Siendo ignorado el paradero de D. Lisardo Fernández Silva, a efectos de la notificación de la Resolución recaída en el expediente de desahucio administrativo nº 91/92, incoado por infracción de la reglamentación vigente en materia de viviendas de protección oficial con el fin de que se formulen las alegaciones pertinentes y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General de Vivienda, R E S U E L V E:
Notificar a D. Lisardo Fernández Silva la Resolución de fecha 23 de octubre de 1998, recaída en el expediente de desahucio administrativo que le ha sido instruido y cuya parte dispositiva dice textualmente: Resolver la adjudicación de la vivienda de protección oficial de promoción pública sita en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, Grupo 70 Viviendas de Añaza, portal 4, piso bajo B, otorgada a favor de D. Lisardo Fernández Silva, requiriendo al mismo para que en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, desaloje la vivienda con apercibimiento de proceder en caso contrario al lanzamiento de cuantas personas, muebles y enseres se encontrasen en la misma.
El lanzamiento será ejecutado por esta Dirección General de Vivienda, que designará las personas que hubieran de llevarlo a efecto, para lo cual se recabará la preceptiva autorización judicial y el auxilio, en su caso, de las Fuerzas de Orden Público.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer en el plazo de un mes a contar desde su publicación, recurso ordinario ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Infraestructuras, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), del Gobierno de Canarias, y el artículo 2 del Decreto 161/1996, de 4 de julio (B.O.C. nº 84, de 12.7.96), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de noviembre de 1998.- El Director General de Vivienda, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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