hechos recogidos en el expediente son constitutivos de infracción al artículo 30.1 de la Orden de 17 de marzo de 1965, modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en relación con el artículo 4º de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970; artículo 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias; artículo 20.1 de la misma Ley, con calificación de leve, leve y leve, respectivamente, con base al artículo 76.5, en relación con el artículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95); artículo 76.9, en relación con el artículo 77.7 de la citada Ley; y artículo 76.6 en relación con el artículo 77.7 de la misma Ley.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de sesenta y cinco mil (65.000) pesetas por el 1er hecho infractor, sesenta y cinco mil (65.000) pesetas por el 2º hecho infractor, sesenta y cinco mil (65.000) pesetas por el 3er hecho infractor, a Dña. Montserrat Calabria Amarillo, con N.I.F. 00419499 W, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Oro.- Santa Cruz de Tenerife, a 24 de junio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana. 2) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 142, nº 596.
Resolución de 22 de julio de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 97/145 instruido a D. Alfonso Vila Rosales, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Brisas del Mar.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Alfonso Vila Rosales, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 1 de octubre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Manuel Celso González Beltrán, y del acta de inspección nº 662, de 31 de julio de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 22 de mayo de 1997, se recibió en esta Consejería a través de la O.M.I.C. del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, reclamación formulada por D. Manuel Celso González Beltrán y la demanda ante la 151ª Comandancia de la Guardia Civil de Granadilla de Abona, por las malas condiciones en que se encontraba una mariscada que solicitaron los clientes en el Restaurante Brisas del Mar; al parecer las navajas estaban en mal estado dando fuerte olor, así como unos sargos que solicitaron a continuación que estaban en mal estado, por lo que solicitaron la documentación de la Administración turística, a lo que respondieron que carecían de la misma puesto que llevaban tres meses abierto.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 31 de julio de 1997 se personó en el establecimiento de referencia, sito en calle La Marina, 24, en Los Abrigos, término municipal de Granadilla de Abona, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 662 en la que esencialmente se hace constar que solicitada la documentación de la Administración turística no se presenta. La documentación manifiestan que se encuentra en la Gestoría por estar tramitando el cambio de titularidad, que tendría que ser demostrado en el plazo de cinco días en la Dirección General.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/145, nombrándose Instructor y Secretario. 4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha de 1 de octubre de 1997, por estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de restaurante.
5º) Que con fecha 20 de marzo de 1998 y habida cuenta que el expedientado no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de setecientas cincuenta mil (750.000) pesetas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia de la 151ª Comandancia de la Dirección General de la Guardia Civil de Granadilla; de la reclamación presentada por D. Manuel Celso González Beltrán y del acta de inspección nº 662, de 31 de julio de 1997, de lo que se desprende que el Restaurante Brisas del Mar, se encuentra abierto al público en general, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y del desempeño de la actividad turística reglamentaria.
No obstante lo anterior debe tenerse en cuenta a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa propuesta, la circunstancia de la carencia de antecedentes, no obrando constancia de haberse instruido expedientes sancionadores contra dicha empresa sobre la que haya recaído Resolución firme.
Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 6 de la Orden de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de restaurantes, con la calificación jurídica de leve, por la cuantía de la sanción al no tener antecedentes, tipificados en el artº. 75.1, en relación con el artº. 76.15, que convertía la infracción en grave, quedando definitivamente en leve. De acuerdo con el artº. 105, 1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el error de calificación de la sanción de muy grave, queda subsanado en grave, debido a la cuantía de la misma. En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de doscientas cincuenta mil (250.000) pesetas, a D. Alfonso Vila Rosales, con D.N.I./C.I.F. 22.897.164-K, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Brisas del Mar.- Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
3) Libro nº 1 de Resolución de la Viceconsejería de Turismo, folio 14, nº 50.
Resolución de 6 de julio de 1998, de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 97/166 instruido a Comunidad de Bienes La Sirena, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Mar.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a Comunidad de Bienes La Sirena, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 5 de noviembre de 1997, como consecuencia de la denuncia formulada por D. Carlos Gómez Peinado, y del acta de inspección nº 00721, de 30 de septiembre de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 4 de agosto de 1997, se recibió en esta Consejería denuncia formulada por D. Carlos Gómez Peinado ante la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife contra el establecimiento Cervecería Snack El Mar, sito en Playa de las Américas, en la que, en esencia, manifiesta que en dicho establecimiento falta una lista de precios a disposición del público y carece de Hojas de Reclamaciones o existe negativa a entregarlas, por lo que solicita la intervención de los Servicios de Inspección de esta Dirección General. Acompaña fotocopia de la factura expedida por dicho establecimiento.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 30 de septiembre de 1997 se personó en el establecimiento de referencia, sito en el Centro Comercial Torviscas, local 5-4, en Playa de las Américas, término municipal de Adeje, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 00721 en la que esencialmente se hace constar que solicitada la documentación de la Administración turística canaria a la persona que se encuentra al frente del establecimiento, previa exhibición al compareciente del documento acreditativo de la condición de Inspector de Turismo de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias, no se le facilita, aduciendo el Sr. González Chile que tiene órdenes de no facilitar a nadie documentos, libros, etc. del negocio de restauración.
En el momento de levantar el acta, el establecimiento se encuentra abierto al público, funcionando con normalidad.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 97/166, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 5 de noviembre de 1997, por La negativa a la actuación de la inspección turística, legando a impedir la comprobación de los hechos denunciados por D. Carlos Gómez Peinado ante la Unión de Consumidores de Santa Cruz de Tenerife.
5º) Que la expedientada no ha realizado contestación a los cargos que se le imputan.
6º) Que con fecha 11 de febrero de 1998 y habida cuenta que la expedientada no efectuó alegación alguna a la Resolución de iniciación del procedimiento y a los cargos imputados, fue ratificada como Propuesta de Resolución, con una multa en cuantía de seiscientas veinticinco mil (625.000) pesetas.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución. Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por D. Carlos Gómez Peinado y al contenido del acta de inspección nº 00721 de 30 de septiembre de 1997, de lo que se desprende que en el Restaurante El Mar se impidió que el Servicio de Inspección de Turismo realizara sus funciones para poder comprobar los hechos denunciados por el citado reclamante, y no habiéndose formulado alegaciones ni aportado pruebas por la Comunidad expedientada que desvirtúen el hecho infractor imputado, se estima que debe mantenerse la Propuesta de Resolución de fecha 11 de febrero de 1998, salvo en lo que respecta a la cuantía de la sanción de multa que debe minorarse en atención a la carencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes.
Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 38.2 y 40.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo, con calificación de grave, en base al artículo 75.6 en relación con el artº. 76.18, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 10.j) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de doscientas cincuenta y una mil (251.000) pesetas, a la Comunidad de Bienes La Sirena, con C.I.F. nº E-38.083.692, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante El Mar.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de julio de 1998.- El Viceconsejero de Turismo, Juan Carlos Becerra Robayna.
4) Libro nº 2 de Resolución de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, folio 145, nº 662.
Resolución de 4 de agosto de 1998, de la Dirección General de Ordenación e Infraestructura Turística, recaída en el expediente sancionador nº 98/006 instruido a D. Willian Vicent Lauwers, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Casa Kevin.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido a D. Willian Vicent Lauwers, por Resolución de iniciación del Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de 9 de febrero de 1998, como consecuencia de la denuncia formulada por la 151ª Comandancia de la Guardia Civil, y del acta de inspección nº 00878, de 14 de noviembre de 1997.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Que con fecha 3 de octubre de 1997, se recibió en esta Consejería Acta extendida por la 4ª Compañía de la 151ª Comandancia de la Guardia Civil al establecimiento de cafetería denominado Casa Kevin, sito en Los Gigantes, Puerto Santiago, en la que se constata que en dicho establecimiento no se observa cartel anunciador de que existen Hojas de Reclamaciones a disposición de clientes o usuarios y que no posee Hojas de Reclamaciones.
2º) Que para comprobar los hechos denunciados, el 14 de noviembre de 1997 se personó en el establecimiento de referencia, sito en Poblado Marinero en Los Gigantes, término municipal de Santiago del Teide, el Servicio de Inspección de esta Dirección General, levantando al efecto el acta nº 00878 en la que esencialmente se hace constar que solicitada en dicho establecimiento la documentación de la Administración turística competente, presente fotocopia de la solicitud de apertura y clasificación con entrada en el Excmo. Cabildo Insular el 25 de septiembre de 1997.
Se realizó Informe Técnico el 10 de octubre de 1997; estando pendiente de recogerse la documentación en el Servicio de Turismo y Paisaje del Excmo. Cabildo.
3º) Que se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 98/006, nombrándose Instructor y Secretario.
4º) Que por el Instructor del expediente se formularon los cargos, con fecha 9 de febrero de 1998, por 1º) No tener a disposición de los clientes las Hojas de Reclamaciones. 2º) No anunciar la existencia de las Hojas de Reclamaciones en la forma exigida reglamentariamente. 5º) Que el expedientado ha realizado contestación a los cargos que se le imputan, en la que en síntesis alega: que está de acuerdo con la calificación de la infracción, pero no con la cuantía de la sanción considerándola excesiva dado que la actividad se había iniciado recientemente, con la lógica acumulación de trámites administrativos para regularizar la situación de la empresa, lo que provoca una situación de despiste, pero sin ánimo de cometer infracción alguna por su parte.
Que no ha existido reincidencia porque no ha poseído empresa alguna en España, siendo el perjuicio causado prácticamente nulo, sin trascendencia social importante y sin intencionalidad especulativa alguna.
Que su labor de aportación a la imagen turística se completa con publicaciones tanto en Tenerife como en Bélgica, en distintos medios de prensa escrita, promoviendo la imagen de Canarias en el exterior.
Que en base a las circunstancias recogidas en el artículo 79 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, considera que es de justicia solicitar que se modifique la propuesta de sanción y sea la de apercibimiento en lugar de multa y de no ser considerada esta solicitud, que la cifra de la sanción sea sensiblemente inferior a lo propuesto.
6º) Que examinadas las razones esgrimidas por el expedientado y los documentos aportados, se considera que debe estimarse su responsabilidad administrativa por los hechos infractores imputados, pudiendo apreciarse sólo en parte la alegación formulada por el mismo respecto a que dichas infracciones podrían haber sido sancionadas sólo con apercibimiento, ya que únicamente cabe esta posibilidad en el caso de la infracción relativa a No anunciar la existencia de las Hojas de Reclamaciones en la forma exigida reglamentariamente, al tratarse de una infracción calificada originariamente como leve en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias; lo que no ocurre con la primera infracción imputada consistente en no tener a disposición de los clientes las Hojas de Reclamaciones, ya que conforme al artículo 79.1 de la citada Ley El apercibimiento procederá en los supuestos de infracciones leves, cuando no existe reincidencia y no se estime conveniente la imposición de multa, y en este caso la mencionada infracción es calificada en dicha Ley como grave, habiéndose modificado a leve, al tenerse en cuenta para ello una serie de circunstancias previstas en la misma Ley, tales como la modalidad del establecimiento, la trascendencia social, la intencionalidad especulativa, el lucro ilícito obtenido y la repercusión sobre la imagen turística de Canarias.
No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de considerar las cuantías de las sanciones de multas inicialmente propuestas, debe tenerse en cuenta la circunstancia alegada por el expedientado de no haber reincidido en infracciones en materia turística, según resulta de la consulta efectuada a los archivos correspondientes.
El Instructor, con fecha de 15 de junio de 1998, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de setenta y dos mil (72.000) pesetas por el 1er hecho infractor y sanción de apercibimiento por el 2º hecho infractor.
7º) Que el expedientado no ha formulado contestación a la Propuesta de Resolución. II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Que las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), y de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95).
Segunda.- Que en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Que las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- Que debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base a la denuncia formulada por la 151ª Comandancia de la Guardia Civil y al contenido del acta de inspección nº 00878, de 14 de noviembre de 1997, de lo que se desprende que la Cafetería Casa Kevin ha estado funcionando en régimen de explotación turística, sin tener a disposición de los clientes las Hojas de Reclamaciones y sin anunciar su existencia en la forma exigida reglamentariamente y, no habiéndose formulado alegaciones ni aportado pruebas nuevas por el expedientado, se estima que debe mantenerse en todos sus términos la Propuesta de Resolución formulada el 15 de junio de 1998 en la que ya se redujeron las sanciones inicialmente propuestas, teniéndose en cuenta para ello la carencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes.
Quinta.- Que el hecho recogido en el expediente es constitutivo de infracción al artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), y artº. 20.2 de la misma Ley, con calificaciones de leves, en base al artículo 76.6 y 77.1 respectivamente de la citada Ley. En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias (B.O.J.C. nº 17, de 28.9.82), y el artículo 11.p) del Decreto 281/1995, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo y Transportes (B.O.C. nº 128, de 4.10.95), que viene a sustituir al Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Turismo, como consecuencia de la reestructuración de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, según Decreto 187/1995, de 20 de julio (B.O.C. nº 93, de 21.7.95),
R E S U E L V O:
Imponer la sanción de multa de setenta y dos mil (72.000) pesetas por el 1er hecho infractor y sanción de apercibimiento por el 2º hecho infractor, a D. Willian Vicent Lauwers, con N.I.E. X-1861697-P, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería Casa Kevin.- Santa Cruz de Tenerife, a 4 de agosto de 1998.- El Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, Francisco Montesdeoca Santana.
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