Habiendo sido intentada la notificación de la Providencia y Pliego de Cargos en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 143/98, incoado por la Viceconsejería de Administración Pública a C.U.M.I.C.A. (Organización Minusválidos Canarios), por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación.
PROVIDENCIA
En virtud del acta levantada por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, de fecha 24 de julio de 1998, se puso en conocimiento que la entidad denominada Organización Minusválidos Canarios (C.U.M.I.C.A.), con C.I.F. G-38413019, y domicilio social en Santa Cruz de Tenerife, calle Rafael Hardisson, 4 (semiesquina San Sebastián), organiza y gestiona la venta del denominado Cupón del Minusválido Canario, al precio de cien pesetas por unidad, de lunes a viernes, realizándose el sorteo de dichos cupones de lunes a viernes acogiéndose al sorteo diario realizado por la Organización Nacional de Ciegos (O.N.C.E.), ofreciendo premios que oscilan entre tres millones de pesetas y cien pesetas, según boleto que se acompaña a la referida acta, todo ello, careciendo de la preceptiva autorización administrativa.
Y deduciéndose de lo anterior posible infracción a la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias, iníciese expediente sancionador a la entidad denominada Organización Minusválidos Canarios (C.U.M.I.C.A.), de acuerdo con el procedimiento previsto en el artº. 7.2 de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar, en relación con la Disposición Transitoria Primera de la Ley 6/1985 referida, nombrando Instructora del expediente a Dña. Aurora La Serna Ramos, funcionaria adscrita a la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, siendo el régimen de recusación el previsto en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 23 de la reiterada Ley 6/1985, de 30 de diciembre, se ordena como medida cautelar, el precinto y depósito en estas dependencias a fin de garantizar su custodia y conservación, de todo el material afectado en la comisión de la presunta infracción que se encuentre en el domicilio social de la referida entidad, todo ello para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales por tratarse de una actividad de las reputadas como clandestinas..- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de septiembre de 1998.- El Viceconsejero de Administración Pública, Tomás Van de Walle de Sotomayor.
En el expediente sancionador incoado mediante Providencia del Viceconsejero de Administración Pública de fecha 9 de septiembre de 1998, por presunta infracción a la normativa sobre el juego, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 7.2.a) de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar, se formula el siguiente
PLIEGO DE CARGOS
1º) En virtud del acta de infracción de fecha 24 de julio de 1998, levantada por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Consejería, en la calle Castillo, esquina José Murphy de Santa Cruz de Tenerife, ante la vendedora Dña. Máxima Miranda González, con D.N.I. nº 41.876.955-G, se puso en conocimiento que la entidad denominada Organización Minusválidos Canarios (C.U.M.I.C.A.), con C.I.F. G-38413019, y domicilio social en Santa Cruz de Tenerife, calle Rafael Hardisson, 4 (semiesquina San Sebastián), organiza y gestiona la venta del denominado Cupón del Minusválido Canario, al precio de cien pesetas por unidad, de lunes a viernes, realizándose el sorteo de dichos cupones de lunes a viernes acogiéndose al sorteo diario realizado por la Organización Nacional de Ciegos (O.N.C.E.), ofreciendo premios que oscilan entre tres millones de pesetas y cien pesetas, según boleto que se acompaña a la referida acta, todo ello, careciendo de la preceptiva autorización administrativa.
2º) Consultados los datos obrantes en la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, se comprueba que la citada Asociación ha sido sancionada con anterioridad en dos ocasiones por los mismos hechos, en virtud de los expedientes sancionadores números 72/96 y 156/97, con multas de tres y cinco millones de pesetas respectivamente, así como la devolución del importe de los beneficios ilícitamente obtenidos a la Administración y el decomiso y, cuando la sanción sea firme, la destrucción de los materiales con que se haya cometido la infracción.
3º) Los hechos descritos suponen infracción al artº. 5 de la Ley 6/1985, de 30 de diciembre, reguladora de los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 158, de 31.12.85), por el que: queda prohibida la práctica de todos los juegos que no estén permitidos por esta Ley, o la de aquellos que, aun estando permitidos, se realicen sin la correspondiente autorización o en forma, lugar o por personas diferentes de las especificadas en esta Ley, en relación con el artº. 16 del Decreto 56/1986, de 4 de abril, por el que se planifican los juegos y apuestas en Canarias (B.O.C. nº 56, de 14.5.86); el artículo 4 del Decreto 57/1986, de 4 de abril, por el que se aprueba el Catálogo de Juegos y Apuestas autorizados en Canarias (B.O.C. nº 42, de 11.4.86), y los artículos 2 y 7 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se regula el juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 123, de 13.10.86).
4º) De conformidad con lo previsto en el artº. 21.2.1.a) de la citada Ley 6/1985, de 30 de diciembre, en relación con el artículo 25.2.a) del también citado Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, la infracción debe calificarse muy grave, esto es,: la gestión o explotación de un juego sin contar con las autorizaciones exigidas por esta Ley, procediendo sancionar con multa de un millón hasta diez millones de pesetas, así como las sanciones adicionales previstas de conformidad con lo dispuesto en el artº. 22 y siguientes de la referida Ley 6/1985, de 30 de diciembre, en relación con lo dispuesto en el artº. 25.5 del también referido Decreto 138/1986, de 29 de septiembre. De acuerdo con lo establecido en el artº. 7.2.b) de la Ley 34/1987, de 26 de diciembre, de potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de juegos de suerte, envite o azar (B.O.C. nº 312, de 30.12.87), se le concede un plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio, para que presente en su descargo las alegaciones que tuviera por conveniente a la defensa de su derecho, y en el que podrá solicitar el recibimiento a prueba del expediente, expresando los puntos de hecho sobre lo que ha de versar y articulando la prueba de que intenta valerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de septiembre de 1998.- La Instructora del expediente, Aurora La Serna Ramos.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de octubre de 1998.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan José Rodríguez y Rodríguez.
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